La Política Ambiental
En lo que promete ser una jornada de altísima convocatoria en el centro porteño y en las principales capitales del país, las universidades nacionales encabezan hoy una nueva Marcha Federal Universitaria. La movilización reúne a rectores, docentes, nodocentes y centros de estudiantes para exigir el cumplimiento de la norma, el envío de las partidas necesarias para garantizar el funcionamiento académico, la restitución de las becas estudiantiles y la recomposición de los salarios.
La marcha se da en un punto de máxima tensión institucional: la decisión del Poder Ejecutivo de desconocer la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso —y ratificada legislativamente tras el veto presidencial— derivó en un conflicto abierto con el Poder Judicial. Sin embargo, la protesta excede el reclamo presupuestario. Las organizaciones convocantes sumaron la exigencia de que la Cámara de Diputados rechace de forma definitiva el DNU 70/2023, frenando las maniobras oficialistas para paralizar las sesiones en el recinto.
Para entender por qué las universidades salen a la calle hoy, hay que repasar el recorrido legislativo y judicial que el Gobierno decidió ignorar sistemáticamente:
La ley aprobada y ratificada por el Congreso: El Parlamento sancionó la Ley de Financiamiento Universitario para recomponer salarios castigados por la inflación y actualizar las becas. Cuando el Presidente intentó vetarla, el Congreso volvió a reunir las mayorías para ratificar la norma, convirtiéndola en ley vigente.
La desobediencia vía decreto: Pese a la ratificación parlamentaria, el Ejecutivo emitió disposiciones para suspender su aplicación, condicionándola a presupuestos futuros y negándose a girar las partidas para los sueldos docentes.
El freno de la Justicia y el fallo ratificado: Las universidades interpusieron acciones judiciales y el juez federal Martín Cormick (titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11) dictó una medida cautelar ordenando la recomposición salarial y la actualización de becas, una resolución que fue respaldada y confirmada por la propia Corte Suprema de Justicia.
La multa diaria por incumplimiento: Tras meses de intimaciones vencidas, informes insuficientes presentados por la Casa Rosada y la negativa explícita a girar los fondos, el juez Cormick declaró verificado el incumplimiento del Ejecutivo e impuso una multa diaria de $100.000 (astreintes) al titular de la Jefatura de Gabinete. A pesar de las sanciones económicas que se acumulan por cada día de demora, la Casa Rosada anunció que volverá a apelar para congelar los pagos.
La jornada de protesta se desplegará en la Ciudad de Buenos Aires con un esquema de movilización que afectará el tránsito en el centro porteño desde las primeras horas de la tarde:
14:00 hs — Concentración en la Plaza de los Dos Congresos: Agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes (FEDUN, CONADU, CTERA) y gremios nodocentes (FATUN) comenzarán la concentración frente a la sede parlamentaria.
15:00 hs — Columnas desde las facultades: Estudiantes y docentes de las distintas unidades académicas de la UBA (Filosofía y Letras, Medicina, Derecho, Exactas, Sociales y Arquitectura) junto a delegaciones de las universidades del conurbano bonaerense marcharán por las avenidas Callao, Rivadavia y de Mayo hacia la plaza.
17:00 hs — Acto central y lectura de documento: Representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), federaciones estudiantiles y gremios realizarán el cierre formal del acto frente al Congreso, donde leerán un manifiesto conjunto en defensa de la educación pública, la ciencia nacional y el respeto a la división de poderes.
En los discursos y documentos que se compartirán durante la movilización, distintos sectores ambientales y sociales hacen hincapié en una advertencia clave frente a la coyuntura legislativa: la derogación del DNU 70/2023 ya no basta para proteger la tierra y los bienes naturales del país.
Aunque el rechazo del DNU 70 restituiría formalmente el texto original de la Ley de Tierras (Ley 26.737) aprobada por el Congreso en 2011, la protección sobre el territorio nacional sigue totalmente jaqueada por los Decretos 366/2025 y 524/2025.
A través de estos decretos redactados por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía mantiene vigente el "Programa de Ciudadanía por Inversión". Este esquema permite a cualquier multimillonario o fondo de inversión extranjero comprar el pasaporte argentino con un aporte de USD 350.000, obteniendo la nacionalidad de forma expedita mediante un trámite administrativo.
Esta maniobra crea una vía paralela de acceso al suelo que deja sin efecto los controles ambientales y territoriales:
Estatus de "argentino naturalizado": Al adquirir la ciudadanía argentina, el inversionista extranjero deja de registrarse como comprador internacional ante el Registro Nacional de Tierras Rurales.
Elusión de límites legales: Al figurar como argentino en los papeles, no se le aplican los topes del 15% de extranjerización ni el límite de 1.000 hectáreas en zonas agrícolas de alta productividad.
Acceso libre a recursos hídricos y zonas de frontera: El comprador queda habilitado para adquirir campos con nacientes de ríos, lagos, glaciares o zonas fronterizas sin las prohibiciones explícitas que rigen para las personas físicas o jurídicas extranjeras.
La coincidencia de la marcha universitaria con la discusión parlamentaria sobre el DNU 70/2023 y las sanciones de la Justicia pone de manifiesto que el conflicto social excede la discusión presupuestaria. Desde los frentes estudiantiles, gremiales y ambientales sostienen que el desfinanciamiento de las aulas y el desacato a la ley van de la mano con la entrega de los bienes comunes y la soberanía territorial.
Por esta razón, la jornada de hoy no solo busca presionar al Congreso para que avance en el rechazo del DNU 70/2023 y obligue al Gobierno a cumplir con los fallos judiciales, sino también instalar la necesidad urgente de que el Poder Legislativo o la Justicia declaren la inconstitucionalidad y anulación de los Decretos 366/2025 y 524/2025. Sin la derogación de los decretos que comercializan la ciudadanía, cualquier intento de preservar la Ley de Tierras terminará siendo neutralizado por la vía de la nacionalización exprés al servicio del capital financiero internacional.
