CABA: Paro total en el subte tras la detención de metrodelegados y fuertes críticas por criminalizar la protesta

Las seis líneas del subte y el Premetro de la Ciudad de Buenos Aires quedaron paralizados este martes 20 de octubre luego de que la Policía porteña detuviera a trabajadores y dirigentes sindicales durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, en Villa Urquiza. Las detenciones desataron un amplio rechazo de dirigentes políticos y organizaciones sindicales, que reclamaron la liberación inmediata de los trabajadores y denunciaron un ataque al derecho a la protesta.

La medida de fuerza fue dispuesta por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en respuesta al operativo policial. El conflicto se originó durante una protesta que incluía el levantamiento de molinetes y la apertura de puertas de emergencia, en rechazo a una sanción laboral aplicada a un trabajador por la empresa concesionaria Emova.

Detuvieron a trabajadores durante una protesta gremial

El operativo se desarrolló en la estación Juan Manuel de Rosas, donde los trabajadores realizaban una medida de fuerza. La Policía de la Ciudad detuvo a Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, referente sindical de la línea B. También se informó posteriormente sobre la detención de Néstor Segovia, dirigente de los metrodelegados.

Las detenciones se realizaron a pedido de la Unidad de Flagrancia Norte, según fuentes policiales citadas por medios periodísticos. La intervención se produjo mientras los trabajadores reclamaban contra una sanción laboral que consideraban injusta y cuestionaban la presencia de personal tercerizado en tareas que, según el sindicato, corresponden a empleados del subte.

Videos difundidos durante la jornada mostraron forcejeos entre los efectivos y los trabajadores, mientras otros empleados reclamaban que dejaran de detener a sus compañeros.

La respuesta gremial fue inmediata: la AGTSyP dispuso un paro total de la red hasta que los detenidos fueran liberados. La medida alcanzó a las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro.

Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo repudiaron las detenciones

Las detenciones provocaron el rechazo de dirigentes del Frente de Izquierda, que denunciaron una vulneración de los derechos constitucionales de los trabajadores.

La diputada nacional Myriam Bregman reclamó la liberación inmediata de los metrodelegados. Nicolás del Caño sostuvo que los trabajadores habían sido detenidos mientras ejercían su derecho a protestar y cuestionó que se recurriera a la intervención policial en medio de un conflicto gremial.

Christian Castillo también exigió la liberación de los dirigentes y denunció una persecución contra quienes defienden los derechos laborales. Los legisladores apuntaron contra el Gobierno porteño, la Policía de la Ciudad y la intervención judicial que derivó en los arrestos.

La discusión excede el funcionamiento del transporte. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce el derecho de huelga y la organización sindical. Por eso, el uso de la fuerza policial y las detenciones durante una protesta laboral plantean interrogantes sobre la proporcionalidad de la respuesta estatal y las garantías para ejercer esos derechos.

Ademys, ATE Capital y trabajadores del Garrahan se sumaron al reclamo

El repudio también se extendió a organizaciones sindicales de distintos sectores. El sindicato docente Ademys expresó su solidaridad con los metrodelegados y denunció un avance contra la organización de los trabajadores.

ATE Capital y trabajadores del Hospital Garrahan también reclamaron la liberación de los detenidos. Las organizaciones cuestionaron el accionar policial y advirtieron sobre el peligro de que las detenciones se conviertan en una herramienta para disciplinar a quienes protagonizan protestas laborales.

Los pronunciamientos ampliaron el conflicto más allá del ámbito del subte y sumaron presión sobre la administración de Jorge Macri. El reclamo común fue que se garantice la libertad de los trabajadores y se respete el derecho a organizarse sindicalmente.

Jorge Macri respaldó el operativo policial

Lejos de contribuir a descomprimir la situación, el jefe de Gobierno porteño respaldó las detenciones y endureció su discurso contra la protesta gremial.

“El que bloquea un servicio esencial va preso”, afirmó Jorge Macri en un mensaje difundido durante la jornada. El mandatario también sostuvo que su gestión no aceptaría lo que calificó como “extorsiones mafiosas” y defendió el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Sus declaraciones profundizaron el enfrentamiento con los metrodelegados. Mientras el Gobierno puso el foco en la interrupción del transporte y en el perjuicio para los usuarios, los trabajadores y las organizaciones que los respaldaron cuestionaron que una protesta laboral terminara con sus representantes detenidos.

La intervención judicial también quedó bajo cuestionamiento por parte de los dirigentes que reclamaron la liberación de los trabajadores. Nicolás del Caño señaló a la fiscal Celsa Ramírez por el pedido de detención y sostuvo que los arrestos se produjeron en el marco de una protesta sindical.

El Gobierno porteño defendió el accionar policial, pero esa posición no elimina la necesidad de examinar los fundamentos de las detenciones ni su proporcionalidad frente al conflicto que se estaba desarrollando.

El Gobierno porteño y la Policía, responsables de la escalada del conflicto

La paralización de las seis líneas del subte y el Premetro fue la consecuencia de un conflicto que escaló tras la detención de trabajadores y dirigentes sindicales durante una protesta gremial. La medida de fuerza fue una respuesta legítima frente a un hecho inaceptable: la intervención de la Policía de la Ciudad contra trabajadores que reclamaban por sus derechos y la detención de sus compañeros.

La interrupción del servicio afectó a miles de pasajeros, pero atribuir toda la responsabilidad a los trabajadores implica ignorar qué desencadenó la medida. El sindicato reclamó la liberación de los detenidos y utilizó la herramienta de protesta que tenía a su alcance para exigir una respuesta. En ese contexto, la decisión de paralizar la red no puede analizarse por separado del operativo policial que provocó la escalada.

El Gobierno de Jorge Macri eligió respaldar las detenciones y cuestionar la protesta, en lugar de contribuir a descomprimir el conflicto. La responsabilidad política por sus consecuencias también debe discutirse desde ese lugar: si la intervención policial no hubiera terminado con trabajadores detenidos, la paralización general podría no haberse producido.

Los pasajeros padecieron las consecuencias de la interrupción, pero los trabajadores no son los únicos actores con capacidad de decisión en este conflicto. La normalización del servicio exige resolver el problema que originó la protesta, garantizar los derechos sindicales y evitar que la respuesta estatal convierta un reclamo laboral en una confrontación de mayor alcance.