Albania: la privatización de tierras y costas protegidas para un megaproyecto vinculado a los Trump desata una rebelión

Albania atraviesa una crisis política y ambiental que tiene como epicentro la disputa por el control de sus tierras y bienes naturales. Un megaproyecto turístico de lujo vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump despertó una fuerte resistencia social ante la posibilidad de transformar extensas áreas costeras y ecosistemas protegidos en complejos inmobiliarios exclusivos.

El conflicto comenzó con las denuncias de organizaciones ambientalistas y habitantes de la región de Vjosa-Narta, sobre el mar Adriático, pero terminó convirtiéndose en una movilización nacional contra el gobierno de Edi Rama.

El desarrollo inmobiliario está vinculado a Jared Kushner, yerno de Donald Trump y esposo de Ivanka Trump. Los planes contemplan hoteles de lujo, residencias privadas, villas y espacios destinados a embarcaciones turísticas, con inversiones anunciadas que alcanzan cifras multimillonarias.

Sin embargo, detrás de las promesas de crecimiento económico aparece una discusión mucho más profunda: quién controla el territorio, cómo se transfieren las tierras y qué ocurre cuando los intereses inmobiliarios avanzan sobre espacios de importancia ecológica.

Tierras en disputa y negocios inmobiliarios

Uno de los puntos más conflictivos se encuentra en Zvërnec, una localidad costera próxima a la laguna de Narta.

Allí, familias que habitan la región desde hace generaciones denunciaron que terrenos sobre los cuales reclaman derechos de propiedad fueron vendidos a inversores privados sin su consentimiento.

Según una investigación de Reuters publicada en junio de 2026, vecinos exhibieron escrituras, registros fiscales y otros documentos para respaldar sus reclamos.

La controversia tiene antecedentes históricos. Durante el régimen comunista albanés, numerosas propiedades fueron confiscadas por el Estado. Tras la caída de ese sistema comenzaron procedimientos de restitución que, en muchos casos, derivaron en conflictos judiciales todavía pendientes.

Actualmente, parte de esos terrenos integra el área prevista para el emprendimiento turístico vinculado a Kushner.

El gobierno sostiene que las operaciones inmobiliarias fueron realizadas con titulares registrados legalmente. Los pobladores afectados, en cambio, cuestionan la legitimidad de esas ventas y reclaman el reconocimiento de sus derechos.

La disputa expone el problema central del conflicto: tierras cuya titularidad continúa siendo discutida terminaron incorporadas a un negocio inmobiliario internacional.

La modificación de las leyes ambientales abrió la puerta a los megaproyectos

La controversia no se limita a la propiedad de los terrenos.

En 2024, Albania modificó su legislación de áreas protegidas, flexibilizando las condiciones para desarrollar infraestructura turística dentro de determinados territorios ambientalmente sensibles.

Estas reformas, junto con el régimen de inversiones estratégicas, facilitaron la tramitación de proyectos privados de gran escala.

Uno de los espacios involucrados es el paisaje protegido de Vjosa-Narta, considerado fundamental para la biodiversidad del Mediterráneo y especialmente importante para numerosas especies de aves migratorias, entre ellas los flamencos.

Las organizaciones ambientalistas denuncian que las intervenciones preliminares destruyeron sectores de dunas y vegetación natural, mientras que los desarrolladores sostienen que sus proyectos cumplirán estándares de conservación.

En junio de 2026, el Parlamento Europeo reclamó una moratoria sobre nuevos permisos, construcciones e intervenciones en áreas protegidas y pidió revisar las modificaciones legislativas que debilitaron su protección.

Una isla estatal y el avance de las inversiones privadas

Otro de los proyectos se encuentra en la isla de Sazán, una antigua instalación militar situada frente a las costas albanesas.

En enero de 2025, el gobierno aprobó la condición de inversor estratégico para una empresa vinculada a Kushner, correspondiente a un desarrollo turístico de aproximadamente 45 hectáreas y una inversión prevista de 1.400 millones de euros.

A diferencia de las tierras de Zvërnec, cuya propiedad está judicialmente disputada, la isla de Sazán pertenece al Estado albanés.

El gobierno aseguró en junio de 2026 que no había dispuesto su venta y que negociaba una participación estatal en el proyecto. Por lo tanto, no está acreditado que la isla haya sido privatizada mediante una transferencia definitiva de dominio.

La cuestión de fondo, sin embargo, continúa vigente: el destino de espacios naturales de titularidad pública y las condiciones bajo las cuales podrán ser explotados comercialmente.

La Revolución de los Flamencos: de la defensa de la tierra a la rebelión social

Las protestas comenzaron a fines de mayo de 2026 bajo el nombre de Revolución de los Flamencos, en referencia a las aves que habitan los humedales amenazados.

Durante meses, los manifestantes denunciaron el avance inmobiliario sobre tierras y ambientes naturales y cuestionaron las decisiones del gobierno.

En octubre, las movilizaciones adquirieron una dimensión nacional.

Miles de estudiantes secundarios y universitarios salieron a las calles de Tirana y otras ciudades para reclamar mejoras educativas, oportunidades laborales, transparencia institucional y la renuncia del primer ministro Edi Rama.

Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes. También se registraron ataques contra edificios, incendios y daños materiales durante distintas jornadas de protesta.

De esta manera, una discusión inicialmente centrada en la protección de los humedales terminó articulándose con un descontento más amplio por las condiciones económicas, la corrupción denunciada y el futuro de las nuevas generaciones.

¿Desarrollo económico o pérdida del control territorial?

El gobierno de Edi Rama defiende los proyectos turísticos como una oportunidad para atraer inversiones internacionales, generar empleo y fortalecer la economía.

Los desarrolladores también aseguran que incorporarán medidas ambientales y que los emprendimientos permitirán mejorar la infraestructura de las regiones involucradas.

Las organizaciones ambientalistas y sectores de la población cuestionan, en cambio, que el crecimiento económico justifique modificar los niveles de protección de ecosistemas sensibles o avanzar sobre terrenos cuyos derechos de propiedad siguen siendo objeto de controversias judiciales.

Hasta el momento, las disputas sobre la titularidad de la tierra no permiten atribuir responsabilidad penal a Kushner o Ivanka Trump. No obstante, las investigaciones y los reclamos sociales mantienen abierto el debate sobre la transparencia de las operaciones inmobiliarias.

El conflicto adquiere especial relevancia porque Albania se encuentra en proceso de incorporación a la Unión Europea, que exige garantías en materia de protección ambiental, seguridad jurídica y participación ciudadana.

Lo que sucede en Albania muestra cómo las inversiones inmobiliarias internacionales pueden desencadenar conflictos ambientales, territoriales y políticos cuando avanzan sobre bienes naturales protegidos y tierras cuya propiedad está en discusión.

La pregunta que atraviesa las protestas ya no se limita a la construcción de hoteles de lujo: también alcanza al modelo de desarrollo del país y a quiénes tendrán acceso y control sobre sus costas y territorios en las próximas décadas.