ONGs rechazan la modificación de la ley de Glaciares

Un documento difundido a comienzos de diciembre reunió a más de 25 organizaciones ambientales, científicas y sociales de todo el país para expresar su tajante rechazo al proyecto de “adecuación” de la Ley de Glaciares. Subrayan que la norma —sancionada en 2010— constituye un hito de política ambiental, diseñada para preservar reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas de montaña, biodiversidad y cuencas hidrográficas. 

 ¿Qué proponen cambiar?
Según versiones oficiales, la reforma permitiría que cada provincia defina las zonas periglaciares donde se habilitaría la actividad minera, eliminando la prohibición absoluta vigente a la exploración y explotación minera, hidrocarburífera y de infraestructura en glaciares y zonas de montaña. 

Las modificaciones implicarían una redefinición de criterios técnicos, abriendo la puerta para que grandes proyectos mineros —especialmente de cobre, litio y otros minerales estratégicos— accedan a territorios congelados y frágiles. 

¿Por qué reconocen las organizaciones que la ley debe mantenerse intacta?
Porque los glaciares y los ambientes periglaciales cumplen funciones esenciales: almacenar y regular agua dulce, alimentar cuencas, sostener humedales de altura, sostener biodiversidad, mantener climas regionales. Alterar su estado natural pone en riesgo recursos hídricos vitales para vastas regiones, muchas de ellas áridas. 

La ley representa un mecanismo de prevención ante los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. Debilitarla significaría retroceder en compromisos nacionales e internacionales de sustentabilidad. 

Las organizaciones alertan que permitir minería e hidrocarburos en zonas protegidas podría provocar contaminación irreversible, pérdida de soberanía hídrica y degradación ambiental, con impactos sociales irreparables, especialmente en comunidades locales, pueblos originarios y ecosistemas frágiles. Argentina Forestal+2Medios UNNE+2
Movilización popular: la defensa ciudadana del agua y la montaña
La polémica no se quedó en declaraciones técnicas. Este 4 y 5 de diciembre se realizaron movilizaciones en decenas de ciudades del país. Hubo actos, marchas, lecturas públicas de la ley, pancartas con consignas como “Los glaciares no se tocan” y radios abiertas —desde las grandes urbes hasta localidades cordilleranas como El Calafate y El Chaltén. 

El mensaje fue contundente: agua sí, megaminería no. La movilización resume la creciente preocupación social frente a un proyecto que podría abrir la puerta a un modelo extractivista de alto impacto ambiental. Noticias Ambientales+2Elextremo Sur+2

¿Qué está en juego? Agua, clima y futuro colectivo
Modificar la Ley de Glaciares no implica un cambio menor: pone en riesgo la seguridad hídrica de regiones enteras, la conservación de ecosistemas únicos, la biodiversidad andina, y el patrimonio natural de generaciones futuras. La decisión legislativa que se tome marcará si Argentina prioriza el desarrollo sustentable y la protección de bienes comunes, o acuerda con intereses extractivos que podrían hipotecar agua, naturaleza y clima.

La batalla va más allá de definiciones técnicas: interroga qué modelo de país se elige. Si la alternativa es un proyecto de saqueo y explotación —como denuncian organizaciones y comunidades—, el costo será colectivo. Si, por el contrario, se sostiene la protección ambiental como política de Estado, la Ley de Glaciares seguirá siendo un bastión clave para defender el agua, la montaña y la vida.