Mañana se realizarán concentraciones en más de treinta puntos de Argentina bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”, convocadas por organizaciones socioambientales, asambleas territoriales y colectivos ciudadanos. Las actividades incluyen asambleas, volanteadas, semaforeos, festivales y abrazos simbólicos a los glaciares, con el foco puesto en la defensa de la norma que protege las fuentes de agua dulce del país, en plena temporada de sesiones extraordinarias del Congreso impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Un llamado urgente frente a un proyecto de reforma

El eje del conflicto es la intención oficial de modificar la Ley Nacional de Glaciares, sancionada en 2010 para resguardar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. La normativa actual prohíbe actividades extractivas que puedan dañarlos y reconoce su rol clave en el abastecimiento hídrico de gran parte del territorio argentino.

El impulso político y el debate legislativo

De acuerdo con el seguimiento periodístico especializado, el Poder Ejecutivo promovió el tratamiento del proyecto durante las sesiones extraordinarias iniciadas el 2 de febrero. En paralelo, el Senado comenzó a acelerar el trabajo en comisiones para avanzar con un dictamen. La iniciativa busca redefinir el alcance de las áreas protegidas, reducir la cobertura sobre determinadas formaciones periglaciares y otorgar mayor margen de decisión a las provincias frente a proyectos extractivos.

Desde el oficialismo se argumenta que la reforma apunta a brindar seguridad jurídica y destrabar inversiones, especialmente en sectores vinculados a la minería de litio y cobre. Sin embargo, organizaciones ambientales, científicos y juristas sostienen que los cambios implicarían un retroceso en los estándares de protección vigentes.

Alertas por el avance minero

Las críticas se concentran en la posibilidad de habilitar emprendimientos en zonas hoy resguardadas. Especialistas advierten que una flexibilización del marco legal podría afectar cuencas completas y comprometer la provisión de agua en regiones atravesadas por sequías prolongadas. También cuestionan que trasladar más responsabilidades a las provincias podría generar una competencia entre jurisdicciones para atraer inversiones, debilitando el control ambiental.

El debate se da en un contexto de fuerte impulso oficial al modelo extractivo como motor económico, lo que refuerza la preocupación de sectores socioambientales que ven en la reforma una contradicción con los discursos sobre protección ecológica y sostenibilidad.

Provincias en tensión: el caso de Mendoza

Entre los territorios más sensibles aparece Mendoza, atravesada por una crisis hídrica estructural y, al mismo tiempo, por presiones para habilitar proyectos mineros en zonas cordilleranas. La discusión sobre la Ley de Glaciares se suma a un escenario provincial complejo, donde el agua se convirtió en eje central del debate público y político.

Marchas, asambleas y una pulseada nacional

Las movilizaciones previstas para mañana incluyen actividades en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy, entre otras provincias. Los organizadores buscan instalar el tema en la agenda pública en el momento en que el Congreso podría definir el rumbo del proyecto.

La consigna que atraviesa todas las convocatorias es clara: defender la ley vigente como herramienta clave para garantizar agua para las comunidades, la producción y los ecosistemas en un escenario atravesado por la crisis climática.

Lo que está en juego

Argentina concentra miles de glaciares en la cordillera de los Andes que alimentan ríos esenciales para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía. Para las organizaciones convocantes, cualquier retroceso en su protección legal implica un riesgo directo sobre la disponibilidad futura de agua dulce.

Mientras el oficialismo busca acelerar la reforma en el Congreso, la protesta social crece y anticipa un nuevo capítulo de tensión entre política ambiental, modelo productivo y derechos territoriales. El desenlace del debate legislativo marcará el rumbo de una de las discusiones ambientales más sensibles del país.