El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso sumó un dato que empieza a alterar los planes del Gobierno. Más de 18.000 personas ya se inscribieron para participar de la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados, una cifra inédita para una discusión legislativa ambiental en Argentina.

Y ese número todavía no es definitivo. Las inscripciones continúan abiertas y los ciudadanos pueden anotarse hasta el 20 de marzo, por lo que la cantidad final de expositores podría ser aún mayor.

El dato ya genera una consecuencia concreta: el volumen de participantes podría demorar el tratamiento del proyecto durante semanas o incluso meses, algo que, en los hechos, se transforma en una mala noticia para el oficialismo pero en una señal positiva para el movimiento ambiental.

Un cálculo que cambia el escenario

La audiencia pública establece un máximo de cinco minutos por expositor para presentar su posición sobre la reforma de la ley que protege los glaciares y el ambiente periglacial.

Si se toma el número actual de inscriptos —más de 18.000— el cálculo es simple pero impactante.

• 18.000 personas
• 5 minutos cada una
• 90.000 minutos de exposiciones

Eso equivale a:

• 1.500 horas de debate

Incluso en un escenario extremo en el que el Congreso habilitara audiencias funcionando las 24 horas del día sin interrupciones, escuchar a todos los participantes demandaría alrededor de 62 días completos de exposiciones.

El cálculo más realista: jornadas legislativas

Sin embargo, ese escenario es prácticamente imposible en el funcionamiento real del Congreso. Lo más cercano a un esquema legislativo intensivo sería realizar audiencias de 12 horas por día.

• 1.500 horas de exposiciones
• 12 horas de audiencia por día
• 125 días de debate

Si además se considera un calendario más realista —de lunes a viernes— el proceso completo podría extenderse durante:

• 25 semanas de audiencias
• Es decir, más de seis meses de debate

Y ese cálculo se realiza con los inscriptos actuales. Si la cifra sigue creciendo hasta el cierre del registro el 20 de marzo, el tiempo necesario para escuchar a todos podría extenderse todavía más.

El cronograma del Gobierno queda en duda

Antes de que explotara la inscripción para la audiencia pública, en el oficialismo circulaba la idea de tratar el proyecto en el recinto de Diputados alrededor del 7 u 8 de abril.

Sin embargo, con miles de ciudadanos anotados para exponer, ese cronograma empieza a verse cada vez más improbable. Solo escuchar a una parte significativa de los participantes ya demandaría semanas de audiencias.

En ese contexto, distintas fuentes legislativas reconocen que el debate podría retrasarse al menos un par de meses, algo que complica los tiempos políticos del Gobierno.

Cuándo y cómo serán las audiencias públicas

La audiencia pública fue convocada por la Cámara de Diputados de la Nación y se desarrollará durante dos jornadas con modalidades diferentes para facilitar la participación.

La primera jornada se realizará el miércoles 25 de marzo de manera presencial en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados, ubicado en Avenida Rivadavia 1841, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las exposiciones se desarrollarán entre las 10 y las 19 horas.

El jueves 26 de marzo continuará el proceso en formato virtual, también entre las 10 y las 19 horas. Esta modalidad permitirá la participación de personas de distintas regiones del país que cuenten con un dispositivo con acceso a internet.

Las personas interesadas en intervenir como oradoras pueden inscribirse a través de un registro habilitado por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados o presentándose personalmente en sus oficinas.

Presentaciones escritas y registro del debate

Además de la participación oral, quienes lo deseen pueden presentar una ponencia escrita más extensa ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

Estas presentaciones deben enviarse por correo electrónico antes del 20 de marzo y tendrán un máximo de diez páginas en formato A4, con tipografía Times New Roman tamaño 12 y en archivo PDF.

Las ponencias formarán parte del expediente de la audiencia pública y serán publicadas posteriormente en el sitio oficial de la Cámara de Diputados, junto con las intervenciones realizadas durante el debate.

También existe la posibilidad de participar únicamente mediante una presentación escrita, sin necesidad de intervenir en forma presencial o virtual durante las jornadas.

Qué está en juego: glaciares y reservas de agua

La discusión no es menor. Los glaciares y los ambientes periglaciares funcionan como reservas estratégicas de agua dulce en gran parte de la región cordillerana de Argentina.

Estos ecosistemas almacenan agua en forma de hielo y nieve y regulan el flujo de ríos y cuencas que abastecen a poblaciones, actividades productivas y ecosistemas a lo largo de miles de kilómetros.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para proteger estas reservas naturales y limita actividades que puedan dañarlas, especialmente en zonas vinculadas a proyectos mineros o extractivos.

Para organizaciones ambientales, científicos y comunidades de la cordillera, modificar la ley podría debilitar la protección de estos ecosistemas y poner en riesgo fuentes de agua clave para el futuro del país.

Una mala noticia para el Gobierno, una señal fuerte para el ambientalismo

Para el oficialismo, la masiva inscripción representa un problema político concreto: el mecanismo de participación ciudadana que debía ser una instancia previa al dictamen terminó convirtiéndose en un factor que puede ralentizar el avance de la reforma en el Congreso.

Para el ambientalismo, en cambio, el escenario es diferente. El número de inscriptos refleja una movilización social poco habitual en debates legislativos y muestra el nivel de interés público que genera la protección de los glaciares.

En ese contexto, lo que inicialmente parecía un trámite legislativo más se transformó en un debate que podría extenderse durante meses. La jugada del Gobierno para acelerar la reforma terminó generando el efecto inverso: abrir una discusión pública masiva sobre el futuro de una de las principales reservas de agua dulce del país.