La Política Ambiental
La causa por la contaminación de la ex Petroquímica Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, volvió a tomar fuerza y ahora podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un caso que lleva más de una década, pero que recién ahora empieza a ser conocido a nivel nacional por la magnitud del daño ambiental denunciado y por las sospechas de encubrimiento judicial y político.
La planta estaba ubicada en la ciudad de Capitán Bermúdez, dentro del cordón industrial que une varias localidades al norte de Rosario. Durante años, la empresa funcionó elaborando productos químicos, pero cuando cerró definitivamente en 2014 dejó detrás un predio abandonado, con instalaciones deterioradas, residuos peligrosos y una fuerte contaminación en el suelo y en el agua subterránea.
Las pericias y estudios realizados en la zona detectaron sustancias altamente tóxicas que permanecían en el terreno incluso años después del cierre de la fábrica. Entre los contaminantes hallados aparecieron cloroformo, benceno, mercurio, tetracloruro de carbono y lindano, un pesticida prohibido en muchos países por su nivel de toxicidad.
También se denunciaron pérdidas de cloro, restos de materiales químicos abandonados y cientos de tubos con sustancias peligrosas que permanecieron durante años dentro del predio sin controles adecuados.
La preocupación no era solo ambiental. Muy cerca de la planta viven familias y funcionan escuelas. Vecinos de la zona denunciaron durante años olores fuertes, irritación en los ojos, problemas respiratorios y episodios vinculados a posibles escapes de gases.
Cuando la investigación judicial empezaba a apuntar contra los responsables de la empresa, la causa tomó un giro inesperado. En 2018, la firma llegó a un acuerdo con autoridades provinciales para realizar tareas de remediación ambiental y, poco después, se avanzó en el cierre de la causa penal.
Ese acuerdo generó una fuerte polémica porque muchos sostienen que las tareas de limpieza nunca se completaron y que la contaminación sigue presente en el lugar. Además, se cuestionó que se utilizara una figura legal pensada para delitos menores en un caso de contaminación grave.
Con el paso de los años aparecieron sospechas de que existió una maniobra para beneficiar a los dueños de la empresa y evitar que afrontaran consecuencias penales. Parte de esas sospechas apuntan a ex funcionarios judiciales y provinciales que intervinieron en el expediente.
Frente a las decisiones que cerraron o limitaron la investigación, la Fiscalía General decidió insistir y llevar el caso a la Corte Suprema nacional. El objetivo es que se revise todo el proceso y se determine si hubo irregularidades en la forma en que se archivó una de las causas ambientales más graves de Santa Fe.
Para quienes siguen el caso desde hace años, no se trata solamente de una discusión sobre una empresa quebrada. Lo que está en juego es si una fábrica puede contaminar durante décadas, cerrar, dejar residuos peligrosos y evitar sanciones mientras la comunidad sigue conviviendo con las consecuencias.
La historia de Petroquímica Bermúdez expone un problema que se repite en distintas partes del país: empresas que dejan pasivos ambientales enormes, controles estatales insuficientes y procesos judiciales que avanzan mucho más lento que la contaminación.
