La Política Ambiental
El colapso del colector cloacal Noreste, una de las principales infraestructuras sanitarias del Gran Mendoza, volvió a generar un fuerte impacto ambiental en la zona de Corralitos, en el departamento de Guaymallén. La situación derivó en la sanción más alta aplicada hasta el momento por contaminación hídrica en Mendoza.
La empresa Aysam fue multada con 120 millones de pesos luego de desviar desechos cloacales hacia un canal de riego sin autorización del Departamento General de Irrigación (DGI), en un hecho calificado oficialmente como de “gravedad excepcional”.
El problema se originó tras un nuevo colapso de la Colectora Máxima Noreste, un sistema de aproximadamente 25 kilómetros que transporta los líquidos cloacales de casi 600 mil personas del Gran Mendoza.
Ante la emergencia, operarios de Aysam realizaron una maniobra clandestina: rompieron parte de la infraestructura del Rama 12, perteneciente al Canal Vertientes Corralitos, para descargar allí líquidos cloacales crudos.
Según detalló Irrigación, ninguna de las acciones fue autorizada ni informada al organismo, lo que derivó en actas por vuelcos ilegales, daño a infraestructura hídrica y contaminación del agua utilizada en una de las principales zonas productivas del área.
La sanción fue aplicada el pasado 11 de mayo y representa el máximo castigo contemplado en la nueva Ley 9589, que regula las infracciones vinculadas al recurso hídrico en Mendoza.
El monto alcanza las 100 mil Unidades Fiscales de Agua (UFA), equivalentes a aproximadamente 120 millones de pesos, una cifra que ronda los 87 mil dólares al tipo de cambio actual.
Sin embargo, distintos sectores ambientales y vecinos cuestionan que, pese a tratarse de la multa más alta prevista por la normativa provincial, el monto resulta insuficiente frente al nivel de contaminación generado, el daño ambiental ocasionado y las posibles consecuencias sanitarias y productivas derivadas del vuelco clandestino de líquidos cloacales.
Desde Irrigación señalaron que la decisión busca generar un precedente ejemplificador frente a hechos de contaminación de gran magnitud y remarcaron que existieron múltiples agravantes:
Los análisis realizados por laboratorios oficiales confirmaron la presencia de efluentes cloacales crudos en el cauce afectado.
Además de la multa económica, el caso derivó en una denuncia penal por contaminación ambiental. Según trascendió, dos fiscales recomendaron imputar a autoridades de Aysam por los hechos ocurridos.
En paralelo, el organismo provincial exigió a la empresa presentar un plan de reparación para reconstruir la infraestructura dañada y evitar nuevas sanciones.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que, según admiten organismos técnicos y actores involucrados, el sistema cloacal continuará presentando riesgos de colapso en el corto plazo.
Por ese motivo, se trabaja en un esquema de mitigación de emergencia que incluiría entubar futuros desbordes y derivarlos hacia una zona de vuelco controlado en un campo inculto.
Especialistas aseguran que las primeras señales de deterioro del colector habían aparecido durante el tercer trimestre de 2024 y advierten que la falta de obras preventivas agravó la situación actual.
El episodio generó alarma entre vecinos, productores y regantes de la zona, ya que el canal afectado forma parte de un sistema clave para la actividad agrícola local.
La contaminación con líquidos cloacales no solo afecta la calidad del agua, sino que también podría generar consecuencias sanitarias, ambientales y económicas aguas abajo.
El caso ya es considerado uno de los episodios de contaminación hídrica más graves registrados en Mendoza en los últimos años.
