Misiones: suspendieron el uso de drones para fumigar en toda la provincia tras denuncias por daños en cultivos

El Gobierno provincial dispuso la suspensión preventiva de las aplicaciones de fitosanitarios con drones luego de que al menos 15 familias rurales de San Javier denunciaran daños en plantaciones de tabaco y hortalizas, además de irritaciones y erupciones en la piel. Posteriormente se conocieron nuevos reclamos en Pozo Azul, donde productores denunciaron pérdidas de miles de plantas. La decisión abrió un conflicto con las entidades empresariales, mientras el gobernador Hugo Passalacqua carga con las críticas por haber eliminado recientemente la prohibición provincial del glifosato.
18/11/2026La Política AmbientalLa Política Ambiental

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El Gobierno de Misiones suspendió preventivamente el uso de drones para aplicar productos fitosanitarios en todo el territorio provincial, después de que pequeños productores denunciaran daños en sus cultivos y posibles afectaciones a la salud de las familias rurales por fumigaciones realizadas en establecimientos vecinos.

La decisión llegó después de una serie de denuncias registradas en San Javier y Pozo Azul. Los agricultores señalaron que las aplicaciones de sustancias químicas mediante vehículos aéreos no tripulados habrían provocado daños en plantaciones de tabaco, tomate, poroto y otras hortalizas. También manifestaron preocupación por síntomas físicos que comenzaron a experimentar después de las fumigaciones.

La medida fue oficializada inicialmente mediante la Disposición 104/2026 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable y alcanzó a los drones utilizados para aplicar productos fitosanitarios y domisanitarios en toda la provincia.

El conflicto expone un problema que excede la tecnología utilizada para fumigar: la falta de regulación específica, los controles sobre las aplicaciones de agrotóxicos y la protección de las chacras familiares que pueden quedar expuestas a sustancias aplicadas en terrenos vecinos.

Además, el episodio ocurre en un contexto de retroceso en las restricciones ambientales de Misiones. En septiembre, el gobernador Hugo Passalacqua promulgó una modificación legislativa que eliminó la prohibición provincial del glifosato y sus derivados.

San Javier: al menos 15 familias denunciaron daños en cultivos y problemas de salud

Uno de los primeros focos de denuncias se registró en San Javier, donde al menos 15 familias rurales señalaron que sus plantaciones fueron afectadas después de aplicaciones químicas realizadas con drones.

misionesMisiones: denuncian fumigaciones con drones que dañaron cultivos y afectaron la salud de familias rurales

Los reclamos se concentraron principalmente en los parajes Villa Dulce, Los Galpones y Guarda la Tosca. Según los testimonios, los primeros movimientos de los equipos se habían observado aproximadamente 20 días antes de que comenzaran a hacerse visibles los daños en las plantaciones.

El productor Fabián Leria señaló que al menos 15 familias resultaron perjudicadas y que el área afectada podría extenderse hasta cuatro kilómetros.

Entre las consecuencias más visibles se encuentra el deterioro de las plantas de tabaco, cuyo desarrollo habría quedado comprometido por la exposición a las sustancias aplicadas. De acuerdo con los testimonios, algunas plantas que normalmente deberían desarrollar alrededor de 20 hojas quedaron con apenas 10, lo que representa una pérdida importante para los productores y podría reducir el rendimiento de la cosecha.

Los daños también alcanzaron cultivos de hortalizas destinados tanto al consumo familiar como a la comercialización. Para las familias afectadas, la situación representa un problema económico adicional en una actividad de la que dependen sus ingresos.

Picazón, erupciones y preocupación por el agua

Las familias rurales también manifestaron haber experimentado distintos problemas de salud después de las aplicaciones.

Entre los síntomas denunciados aparecen picazón en el rostro, irritaciones, erupciones en la piel, hinchazón de los pies, dolores de cabeza y molestias abdominales.

Uno de los testimonios recogidos señaló que un dron habría pasado a aproximadamente 15 metros de una vivienda, lo que incrementó la preocupación por la exposición de las personas que permanecían en sus hogares mientras se realizaban las fumigaciones.

Los vecinos también advirtieron sobre los posibles riesgos para las vertientes y otras fuentes de agua que utilizan para abastecerse. Hasta el momento, no se confirmó la contaminación de esos recursos ni se estableció una relación médica definitiva entre los síntomas denunciados y las sustancias aplicadas.

Ante la gravedad de los reclamos, el Ministerio de Ecología provincial inició actuaciones para investigar los episodios. Inspectores recorrieron las zonas afectadas, documentaron alteraciones en las plantaciones y recogieron testimonios de los habitantes.

La investigación busca determinar qué productos fueron utilizados, quiénes realizaron las aplicaciones y si se respetaron las condiciones establecidas por la normativa provincial.

Pozo Azul: miles de plantas de tabaco afectadas

A las denuncias de San Javier se sumaron reclamos de productores de Pozo Azul, principalmente de las colonias Picada Unión y Picada 10.

En esta oportunidad, los agricultores denunciaron daños en cultivos de tabaco, tomate, poroto y otras producciones familiares, que atribuyeron a aplicaciones de productos químicos realizadas mediante drones en establecimientos ganaderos cercanos.

Uno de los productores, Norberto Aguiar, denunció que alrededor de 18.000 plantas de tabaco de su chacra resultaron perjudicadas. Otros colonos señalaron que también tenían plantaciones de entre 30.000 y 50.000 plantas afectadas.

Los productores sospechan que los productos químicos fueron desplazados por el viento hacia terrenos vecinos, alcanzando cultivos que no eran el objetivo de las aplicaciones.

También señalaron que algunos daños se habrían registrado en chacras ubicadas a entre 1.500 y 2.000 metros de los establecimientos donde se realizaron las fumigaciones.

La situación representa un golpe económico para familias que dependen de la producción agrícola y que ya habían invertido recursos y trabajo en una temporada productiva.

En el caso del tabaco, además, existe preocupación por las consecuencias sobre su comercialización. La presencia de residuos de productos fitosanitarios por encima de los límites permitidos puede provocar descuentos en el precio o dificultades para vender la producción.

La reiteración de estos episodios en distintas localidades dejó en evidencia la preocupación de las comunidades rurales por la falta de controles sobre las aplicaciones y la exposición de sus cultivos a sustancias utilizadas en establecimientos vecinos.

Passalacqua eliminó la prohibición del glifosato en Misiones

La polémica por las fumigaciones también debe analizarse a la luz de las decisiones que tomó el propio Gobierno provincial sobre el uso de agrotóxicos.

En junio de 2023, Misiones había aprobado la Ley VIII N.º 103, conocida como Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, que establecía la prohibición del glifosato, sus componentes y productos afines luego de un período de transición de dos años.

La iniciativa buscaba impulsar alternativas biológicas y reducir la dependencia de los agroquímicos en las actividades productivas. Sin embargo, encontró resistencia de sectores agropecuarios y forestales.

En septiembre de 2026, la Legislatura provincial aprobó la Ley VIII N.º 124, que modificó la normativa original y eliminó la prohibición del glifosato. La reforma fue promulgada por el gobernador Hugo Passalacqua mediante el Decreto 1757, firmado el 8 de septiembre.

La modificación reemplazó los artículos 5, 6 y 7 de la ley original y derogó su artículo 8, dejando sin efecto la prohibición provincial del herbicida y sus derivados.

De esta manera, el Gobierno misionero dio marcha atrás con una de las principales restricciones ambientales que había establecido sobre el uso de productos químicos en la producción agropecuaria.

La decisión política de Passalacqua resulta especialmente cuestionable frente a las denuncias actuales. Mientras su Gobierno avanzó en la eliminación de restricciones al uso de agrotóxicos, la provincia tampoco había terminado de establecer los parámetros técnicos necesarios para controlar las aplicaciones mediante drones.

Esto no significa que el glifosato haya sido el producto utilizado en las fumigaciones denunciadas en San Javier y Pozo Azul: hasta el momento, los productores desconocen qué sustancias fueron aplicadas y la investigación debe determinarlo.

Pero sí expone una orientación política preocupante: flexibilizar las restricciones sobre los agroquímicos sin garantizar previamente los mecanismos de fiscalización y protección ambiental necesarios.

Passalacqua no puede desligarse de la responsabilidad política por esta situación. Como gobernador, tiene la obligación de garantizar que las actividades productivas se desarrollen dentro de un marco de protección ambiental y sanitaria. No alcanza con suspender preventivamente los drones cuando los daños ya fueron denunciados por las familias rurales.

El Gobierno suspendió los drones en toda la provincia

Después de las denuncias registradas en distintas localidades, el Gobierno de Misiones dispuso la suspensión preventiva del uso de vehículos aéreos no tripulados para aplicar productos fitosanitarios y domisanitarios.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 104/2026, firmada el 17 de noviembre, y alcanzó inicialmente a todo el territorio provincial por tiempo indeterminado.

La decisión se fundamentó en la necesidad de prevenir nuevos episodios mientras se establecían los parámetros técnicos para utilizar esta tecnología sin generar impactos negativos sobre la salud y el ambiente.

Uno de los aspectos centrales es que la provincia todavía no había completado la reglamentación específica sobre las condiciones de operación de estos equipos.

Misiones cuenta con la Ley XVI N.º 144, que establece el marco normativo para el uso, control, comercialización y gestión de productos fitosanitarios y domisanitarios. Posteriormente, el Decreto 2556/2022 incorporó disposiciones sobre la utilización de drones en actividades productivas.

El decreto contempla su utilización bajo determinadas condiciones de operación y altura, siempre que no se afecte la sustentabilidad de los recursos naturales ni se generen impactos negativos sobre el ambiente.

Sin embargo, esos parámetros técnicos todavía no habían sido definidos completamente por la autoridad de aplicación.

Es decir, durante años se permitió el desarrollo de una actividad para la cual todavía estaban pendientes criterios específicos sobre las condiciones de aplicación y los mecanismos de control.

La suspensión llegó después de que los productores denunciaran daños en sus plantaciones y posibles afectaciones a la salud. La respuesta estatal fue detener preventivamente las aplicaciones mientras se trabaja en la reglamentación.

Las entidades empresariales rechazaron la suspensión

La decisión del Gobierno generó una rápida reacción de distintas entidades productivas, forestales y empresariales de Misiones, que cuestionaron la suspensión generalizada y reclamaron que se investigue a quienes realizaron las aplicaciones denunciadas.

La Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (CACIM) consideró que la medida representa un retroceso tecnológico y sostuvo que, ante denuncias por malas aplicaciones, corresponde identificar a los responsables, fiscalizar sus actividades y aplicar las sanciones correspondientes.

La entidad defendió el uso de drones agrícolas porque, según argumentó, permiten realizar aplicaciones más precisas, reducir el consumo de agua y productos y disminuir la exposición directa de los trabajadores a los fitosanitarios.

También señaló que estos equipos resultan especialmente útiles en Misiones, donde predominan las chacras pequeñas, los terrenos con pendientes y las plantaciones de yerba mate, té y forestaciones a las que muchas veces resulta difícil ingresar con maquinaria convencional.

La Confederación Económica de Misiones (CEM) también expresó su preocupación y advirtió que una restricción prolongada podría afectar inversiones, prestación de servicios y generación de empleo.

Por su parte, la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) cuestionó la suspensión y pidió revisar la medida, al señalar que los drones se utilizan en actividades forestales, yerbateras y tealeras.

Las entidades coinciden en que los posibles incumplimientos deben investigarse y sancionarse, pero consideran que no corresponde suspender una herramienta tecnológica para todos los operadores.

Sin embargo, el reclamo empresarial también deja pendiente una pregunta fundamental: quién controla las aplicaciones, qué productos se utilizan y qué garantías tienen las familias rurales de que sus cultivos y fuentes de agua no serán alcanzados por fumigaciones realizadas en establecimientos vecinos.

Cinco días de suspensión y una mesa técnica

Tras las reacciones del sector productivo, el Ministerio de Ecología comunicó el 18 de noviembre una actualización de la medida: estableció una pausa preventiva de cinco días hábiles para el uso de drones en aplicaciones fitosanitarias y convocó a una mesa técnica para el jueves 19 de noviembre.

El encuentro busca reunir a organismos públicos y representantes de los sectores involucrados para definir las condiciones de utilización de estos equipos.

Entre los puntos que deberán analizarse se encuentran las alturas de vuelo, las condiciones meteorológicas, las modalidades de aplicación, las dosis utilizadas y las medidas de protección ambiental y sanitaria.

También deberán establecerse criterios para evitar que los productos químicos sean desplazados hacia viviendas, chacras vecinas, cursos de agua y otras áreas sensibles.

La actualización implica que la suspensión inicialmente dispuesta por tiempo indeterminado pasó a tener un plazo preventivo de cinco días hábiles, mientras se trabaja en la reglamentación.

El Gobierno deberá explicar qué controles se implementarán, cómo se identificarán los responsables de las aplicaciones denunciadas y qué medidas se tomarán para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La tecnología no reemplaza los controles ambientales

El conflicto en Misiones vuelve a poner en discusión los controles sobre el uso de agrotóxicos y la responsabilidad de quienes realizan aplicaciones en zonas rurales.

La utilización de drones puede ofrecer ventajas operativas frente a otros métodos de pulverización, pero eso no significa que su aplicación esté libre de riesgos. La altura de vuelo, el tamaño de las gotas, la velocidad del viento, las características del producto y la distancia respecto de viviendas y cultivos son factores que pueden determinar el alcance de una fumigación.

Una aplicación mal realizada puede trasladar sustancias químicas fuera del terreno previsto y afectar producciones agrícolas, fuentes de agua y personas que no tienen ninguna relación con la actividad que se está desarrollando.

Por eso, la discusión no debería limitarse a prohibir o habilitar una tecnología. Es indispensable que existan controles efectivos, trazabilidad de los productos utilizados, identificación de los operadores y sanciones cuando se comprueben incumplimientos.

Las familias de San Javier y Pozo Azul denunciaron pérdidas en sus cultivos y problemas de salud. Mientras las autoridades avanzan con la investigación, todavía necesitan respuestas sobre qué sustancias fueron aplicadas y quiénes fueron responsables.

La incorporación de tecnología al sector agropecuario no garantiza por sí sola una producción sustentable. Sin regulación, fiscalización y responsabilidad ambiental, los costos de las malas prácticas terminan recayendo sobre quienes viven y producen en las zonas rurales.

El gobernador Hugo Passalacqua debe responder por las decisiones políticas que tomó sobre el uso de agroquímicos y por la capacidad de su administración para controlar las aplicaciones. No alcanza con suspender los drones después de las denuncias ni con convocar a una mesa técnica cuando los productores ya sufrieron las consecuencias.

Misiones necesita una política agropecuaria que proteja la salud, el agua, los suelos y la producción familiar, no una que flexibilice las restricciones ambientales y actúe recién cuando los daños ya fueron denunciados.

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