La Política Ambiental
Un proyecto petrolero de gran escala avanza frente a las Islas Malvinas y ahora enfrenta una ofensiva judicial en Argentina. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo para intentar detener el desarrollo del proyecto Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, y plantea una doble preocupación: el posible impacto sobre los ecosistemas del Atlántico Sur y el avance de una explotación de hidrocarburos en un área cuya soberanía es reclamada por Argentina.
Sea Lion se encuentra en la denominada Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre un sector de la plataforma continental que Argentina considera parte de su territorio marítimo.
El proyecto contempla una explotación offshore de gran escala. Según la información difundida sobre la iniciativa, en sus primeras etapas se prevé la perforación de 23 pozos submarinos, conectados a una unidad flotante destinada a producir, almacenar y descargar el petróleo.
La planificación contempla comenzar la extracción comercial durante 2028, con una vida útil estimada de más de tres décadas.
El avance de la iniciativa ya dejó de ser solamente una posibilidad futura. La empresa israelí Navitas avanzó con la contratación y adquisición de infraestructura necesaria para desarrollar la explotación, mientras que desde las islas se impulsan las obras logísticas vinculadas al proyecto.
La acción judicial fue presentada contra Rockhopper Exploration, compañía británica, y Navitas Petroleum Development, de capitales israelíes.
Las organizaciones sostienen que el proyecto pretende avanzar sin contar con la autorización de las autoridades argentinas y sin realizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que exige la legislación nacional.
Por eso, solicitaron a la Justicia que ordene la suspensión de las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino vinculados con Sea Lion. También pidieron frenar las operaciones financieras destinadas a sostener el emprendimiento.
El planteo no se limita al eventual daño que podría producir un derrame de petróleo. La demanda advierte sobre los impactos asociados a una explotación offshore de estas características, entre ellos el movimiento del fondo marino, el ruido submarino y las consecuencias que podría generar un accidente en una zona de enorme importancia ecológica.
El área donde se pretende desarrollar la explotación forma parte de un sistema marino de enorme biodiversidad.
Las aguas del Atlántico Sur son utilizadas por numerosas especies de peces, aves y mamíferos marinos. Entre ellas se encuentran pingüinos de Magallanes y ballenas francas australes, además de una gran cantidad de especies que dependen de estos ecosistemas para alimentarse, reproducirse o migrar.
Uno de los principales argumentos de las organizaciones es que un eventual derrame no necesariamente quedaría limitado al lugar donde se produce la perforación. Las corrientes marinas pueden transportar contaminantes a grandes distancias y afectar otros sectores del Mar Argentino.
Por eso, los demandantes plantean que esperar a que ocurra un accidente para intervenir sería demasiado tarde: el objetivo de la acción judicial es actuar antes de que el daño ambiental se vuelva irreversible.
El conflicto tiene además una dimensión geopolítica.
La demanda sostiene que el desarrollo unilateral de actividades hidrocarburíferas en la zona contradice el marco establecido por Naciones Unidas mientras continúa la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
En particular, las organizaciones invocan la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que llamó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras la controversia permanezca pendiente.
Para los denunciantes, entonces, el problema tiene dos caras inseparables: por un lado, la explotación de un recurso natural en un territorio cuya soberanía Argentina reclama; por otro, el riesgo que una actividad petrolera de semejante escala representa para uno de los ecosistemas marinos más importantes del país.
Uno de los aspectos más importantes de la presentación judicial es que no busca únicamente detener las perforaciones.
Las organizaciones pretenden identificar a los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y demás actores que participan del financiamiento de Sea Lion. También solicitaron medidas destinadas a impedir nuevos contratos, desembolsos y transferencias relacionados con el proyecto.
La estrategia apunta a que, si se logra bloquear el financiamiento, también se dificulte la posibilidad de que la explotación avance materialmente.
Además, la demanda solicita información sobre las entidades financieras vinculadas a las compañías y plantea la posibilidad de avanzar posteriormente sobre sus activos.
Sea Lion representa uno de los proyectos petroleros más ambiciosos desarrollados alrededor de las Malvinas. De concretarse, significaría transformar durante décadas una zona del Atlántico Sur en un área de explotación hidrocarburífera.
Mientras las empresas avanzan con su planificación y desde las islas se impulsa el desarrollo del proyecto, en Argentina organizaciones ambientalistas y excombatientes decidieron llevar el conflicto a los tribunales.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá analizar si corresponde intervenir preventivamente para detener el proyecto y determinar hasta dónde llegan las obligaciones ambientales argentinas frente a una explotación desarrollada bajo administración británica en un territorio cuya soberanía continúa en disputa.
El planteo de fondo es tan simple como difícil de resolver: ¿se puede avanzar durante décadas con una explotación petrolera en el Atlántico Sur sin una evaluación ambiental realizada por Argentina y mientras continúa abierta la disputa por la soberanía de las islas?
La respuesta, al menos por ahora, quedó en manos de la Justicia.
