La Política Ambiental
Más de 30 organizaciones de Santa Fe se unieron para intentar ponerle un freno a una actividad que desde hace años genera cuestionamientos entre sectores vinculados con la protección animal y la conservación de la naturaleza: los cotos de caza y el turismo cinegético.
La iniciativa pretende prohibir en todo el territorio provincial los establecimientos destinados a la caza deportiva y las actividades turísticas cuyo objetivo sea cazar animales. Pero el planteo no termina ahí: quienes impulsan la propuesta también quieren que esos espacios puedan reconvertirse hacia otras formas de turismo relacionadas con la naturaleza, como el avistaje de aves y la observación de fauna.
El proyecto fue impulsado por Natalia Pallavicini, presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Santa Fe, junto con la Protectora de Animales de Santa Fe, la Protectora de Animales de Rosario, la Asociación Civil Capibara y la ONG Mundo Aparte. Con el paso de las semanas, la iniciativa sumó el respaldo de más de 30 organizaciones de distintos puntos de la provincia.
La propuesta apunta específicamente contra dos actividades: los establecimientos destinados a la caza deportiva y el denominado turismo cinegético, es decir, viajes organizados para personas que llegan a un determinado lugar con el objetivo de cazar.
Para las organizaciones, no se trata simplemente de una actividad recreativa. Consideran que detrás existe un modelo de explotación económica de la fauna silvestre en el que la muerte del animal forma parte del servicio turístico que se ofrece.
Pallavicini definió esta modalidad como un “turismo de muerte” y sostuvo que el objetivo del proyecto es comenzar a abandonar una forma de relacionarse con los animales basada en la violencia.
La iniciativa busca, además, que la prohibición alcance a los establecimientos independientemente del nombre administrativo con el que estén registrados.
Esto es importante porque, según explicaron sus impulsores, “coto de caza” no constituye actualmente una categoría administrativa específica en Santa Fe. Por eso, si la ley avanzara, no alcanzaría únicamente a los lugares que formalmente utilicen esa denominación, sino a cualquier establecimiento que en la práctica esté destinado a ofrecer caza deportiva.
Uno de los principales focos se encuentra en el norte de la provincia.
De acuerdo con los datos obtenidos por los impulsores de la iniciativa, actualmente existen 11 empresas u operadores vinculados con el turismo cinegético en Santa Fe.
De ese total, ocho se encuentran en el departamento San Javier, una zona donde la actividad cinegética tiene una presencia particularmente importante.
El funcionamiento de estos establecimientos está relacionado en buena medida con turistas que llegan desde otros países para realizar jornadas de caza.
Y allí aparece uno de los puntos centrales del reclamo.
Según la información recopilada por las organizaciones, durante el último año llegaron a la provincia alrededor de 1.300 turistas extranjeros para realizar actividades de turismo cinegético de manera legal y a través de operadores autorizados.
Entre los visitantes aparecen personas provenientes de países como España, Estados Unidos y Francia.
Para quienes impulsan la prohibición, este dato resulta significativo porque consideran que el turismo cinegético santafesino no responde principalmente a una práctica desarrollada por habitantes de la provincia, sino a un mercado internacional.
La crítica apunta especialmente a que algunos de estos turistas llegan a Santa Fe para realizar actividades que encuentran mayores restricciones o directamente prohibiciones en sus países de origen.
Por eso, las organizaciones plantean una pregunta de fondo: ¿debería Santa Fe ofrecer como atractivo turístico una actividad que en otros lugares está cada vez más cuestionada?
La provincia cuenta actualmente con una normativa que regula la caza de fauna silvestre y establece qué especies pueden ser cazadas, durante qué períodos y bajo qué condiciones.
Las autoridades ambientales son las encargadas de establecer las especies habilitadas y otorgar las correspondientes licencias y autorizaciones.
Sin embargo, las organizaciones cuestionan que dentro de este sistema puedan coexistir establecimientos cuya actividad económica consiste precisamente en ofrecer jornadas de caza.
El proyecto también pone el foco sobre la presencia de especies exóticas en algunos establecimientos.
Según explicaron sus impulsores, existen casos en los que se introducen animales de especies no autóctonas para ser utilizados posteriormente como especies de caza.
Por eso rechazan el argumento de que la caza deportiva pueda justificarse como una herramienta de control poblacional.
La pregunta que plantean es sencilla: si un establecimiento introduce animales para que sean cazados, ¿puede realmente considerarse que la actividad tiene como finalidad controlar una población?
El cuestionamiento tampoco se limita a las especies exóticas.
En determinados períodos del año, la provincia habilita la caza de algunas especies autóctonas. Entre ellas se encuentran determinadas especies de patos.
Para las organizaciones que impulsan el proyecto, permitir la caza recreativa de fauna nativa plantea un problema adicional, especialmente cuando existe un negocio turístico alrededor de esa actividad.
Su planteo es que la conservación de la fauna debería priorizar alternativas que permitan que los animales permanezcan vivos y que los ecosistemas puedan generar beneficios económicos sin que la muerte de los ejemplares sea parte del atractivo.
La propuesta no pretende simplemente cerrar los cotos y terminar con una actividad económica.
Uno de sus principales objetivos es promover una reconversión hacia el turismo de naturaleza.
Entre las alternativas mencionadas aparecen el avistaje de aves, la observación de animales silvestres y otras actividades que permitan conocer los ambientes naturales de Santa Fe sin intervenir sobre la fauna mediante la caza.
La idea es cambiar el modelo.
En lugar de que una persona pague para dispararle a un animal, que pague por observarlo, fotografiarlo y conocer el ecosistema donde vive.
Para las organizaciones, esta transformación también podría generar oportunidades económicas para los establecimientos y las comunidades locales.
Otro de los puntos que genera discusión es el rol de las diferentes áreas del Estado.
La Secretaría de Turismo tiene intervención sobre las empresas que ofrecen servicios turísticos, mientras que la regulación de la fauna silvestre y la determinación de las especies habilitadas para la caza corresponden a las autoridades ambientales.
Pallavicini sostiene que ambas cuestiones deberían analizarse conjuntamente porque el turismo cinegético necesita de una estructura empresarial que permita organizar la llegada de visitantes, sus traslados, alojamiento y jornadas de caza.
Es decir, detrás de cada turista que llega para cazar existe una cadena de servicios que convierte a la actividad en un negocio turístico.
Aunque la iniciativa ya fue presentada, todavía no tiene estado parlamentario.
El motivo está relacionado con la forma en que fue impulsada.
Tras la reforma de la Constitución de Santa Fe se incorporaron mecanismos de participación ciudadana, entre ellos la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas. Sin embargo, ese mecanismo todavía no cuenta con una reglamentación específica que permita que el texto tenga automáticamente el tratamiento de un proyecto de ley.
Por eso, la propuesta presentada por las organizaciones tiene actualmente carácter de anteproyecto.
El próximo paso es conseguir que alguno de los diputados provinciales tome la iniciativa, la presente formalmente y la convierta en un proyecto de ley.
Recién entonces podrá comenzar el recorrido legislativo correspondiente.
Los impulsores de la propuesta ya mantuvieron conversaciones con legisladores de la Cámara de Diputados de Santa Fe y particularmente con integrantes de la Comisión de Ganadería y Agricultura.
Según Pallavicini, algunos legisladores conocen el contenido del anteproyecto y reconocen la problemática planteada.
Sin embargo, hasta el momento ese respaldo no se transformó en una presentación formal.
La intención de las organizaciones es conseguir que algún diputado dé ese paso y permita que el debate llegue oficialmente a la Legislatura.
La discusión tampoco es completamente nueva en Santa Fe.
Existe un antecedente de 2016, cuando la entonces diputada provincial Alicia Gutiérrez presentó un proyecto con características similares.
En aquella oportunidad también había participado la organización Capibara.
La iniciativa llegó a ser analizada en una comisión legislativa, pero finalmente perdió estado parlamentario en 2018 y no logró convertirse en ley.
Ahora las organizaciones buscan recuperar aquella discusión, pero con una coalición más amplia y con nuevas herramientas de participación ciudadana.
Lo que comenzó con un grupo reducido de entidades terminó transformándose en una iniciativa respaldada por más de 30 organizaciones santafesinas.
Entre las entidades que impulsaron inicialmente el proyecto se encuentran las protectoras de animales de Santa Fe y Rosario, Capibara y Mundo Aparte, además del Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Santa Fe.
El objetivo es que el reclamo trascienda a las organizaciones animalistas y se convierta en una discusión provincial sobre el modelo de turismo y conservación que Santa Fe quiere desarrollar durante los próximos años.
En el fondo, el proyecto plantea una discusión que va mucho más allá de los cotos de caza.
La pregunta es qué valor se le quiere dar a la fauna silvestre.
Para quienes defienden la actividad cinegética, la caza regulada puede formar parte de determinadas estrategias de manejo y generar actividad económica.
Para las organizaciones que impulsan esta iniciativa, en cambio, convertir la muerte de animales en una experiencia turística es un modelo que debería quedar atrás.
La alternativa que proponen es utilizar la biodiversidad como atractivo sin eliminarla: observar aves, fotografiar fauna, recorrer humedales y conocer los ecosistemas.
Santa Fe tiene ahora un nuevo intento de llevar esa discusión al ámbito legislativo.
El proyecto todavía necesita que un diputado lo convierta formalmente en ley para comenzar su recorrido parlamentario. Pero detrás de esa iniciativa ya existe un amplio respaldo de organizaciones que buscan cambiar la manera en que la provincia se relaciona con su fauna.
El debate recién comienza: ¿turismo para matar o turismo para conservar?
