Milei le quitó las regalías a la Pampa de la hidroeléctricas de Los Nihuiles y benefició a Mendoza en la histórica disputa por el río Atuel

El Gobierno de Javier Milei decidió intervenir en una de las disputas interprovinciales más antiguas de la Argentina y lo hizo tomando una decisión que beneficia directamente a Mendoza y deja a La Pampa sin una fuente de recursos que recibía desde hace más de medio siglo.

A través del Decreto 982/2026, publicado este 11 de septiembre, la Nación dejó sin efecto el régimen que desde 1973 establecía que las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel, fueran repartidas entre Mendoza y La Pampa.

Desde ahora, el 100% de las regalías hidroeléctricas quedará en manos de Mendoza.

La decisión fue firmada por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y se produce mientras el conflicto entre las dos provincias continúa judicializado y cuando todavía existe una causa abierta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para el Gobierno nacional, se trata de una adecuación del régimen de regalías a la legislación y a la jurisprudencia de la Corte. Para La Pampa, en cambio, es un nuevo golpe sobre una provincia que lleva décadas reclamando por el uso del río Atuel.

Y en el medio aparece una cuestión política que resulta difícil ignorar: el gobernador pampeano Sergio Ziliotto es uno de los mandatarios provinciales que más confrontó con Milei, mientras que el mendocino Alfredo Cornejo mantiene una relación de cooperación política con la Casa Rosada.

Qué decidió Milei

El decreto presidencial deja sin efecto el Decreto 1560/73, firmado hace más de 50 años, durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse.

Aquella norma había establecido que las regalías correspondientes al complejo hidroeléctrico El Nihuil fueran distribuidas en partes iguales entre Mendoza y La Pampa.

Durante décadas, ese mecanismo permitió que La Pampa recibiera el 50% de esos recursos, pese a que las principales obras del complejo se encuentran en territorio mendocino.

Ahora, Milei decidió terminar con ese reparto.

El artículo 4 del nuevo decreto establece que las regalías correspondientes al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles que se generen desde la entrada en vigencia de la medida corresponderán en su totalidad a Mendoza, debido a que la fuente hidroeléctrica aprovechada se encuentra íntegramente dentro de esa provincia.

La modificación no es menor. La Pampa pierde una fuente de ingresos que había sido reconocida durante décadas y Mendoza pasa a quedarse con la totalidad del dinero generado por el aprovechamiento hidroeléctrico.

El Gobierno dice que es una cuestión jurídica

La Casa Rosada intenta presentar la decisión como una consecuencia lógica del régimen nacional de regalías hidroeléctricas.

El Gobierno sostiene que la legislación establece que las regalías deben corresponder a la provincia donde se encuentra ubicada la fuente hidroeléctrica y que distintos fallos de la Corte Suprema respaldaron ese criterio.

El decreto cita particularmente los fallos de 2003 y 2009, en los cuales el máximo tribunal distinguió entre las regalías generadas por una fuente hidroeléctrica y el derecho al uso de un río interjurisdiccional.

Según esa interpretación, una cosa es discutir cómo deben utilizarse las aguas del Atuel y otra diferente determinar quién cobra las regalías por una central hidroeléctrica ubicada sobre ese río.

Con ese argumento, la Nación sostiene que Mendoza debe ser la única beneficiaria de las regalías.

Pero hay un dato que complica el relato de que simplemente se está “corrigiendo” una irregularidad histórica.

El propio decreto reconoce que el régimen de 1973 era válido y legítimo.

La norma admite que el Decreto 1560/73 fue dictado legalmente y que durante décadas produjo efectos jurídicos válidos. También reconoce que en 1992 la Nación, Mendoza y La Pampa firmaron un acuerdo interjurisdiccional que fue aprobado por las legislaturas de ambas provincias y posteriormente homologado por la Corte Suprema.

Es decir: el Gobierno no está corrigiendo una norma declarada ilegal. Está cambiando ahora el régimen que había regido durante más de 50 años, apoyándose en una nueva interpretación jurídica y en antecedentes posteriores.

La Corte todavía tiene una causa abierta

El punto más controvertido es que la discusión sobre las regalías no estaba completamente cerrada.

Mendoza había llevado el reclamo a la Justicia y existe una causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que la provincia busca que se reconozca su derecho a percibir el 100% de las regalías.

La causa, identificada como “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional (P.E.N.) s/ nulidad de acto administrativo - daños y perjuicios”, continúa en trámite.

La propia Nación reconoce esta situación dentro del decreto.

Sin embargo, en lugar de esperar una definición judicial definitiva, el Gobierno de Milei decidió dejar sin efecto el régimen de 1973 y establecer administrativamente que Mendoza cobrará el 100% hacia adelante.

Esto deja a La Pampa frente a un nuevo escenario: la provincia deberá recurrir nuevamente a la Justicia si pretende frenar la decisión.

Ziliotto queda nuevamente enfrentado con Milei

La reacción del gobernador pampeano Sergio Ziliotto fue inmediata.

El mandatario anunció que La Pampa recurrirá a la Justicia y cuestionó la decisión del Gobierno nacional.

La posición de Ziliotto no sorprende. Desde la llegada de Milei a la Presidencia, el gobernador peronista mantuvo una relación conflictiva con la Casa Rosada y cuestionó públicamente distintas políticas nacionales.

La Pampa también viene reclamando fondos que, según el Gobierno provincial, Nación dejó de enviar o adeuda, además de rechazar diferentes decisiones de Milei relacionadas con obras públicas, jubilaciones, financiamiento provincial y recursos federales.

Por eso, la decisión sobre Los Nihuiles no ocurre en un vacío político.

Ziliotto es un gobernador opositor a Milei y Cornejo es uno de los mandatarios provinciales que más ha buscado mantener una relación de cooperación con la Casa Rosada.

Cornejo, el gobernador beneficiado

Del otro lado aparece Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y dirigente de la Unión Cívica Radical.

Cornejo no forma parte de La Libertad Avanza, pero desde el comienzo de la gestión Milei adoptó una posición de acompañamiento en numerosas iniciativas del Gobierno nacional y ratificó públicamente su apoyo al rumbo económico de la administración libertaria.

La relación política entre ambos gobiernos también se profundizó durante 2026, con una agenda común en distintos temas nacionales y provinciales.

Ahora, esa cercanía coincide con una decisión que le otorga a Mendoza un beneficio económico concreto.

No se trata solamente de una diferencia administrativa: la provincia gobernada por Cornejo pasará de compartir las regalías con La Pampa a recibirlas íntegramente.

Por eso, desde una mirada política, resulta inevitable que la medida sea interpretada también como un gesto favorable hacia Mendoza.

Milei beneficia a un gobernador aliado y deja sin recursos a uno de sus principales adversarios políticos.

Eso no permite afirmar que la decisión haya sido tomada exclusivamente por razones políticas —el decreto contiene una extensa fundamentación jurídica—, pero sí permite preguntarse por qué la Casa Rosada eligió resolver ahora el conflicto a favor de Mendoza, cuando el reclamo todavía se encuentra judicializado.

El Atuel: la historia detrás del dinero

Para entender por qué La Pampa considera especialmente grave la decisión, hay que volver al río Atuel.

El río nace en Mendoza y atraviesa posteriormente territorio pampeano. Durante décadas, La Pampa denunció que el aprovechamiento realizado aguas arriba redujo el caudal que llegaba a su territorio.

La provincia sostiene que esa reducción tuvo consecuencias ambientales profundas y afectó los ecosistemas, las actividades productivas y las comunidades ubicadas aguas abajo.

La disputa llegó a la Corte Suprema.

En 1987, el máximo tribunal reconoció al Atuel como un río interjurisdiccional y pidió a Mendoza, La Pampa y el Estado nacional que avanzaran hacia una participación razonable y equitativa en el uso de sus aguas.

En 1992, las tres partes firmaron un acuerdo que también contempló el pago de las regalías correspondientes a La Pampa.

Ese acuerdo fue aprobado por las legislaturas provinciales y homologado posteriormente por la Corte Suprema.

Por eso, para La Pampa, la discusión sobre Los Nihuiles nunca fue simplemente una pelea por dinero.

Es parte de una historia mucho más larga en la que la provincia sostiene que Mendoza se benefició durante décadas del aprovechamiento de un río que también pertenece al territorio pampeano.

El argumento ambiental queda separado del económico

Hay un aspecto particularmente llamativo en la decisión de Milei.

El propio decreto cita la jurisprudencia de la Corte para sostener que la discusión sobre las regalías es jurídicamente diferente de la discusión sobre el uso del agua del río Atuel.

En otras palabras, el Gobierno sostiene que una cosa es quién puede utilizar el agua y otra quién debe recibir dinero por la generación de electricidad.

Legalmente, son discusiones diferentes.

Pero desde el punto de vista político y ambiental, ambas cuestiones están profundamente relacionadas.

El complejo Los Nihuiles existe precisamente porque el agua del Atuel es utilizada para generar energía.

Y mientras Mendoza obtiene el beneficio económico de ese aprovechamiento, La Pampa continúa reclamando por las consecuencias que tuvo históricamente la utilización aguas arriba del río.

Una decisión que beneficia a Mendoza en plena licitación

El momento elegido por el Gobierno tampoco es casual desde el punto de vista administrativo.

Las concesiones hidroeléctricas otorgadas durante la década de 1990 están venciendo y Nación inició un proceso para otorgar nuevas concesiones.

En el caso de Los Nihuiles, el Gobierno convocó junto con Mendoza a una licitación para una nueva concesión del sistema hidroeléctrico.

Por eso, Nación sostiene que necesitaba establecer con claridad quién cobraría las regalías antes de avanzar con el nuevo esquema de concesión.

El argumento oficial es que el nuevo concesionario debe conocer de antemano cuáles serán las reglas económicas y regulatorias.

Pero el resultado político es claro: la nueva etapa de Los Nihuiles comenzará con Mendoza como única beneficiaria de las regalías.

La Pampa pierde una fuente de recursos que recibía desde 1973

El cambio implica una pérdida concreta para las arcas pampeanas.

Durante más de cinco décadas, La Pampa recibió la mitad de las regalías generadas por el complejo.

Ahora ese dinero dejará de ingresar.

Y la diferencia no será absorbida por Nación: pasará a Mendoza.

Es justamente este punto el que genera mayor malestar en La Pampa. Para el Gobierno de Ziliotto, no se trata simplemente de una discusión jurídica sobre la ubicación de una central hidroeléctrica, sino de la pérdida de recursos provinciales en un momento en el que las provincias enfrentan fuertes restricciones fiscales.

La decisión, además, llega después de numerosos cruces entre Ziliotto y Milei por los fondos nacionales que La Pampa reclama.

¿Una decisión jurídica o una jugada política?

El Gobierno nacional tiene argumentos jurídicos para defender su decisión. El decreto cita leyes, dictámenes de la Procuración del Tesoro y fallos de la Corte Suprema que sostienen que las regalías deben asociarse con la ubicación efectiva de la fuente hidroeléctrica.

Pero eso no elimina la dimensión política.

Porque el resultado concreto es difícil de ignorar:

La Pampa pierde. Mendoza gana. Ziliotto enfrenta nuevamente a Milei. Y Cornejo, aliado político de la Casa Rosada, obtiene un beneficio económico para su provincia.

La discusión sobre el Atuel lleva décadas y no comenzó con Milei ni con Ziliotto. Tampoco puede reducirse a una pelea entre gobernadores.

Pero la decisión presidencial abre un nuevo interrogante sobre el modo en que el Gobierno nacional utiliza sus facultades para resolver conflictos entre provincias.

Especialmente porque la cuestión de fondo todavía tiene una causa judicial abierta y porque el propio decreto reconoce la validez histórica del régimen que ahora deja sin efecto.

La Pampa ya anunció que irá nuevamente a la Justicia.

Mientras tanto, Mendoza se queda con el 100% de las regalías.

Y el río Atuel vuelve a convertirse en el escenario de una disputa donde el agua, el ambiente, la energía y los recursos económicos se mezclan con algo que en la Argentina suele pesar tanto como cualquier argumento jurídico: la política.