Finlandia: Google taló 400.000 árboles para instalar centros de datos y enfrenta una investigación por posibles irregularidades

La expansión de la inteligencia artificial tiene un costo ambiental cada vez más visible en Finlandia. Google desmontó unas 330 hectáreas de bosque en Muhos, en el norte del país, donde fueron talados aproximadamente 250.000 árboles para preparar el terreno destinado a un nuevo centro de datos. En otro emplazamiento, en Otanmäki, cerca de Kajaani, la ecóloga Mari Annala, integrante de la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza, estimó que se eliminaron otros 150.000 ejemplares.

Si se confirman ambas estimaciones, la tala alcanzaría los 400.000 árboles. La intervención también incluyó la remoción de la capa superficial del suelo, la construcción de caminos y trabajos de drenaje.

El conflicto se agravó porque las tareas preparatorias avanzaron antes de que concluyeran las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes. El 6 de octubre, la Autoridad Finlandesa de Licencias y Supervisión ordenó a Tuike Finland, la filial local de Google, suspender los trabajos que pudieran modificar significativamente el ambiente en los dos emplazamientos.

La medida debía cumplirse a más tardar el 23 de octubre y se mantendrá hasta que finalicen los procedimientos de evaluación ambiental. La suspensión alcanza actividades como la tala, la remoción del suelo, los movimientos de tierra y las modificaciones del drenaje, aunque permite continuar con determinados estudios y tareas de impacto reducido.

La controversia ya no se limita a la pérdida de vegetación: también involucra posibles consecuencias sobre los cursos de agua, los hábitats silvestres y los mecanismos de control estatal de las inversiones tecnológicas.

Investigan posibles irregularidades en el proyecto

La autoridad de supervisión finlandesa solicitó que la Policía investigue posibles irregularidades vinculadas con el proyecto de Muhos. La presentación se suma a pedidos de investigación realizados por particulares, mientras las autoridades buscan determinar si existen elementos suficientes para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Hasta el último reporte disponible del 26 de octubre, no había una conclusión oficial que estableciera responsabilidades penales. Por eso, el caso debe distinguirse de una condena judicial: lo que existe es un conflicto regulatorio y una investigación solicitada para determinar si se cometieron infracciones.

La suspensión de los trabajos constituye, sin embargo, una señal concreta de la gravedad de las observaciones ambientales. La autoridad consideró que las intervenciones podían modificar sustancialmente las condiciones naturales de los terrenos antes de que se completaran los estudios destinados a identificar sus consecuencias.

El episodio también abrió cuestionamientos sobre el papel de las autoridades locales y los permisos otorgados durante la preparación de los proyectos. En Kajaani, el municipio explicó que el desarrollo pasó por distintas etapas de planificación y que se realizaron relevamientos ecológicos. No obstante, aclaró que la evaluación del cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental corresponde a las autoridades competentes.

La discusión de fondo es si los mecanismos de control fueron suficientes para impedir que se transformaran extensas superficies forestales antes de determinar integralmente las consecuencias de las obras.

La preocupación ahora alcanza al agua

Uno de los aspectos más delicados del caso es la posible alteración de los recursos hídricos. En Muhos, el área desmontada se encuentra a unos 400 metros del río Oulujoki. Habitantes de la zona denunciaron la presencia de agua marrón que, según sus testimonios, llegaría desde el terreno intervenido hasta un arroyo conectado con ese sistema fluvial.

La preocupación no se limita al color del agua. En el área existen formaciones de esquisto negro que pueden liberar sustancias capaces de acidificar el agua y aumentar la concentración de determinados metales cuando quedan expuestas al aire por movimientos de tierra.

Las autoridades ambientales detectaron indicios que justifican controles adicionales y exigieron a la empresa un plan de gestión del agua más detallado antes del 5 de noviembre. El documento debe precisar las medidas previstas, la ubicación de las estructuras, el cronograma de ejecución y los mecanismos de seguimiento del agua, con participación de una entidad independiente.

Además, los trabajos de drenaje requieren una evaluación específica conforme a la legislación hídrica. La autoridad advirtió que el uso de cal para neutralizar la acidez no sería suficiente, por sí solo, para resolver el problema.

Todavía deben establecerse el alcance de las posibles alteraciones y sus consecuencias ambientales. Sin embargo, la necesidad de nuevos controles demuestra que el impacto del desmonte debe analizarse más allá de la cantidad de árboles eliminados.

La pérdida de la vegetación, la remoción del suelo y las modificaciones en el drenaje pueden cambiar la circulación del agua y aumentar el riesgo de erosión. Si se confirma una alteración química de los cursos de agua, el problema podría extenderse a los ecosistemas vinculados y requerir medidas de prevención y remediación.

Google pidió disculpas, pero cuestionó las acusaciones

Tras la polémica, el director de Google en Finlandia, Antti Järvinen, pidió disculpas por la situación y sostuvo que la empresa había actuado según la interpretación de la legislación que consideraba correcta en ese momento.

El ejecutivo reconoció que la compañía había quedado por debajo de sus propios estándares y aseguró que cumpliría con las indicaciones de las autoridades. También rechazó haber actuado con negligencia y negó haber presionado a los municipios para acelerar los trabajos.

Google anunció, además, que prevé plantar árboles en unas 130 hectáreas de Muhos como parte de sus planes de recuperación paisajística y biodiversidad.

La propuesta recibió críticas de organizaciones conservacionistas, que consideran insuficiente la superficie prevista para compensar la pérdida forestal. Un bosque establecido no se reemplaza inmediatamente mediante nuevas plantaciones: su recuperación implica procesos prolongados de regeneración del suelo, desarrollo de hábitats y restablecimiento de relaciones ecológicas.

Por otra parte, la plantación de árboles no resuelve por sí sola los posibles problemas de calidad del agua ni las alteraciones producidas por los movimientos de tierra. Para evaluar la recuperación ambiental será necesario considerar cada uno de esos impactos.

Una inversión millonaria y un reclamo que supera las 96.000 firmas

Los proyectos forman parte del plan de Google para invertir unos 13.000 millones de euros en infraestructura tecnológica en Finlandia. La iniciativa busca ampliar la capacidad de procesamiento necesaria para servicios digitales y aplicaciones de inteligencia artificial.

El país ofrece condiciones atractivas para este tipo de instalaciones, entre ellas temperaturas bajas que pueden reducir parte de las necesidades de refrigeración y disponibilidad de electricidad de origen renovable. Sin embargo, esas ventajas no eliminan los costos ambientales de construir centros de datos ni garantizan que los beneficios económicos se distribuyan entre las comunidades cercanas.

La controversia alimentó un reclamo ciudadano que superó las 96.000 firmas. La iniciativa solicita regulaciones más estrictas para estas instalaciones, mecanismos que eviten que perjudiquen el abastecimiento eléctrico y medidas para compensar a las comunidades por los daños ambientales y el consumo de recursos.

El debate también alcanza al Gobierno finlandés, que promueve la llegada de inversiones tecnológicas por su potencial para generar actividad económica, empleo e ingresos fiscales. El caso de Google, sin embargo, expone la tensión entre esa estrategia y la protección de los ecosistemas.

La expansión de los centros de datos demanda terrenos, electricidad, infraestructura y sistemas de refrigeración. A medida que crece la inteligencia artificial, también aumenta la necesidad de evaluar qué recursos se utilizan, qué impactos se generan y qué controles deben cumplirse antes de iniciar las obras.

En Finlandia, la discusión ya llegó al terreno político y podría convertirse en un tema relevante de las elecciones parlamentarias previstas para abril de 2027.

Mientras continúa la controversia, la prioridad inmediata es completar las evaluaciones ambientales, determinar las consecuencias de los trabajos realizados y establecer si hubo infracciones. El caso deja una pregunta central: ¿puede justificarse la expansión de una tecnología presentada como símbolo de innovación cuando su infraestructura implica destruir bosques y genera nuevos riesgos para los ecosistemas locales?