Salta: represión, amenazas de demolición y entrega de tierras, el avance del Estado contra la Comunidad Lule

La Comunidad Lule de Finca Las Costas volvió a movilizarse este lunes 5 de octubre para defender sus viviendas y el territorio que ocupa tradicionalmente. Las familias salieron nuevamente a reclamar en medio de una escalada que lleva años y que ahora alcanza un punto especialmente grave: más de 20 familias recibieron intimaciones para paralizar y demoler viviendas, ampliaciones y otras construcciones ubicadas dentro de la Reserva Natural de Uso Múltiple Finca Las Costas.

Las órdenes establecen un plazo de 25 días y advierten que, si las familias no cumplen, las medidas podrían ser ejecutadas por la fuerza. De esta manera, una comunidad indígena que vive desde generaciones en el territorio se encuentra nuevamente frente al poder del Estado, que puede terminar utilizando sus organismos administrativos, la Justicia y la Policía para avanzar sobre las viviendas de quienes reclaman el reconocimiento de sus derechos territoriales.

El conflicto, sin embargo, no comenzó esta semana. La Comunidad Lule lleva años enfrentando causas judiciales, restricciones para construir y desarrollar actividades tradicionales, intervenciones policiales y decisiones políticas que afectan directamente las tierras que reivindica como territorio ancestral. La situación actual es el resultado de una historia en la que las familias fueron quedando cada vez más acorraladas, mientras distintos sectores privados lograron avanzar sobre partes del mismo territorio.

Una comunidad indígena con derechos sobre su territorio

La Comunidad Indígena Lule de Finca Las Costas pertenece al pueblo Lule y cuenta con personería jurídica reconocida por el Estado. Sus familias viven históricamente en la zona ubicada en el municipio de San Lorenzo, donde desarrollaron actividades agrícolas, ganaderas y de subsistencia mucho antes de que el territorio fuera convertido en una reserva y mucho antes de que aparecieran los actuales proyectos privados.

Finca Las Costas tiene además una importancia ambiental fundamental para Salta. La zona fue declarada reserva por su valor como cuenca productora de agua potable y posteriormente incorporada al régimen de Reserva Natural de Uso Múltiple. Se trata de un territorio estratégico para la conservación de los recursos hídricos y de los ecosistemas que rodean a la ciudad de Salta.

Pero que Finca Las Costas sea una reserva ambiental no elimina los derechos de quienes la habitan tradicionalmente. La Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y establece el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. A eso se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga al Estado a proteger los derechos territoriales indígenas y a consultar a las comunidades cuando se toman medidas que puedan afectar directamente sus derechos.

Por eso, la Comunidad Lule no puede ser tratada como un grupo de simples ocupantes que apareció recientemente dentro de una reserva. Existe una historia territorial, una identidad comunitaria y un conjunto de derechos reconocidos por normas nacionales e internacionales que el Gobierno provincial y la Justicia tienen la obligación de respetar.

La Justicia y las restricciones que terminaron golpeando a las familias

Uno de los principales antecedentes del conflicto actual es un amparo ambiental iniciado en 2020 para proteger Finca Las Costas frente a distintas situaciones que podían afectar la calidad del agua y el ambiente. En ese expediente intervino la jueza María Guadalupe Villagrán, quien dispuso medidas cautelares destinadas a impedir nuevas construcciones y determinadas actividades dentro del área protegida.

La protección de una reserva hídrica es necesaria y no está en discusión. El problema aparece cuando las medidas terminan afectando directamente las condiciones de vida de una comunidad indígena que ya habitaba el territorio y que necesita construir, ampliar sus viviendas, criar animales y desarrollar actividades de subsistencia.

En 2021, integrantes de la Comunidad Lule ya habían advertido que las restricciones judiciales les impedían ampliar sus casas y mantener animales, afectando actividades tradicionales y la economía de las familias. El conflicto entre la protección ambiental y la permanencia de la comunidad comenzó entonces a profundizarse, pero la respuesta estatal nunca terminó de abordar el problema central: cómo proteger la reserva respetando al mismo tiempo los derechos territoriales de los Lule.

Ahora la situación llegó mucho más lejos. Las intimaciones de la Secretaría de Ambiente amenazan directamente con la demolición de viviendas. Las familias tienen un plazo para cumplir y, si no lo hacen, el Estado podría avanzar mediante la fuerza. Lo que comenzó como una medida de protección ambiental termina poniendo en riesgo el techo de familias indígenas.

El conflicto judicial lleva años y el Estado conoce su dimensión

El conflicto de Finca Las Costas tampoco es desconocido para la Justicia salteña. Durante años se acumularon investigaciones y denuncias relacionadas con la ocupación territorial. En 2021, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio intervino en una investigación iniciada en 2016 por supuestas usurpaciones dentro de la reserva.

En aquel momento se hablaba de más de 200 denuncias y unas 30 causas relacionadas con Finca Las Costas. La propia investigación estatal incorporó información sobre el territorio reclamado por la Comunidad Lule, que había presentado un mapa donde identificaba aproximadamente 11.500 hectáreas como parte del espacio territorial reivindicado.

Es decir, las autoridades judiciales conocen desde hace años que detrás de cada expediente por una vivienda o una ocupación existe un conflicto territorial mucho mayor. No se trata simplemente de determinar si una construcción fue realizada en una fecha determinada, sino de resolver cómo se garantizan los derechos de una comunidad indígena dentro de un territorio cuya ocupación tradicional está documentada.

Por eso, la demolición de viviendas no puede ser presentada como un simple procedimiento administrativo. Para las familias Lule significa perder el lugar donde viven y profundizar un proceso de desplazamiento que la comunidad viene denunciando desde hace años.

El ambiente no puede convertirse en una excusa para perseguir a los Lule

La protección ambiental de Finca Las Costas debe ser integral. Si existen pozos ciegos que contaminan el agua, tienen que ser controlados. Si existen construcciones que generan impactos ambientales, deben adoptarse medidas. Pero exactamente el mismo criterio debería aplicarse a todas las actividades que puedan afectar la reserva y no solamente a las viviendas de las familias indígenas.

Durante inspecciones realizadas en la zona también fueron detectadas situaciones relacionadas con extracción y clasificación de áridos en sectores vinculados al arroyo o río El Lecheronal. La comunidad además viene señalando los problemas provocados por el tránsito de camiones que transportan ripio y por el deterioro de caminos y cañerías.

La discusión ambiental, entonces, no puede reducirse a las casas de los Lule. Si el objetivo real es proteger el agua y el ecosistema de Finca Las Costas, el Estado debe controlar todas las actividades que puedan producir impactos, independientemente de quién las realice.

La comunidad no debería convertirse en el único blanco de una política ambiental que pretende proteger una reserva. Mucho menos cuando esas medidas pueden terminar destruyendo viviendas de familias que históricamente viven allí.

Mientras los Lule enfrentan demoliciones, el Gobierno entrega tierras a un club de rugby

La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando se analiza lo ocurrido este año con el Tigres Rugby Club. En junio, la Legislatura de Salta aprobó la Ley 8543, que habilitó al Gobierno provincial a entregar en comodato durante 25 años unas 8,8 hectáreas del territorio reclamado por la Comunidad Lule.

La norma terminó promulgada después de que el gobernador Gustavo Sáenz no la vetara. El terreno no es una superficie sin historia ni habitantes: forma parte de un territorio que la comunidad reivindica como ancestral y sobre el cual lleva años reclamando reconocimiento.

El tratamiento de la iniciativa generó una fuerte reacción de la Comunidad Lule, que se movilizó frente a la Legislatura. El senador Walter Cruz cuestionó la decisión y calificó la cesión como un despojo, mientras distintos sectores señalaron que el proceso no respetó adecuadamente el derecho de la comunidad a una consulta previa, libre e informada.

La contradicción queda expuesta cuando se comparan ambas situaciones. Para las familias Lule existen restricciones judiciales, intimaciones, expedientes y amenazas de demolición. Para un club de rugby existe una ley provincial que permite ocupar durante 25 años casi nueve hectáreas del territorio reclamado por la comunidad.

El Estado parece tener una vara para las familias indígenas y otra para las instituciones privadas. Esa diferencia es precisamente una de las razones por las que el conflicto continúa creciendo.

La historia comenzó antes de Gustavo Sáenz

El actual gobernador no creó el conflicto territorial, pero sí tiene responsabilidad sobre las decisiones que se toman durante su administración. Y la historia demuestra que el problema viene de mucho antes.

En enero de 2010, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, la Comunidad Lule fue reprimida cuando intentaba impedir el ingreso de maquinaria vinculada con obras del Jockey Club de Salta sobre unas cinco hectáreas que la comunidad reclamaba como parte de su territorio.

En aquella oportunidad intervinieron efectivos de la Policía de Salta, entre ellos integrantes de Infantería y de la Brigada. Hubo integrantes de la comunidad golpeados y detenidos. Entre las personas detenidas estuvieron Estela Guzmán, que se encontraba embarazada, y Pastora Vilte, quien sufrió una descompensación durante el procedimiento. La comunidad también denunció agresiones contra periodistas que se encontraban cubriendo el conflicto.

El episodio dejó una marca profunda porque la intervención policial terminó favoreciendo el avance de un proyecto privado sobre tierras que los Lule reivindicaban como propias. Años después, algunos integrantes de la comunidad también enfrentaron causas judiciales derivadas de aquel conflicto.

El juez Pablo Farah intervino en ese proceso y dictó procesamientos contra integrantes de la comunidad por hechos vinculados con la resistencia al avance sobre las tierras. Una vez más, el conflicto territorial terminó trasladándose desde el territorio hacia los tribunales y convirtió a integrantes de la comunidad en acusados.

Dieciséis años después, vuelve a aparecer el rugby

El antecedente de 2010 resulta imposible de ignorar cuando se observa lo ocurrido en 2026. En aquel momento fue el Jockey Club. Ahora es el Tigres Rugby Club. En ambos casos aparecen instituciones deportivas interesadas en tierras reclamadas por la Comunidad Lule y en ambos períodos la comunidad debe salir a defender su territorio.

La diferencia es que ahora la presión estatal no se limita a una cesión de tierras. Las familias también enfrentan intimaciones para demoler sus viviendas, mientras la Policía vuelve a aparecer frente a las movilizaciones.

La sucesión de hechos permite entender por qué los Lule no consideran cada medida como un episodio aislado. Para ellos existe una continuidad: cada nueva decisión estatal reduce el espacio disponible para la comunidad mientras distintos intereses externos avanzan sobre el territorio.

No se puede analizar la situación actual sin recordar que en 2010 ya hubo una intervención policial para permitir el ingreso de maquinaria relacionada con un club de rugby. Tampoco se puede ignorar que ahora, después de una nueva cesión a otra institución deportiva, las familias enfrentan órdenes que pueden terminar destruyendo sus propias casas.

Gustavo Sáenz debe responder por la política de su Gobierno

Gustavo Sáenz es el gobernador de Salta y, por lo tanto, tiene responsabilidad política sobre las decisiones de su administración. Durante su gestión se aprobó la cesión de las casi nueve hectáreas al Tigres Rugby Club y el Ejecutivo provincial permitió que la norma quedara vigente.

Al mismo tiempo, bajo su gobierno la política ambiental de Finca Las Costas desembocó en intimaciones que amenazan con la demolición de viviendas de familias Lule. La Provincia sostiene que busca proteger la reserva y el agua, pero no puede pretender que la protección ambiental se construya a costa de quienes tienen derechos territoriales reconocidos por la Constitución.

Si existen actividades contaminantes, deben ser controladas. Si existen construcciones ilegales, deben analizarse. Si existen problemas con el agua, deben resolverse. Pero el control debe ser igual para todos y no puede convertirse en una herramienta para expulsar a una comunidad indígena de su territorio.

Sáenz tampoco puede desentenderse del accionar policial. Cuando una comunidad indígena se moviliza para reclamar por sus viviendas y su territorio, la respuesta del Estado debe ser política y jurídica, no una escalada de represión y fuerza.

La Policía tiene antecedentes demasiado graves

La intervención policial contra la Comunidad Lule tiene un antecedente que debería obligar a las autoridades a extremar los cuidados. En 2010 hubo mujeres detenidas, personas golpeadas y denuncias de violencia durante el operativo desarrollado en Finca Las Costas.

Por eso, cada nueva intervención policial sobre la comunidad debe ser analizada teniendo en cuenta esa historia. No se trata de una comunidad que recién ahora tiene un conflicto con la fuerza de seguridad: existe un antecedente concreto de represión relacionado con la defensa del territorio.

La movilización de este lunes 5 de octubre vuelve a mostrar la tensión existente. Las familias se movilizaron porque enfrentan una amenaza directa sobre sus viviendas y porque entienden que las decisiones adoptadas por el Estado afectan su permanencia en Finca Las Costas.

En lugar de garantizar canales de diálogo y una solución que respete los derechos indígenas, el conflicto vuelve a tener a la Policía como protagonista. Eso demuestra que el Estado todavía no encontró una respuesta compatible con los derechos de la comunidad.

La Justicia no puede mirar solamente una pared y olvidar el territorio

La Justicia salteña también debe asumir su responsabilidad. No alcanza con analizar si una vivienda fue construida antes o después de una determinada medida cautelar. Antes de llegar a una demolición, debe analizarse el contexto territorial, la condición indígena de las familias y los derechos que la Constitución y el Convenio 169 reconocen.

La protección ambiental tampoco puede interpretarse de manera aislada. El derecho ambiental y los derechos indígenas no son enemigos. Una reserva puede y debe protegerse sin expulsar a las comunidades que tradicionalmente viven en ella.

Lo que debería hacer el Estado es encontrar mecanismos que permitan conservar el ambiente, garantizar el agua y, al mismo tiempo, respetar la vida comunitaria y los derechos territoriales de los Lule.

Si la única solución que aparece sobre la mesa es derribar viviendas, entonces el problema no está siendo resuelto: está siendo trasladado sobre las familias más vulnerables.

El Convenio 169 obliga a consultar a la comunidad

El derecho a la consulta previa, libre e informada tampoco puede ser reducido a una reunión o a una invitación posterior a que las decisiones ya fueron tomadas. El Convenio 169 de la OIT establece que los pueblos indígenas deben ser consultados mediante procedimientos apropiados y de buena fe cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

La Comunidad Lule cuestionó precisamente el proceso utilizado para avanzar con la cesión de tierras al Tigres Rugby Club. La consulta debía producirse antes de adoptar una decisión que afectara el territorio y debía garantizar una participación efectiva de la comunidad.

La situación se vuelve todavía más delicada porque no se trata de tierras sin ocupación ni de un territorio cuya relación con los Lule sea reciente. La comunidad sostiene una ocupación tradicional y cuenta con reconocimiento estatal de su existencia como pueblo indígena.

Por eso, el Estado no puede primero decidir sobre las tierras y después pedirle a la comunidad que acepte las consecuencias.

Finca Las Costas no puede ser tratada como tierra disponible

El conflicto de Finca Las Costas concentra una disputa ambiental, territorial y política que Salta arrastra desde hace décadas. La reserva debe protegerse porque es fundamental para el agua y para la biodiversidad, pero esa protección no puede utilizarse para desconocer los derechos de una comunidad indígena.

Las familias Lule necesitan poder vivir en su territorio, desarrollar sus actividades tradicionales y participar en las decisiones que afectan directamente sus vidas. Si existen problemas ambientales, deben resolverse con políticas públicas y controles efectivos, no destruyendo viviendas.

Y mucho menos resulta aceptable que el mismo Estado que amenaza con demoler las casas de las familias permita entregar casi nueve hectáreas a un club de rugby durante 25 años.

La diferencia de trato es demasiado evidente para ignorarla.

Una historia de avance estatal sobre una comunidad indígena

La historia de Finca Las Costas muestra una sucesión de episodios que no pueden ser separados. En 2010 hubo represión durante un conflicto por tierras vinculadas al Jockey Club. Después llegaron nuevas causas judiciales y acusaciones contra integrantes de la comunidad. En 2020 comenzó el amparo ambiental que derivó en restricciones sobre construcciones y actividades. En 2021 los Lule volvieron a advertir sobre el impacto de esas medidas en sus formas de vida. En 2026 apareció una nueva cesión de tierras al Tigres Rugby Club y ahora las familias enfrentan intimaciones de demolición.

En todos esos momentos aparece el mismo problema de fondo: la Comunidad Lule intenta permanecer y defender su territorio mientras distintas decisiones estatales reducen sus posibilidades de hacerlo.

Por eso, lo ocurrido este lunes 5 de octubre no puede ser contado como una simple protesta vecinal. Es un nuevo capítulo de un conflicto territorial indígena que lleva años sin una solución respetuosa de los derechos de la comunidad.

Los Lule deberían ser protegidos, no perseguidos

La Comunidad Lule no es un obstáculo para la protección ambiental de Finca Las Costas. Tampoco puede ser presentada como una amenaza para la reserva por el simple hecho de vivir allí y reclamar sus derechos.

Los Lule tienen una historia en ese territorio, una identidad comunitaria reconocida y derechos establecidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales. El Estado tiene la obligación de proteger esos derechos, no de utilizar su estructura administrativa, judicial y policial para poner a las familias contra las cuerdas.

Gustavo Sáenz debe responder por las decisiones de su Gobierno, la Justicia debe revisar el impacto de las medidas adoptadas sobre las familias y la Policía debe garantizar que ninguna intervención vuelva a repetir los episodios de violencia que ya forman parte de la historia de Finca Las Costas.

La discusión ambiental debe ser seria y debe alcanzar a todos. Si el agua está en riesgo, el Estado tiene que controlar todas las actividades que puedan contaminarla. Si la reserva está amenazada, debe protegerla. Pero proteger el ambiente no significa destruir las casas de quienes históricamente habitan el territorio.

La Comunidad Lule no necesita que el Estado le permita existir. El Estado tiene la obligación de reconocer que los Lule ya existen, que tienen derechos y que esos derechos no pueden quedar subordinados a los intereses de un club de rugby, a una decisión administrativa o a una orden de demolición.

Lo que ocurre en Finca Las Costas vuelve a poner frente a frente dos modelos: uno en el que el territorio se administra desde los despachos y se entrega cuando aparecen intereses privados, y otro en el que se reconoce a quienes lo habitan y se respetan sus derechos. Después de años de conflictos, causas judiciales y represión, la Comunidad Lule sigue defendiendo lo mismo: su territorio, sus viviendas y el derecho a permanecer donde vivieron sus familias durante generaciones.