La Política Ambiental
La disputa judicial por la reforma de la Ley de Glaciares suma un nuevo capítulo. A más de cinco meses de la presentación de una demanda colectiva respaldada por más de 850.000 personas, la Justicia Federal todavía no resolvió las medidas cautelares solicitadas para suspender los efectos de la Ley 27.804, que modificó el régimen de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Recién el 8 de octubre, el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, se declaró competente para intervenir en el expediente. La decisión representa un primer avance procesal, pero deja sin respuesta el reclamo principal de las organizaciones: impedir que la aplicación de la reforma genere daños ambientales irreversibles mientras se discute su constitucionalidad.
El 5 de mayo de 2026, Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas territoriales y organizaciones de diferentes provincias, presentaron una acción judicial para cuestionar la constitucionalidad de la reforma.
La presentación reunió más de 850.000 adhesiones en menos de dos semanas, convirtiéndose en una de las movilizaciones ciudadanas más significativas en defensa de los glaciares argentinos.
Las entidades sostienen que las modificaciones introducidas por la Ley 27.804 debilitan la protección establecida por la Ley 26.639 y permiten que determinadas formaciones glaciares o periglaciares puedan quedar fuera del régimen especial de tutela ambiental.
La reforma, sancionada el 8 de abril y publicada en el Boletín Oficial el 24 de abril, otorgó a las autoridades jurisdiccionales mayores facultades para identificar, mediante estudios técnico-científicos, las formaciones que cumplen funciones hídricas protegidas por la legislación.
Para las organizaciones demandantes, ese cambio constituye una regresión ambiental incompatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional y los principios de prevención y precaución.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto se encuentra en la provincia de San Juan.
El 16 de junio, el Gobierno nacional aprobó la incorporación del proyecto minero Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según las organizaciones ambientalistas, dentro de su zona de intervención se encuentra el glaciar identificado como GE110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares.
Ante esta situación, el 23 de junio las entidades presentaron una nueva solicitud judicial para impedir cautelarmente que esa formación pudiera ser retirada del Inventario mientras se analiza la constitucionalidad de la reforma.
Sin embargo, tampoco obtuvieron una resolución sobre ese pedido.
La preocupación radica en que una eventual modificación de la situación jurídica del glaciar podría afectar el alcance de las restricciones ambientales aplicables a proyectos extractivos en la zona.
La inclusión del emprendimiento en el RIGI no demuestra por sí misma que se haya producido un daño sobre el glaciar. El planteo judicial apunta, precisamente, a prevenir posibles afectaciones antes de que se concreten.
Las organizaciones también cuestionaron la resolución del 8 de octubre por las observaciones procesales formuladas respecto de distintas presentaciones de personas y agrupaciones que acompañan la acción colectiva.
Entre ellas se encuentran Marta Maffei, impulsora de la Ley de Glaciares original, y referentes de la Asamblea de Jáchal, en San Juan.
Según las entidades, estos cuestionamientos podrían limitar la participación de actores sociales directamente vinculados con la defensa de los glaciares y de las comunidades afectadas por proyectos extractivos.
Además, señalaron que ya presentaron dos pedidos de pronto despacho para obtener una respuesta sobre las medidas cautelares.
La demora adquiere especial relevancia porque el objeto de esas medidas no consiste en resolver definitivamente la constitucionalidad de la ley, sino en evitar posibles daños de difícil o imposible reparación mientras continúa el proceso.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, estableció presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial, reconociendo su importancia como reservas estratégicas de agua dulce.
Entre sus disposiciones se encuentran restricciones a actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales que puedan afectar estas áreas protegidas.
La modificación aprobada en 2026 incorporó un esquema que vincula el alcance de la protección especial con la determinación de funciones hídricas y atribuye un papel central a las autoridades jurisdiccionales.
Mientras el Gobierno nacional y los sectores que respaldan la reforma defienden la necesidad de compatibilizar la preservación ambiental con las competencias provinciales y el desarrollo productivo, las organizaciones ambientalistas advierten que el nuevo régimen podría facilitar el avance de actividades extractivas sobre territorios ambientalmente sensibles.
El caso plantea una cuestión que excede la discusión sobre la política minera argentina: la eficacia de la tutela judicial preventiva en materia ambiental.
El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano, mientras que la Ley General del Ambiente 25.675 establece los principios de prevención y precaución frente a riesgos de daño ambiental.
Desde esa perspectiva, una eventual sentencia que llegue después de producido un daño irreversible podría resultar insuficiente para garantizar una protección efectiva.
Hasta el momento, según la información difundida por las organizaciones el 8 de octubre, la Ley 27.804 continúa vigente y los pedidos cautelares permanecen pendientes de resolución.
Después de cinco meses, más de 850.000 adhesiones y reiteradas presentaciones judiciales, la discusión no es solamente qué protección deben recibir los glaciares argentinos, sino si la Justicia actuará a tiempo para evitar los daños que se pretende prevenir.
