
San Luis: aprobaron una explotación de áridos en un arroyo clave y denuncian que impidieron la participación ciudadana
La Política Ambiental
La participación ciudadana volvió a quedar en el centro de la discusión ambiental en San Luis. El Gobierno provincial aprobó la explotación de áridos en el arroyo La Sepultura, en cercanías de Cortaderas, después de un procedimiento de consulta pública cuestionado por organizaciones ambientales y vecinos de la zona. La Asamblea Guardianes de las Sierras Comechingones denuncia que las autoridades convocaron a participar durante apenas diez días, no respondieron cuatro pedidos de información y ofrecieron acceso a una copia digital del expediente cuando la autorización ambiental ya estaba otorgada.
El emprendimiento corresponde a la cantera de áridos «ABU», cuyo titular es Lucas Daniel Buri. El expediente está identificado como EXD 0000-3250585/24 y fue tramitado ante la Dirección General de Ambiente de San Luis.
El caso plantea interrogantes sobre los controles ambientales y el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana. No alcanza con publicar una convocatoria en el Boletín Oficial si después se imponen condiciones que dificultan el acceso a la documentación y no permiten que los vecinos conozcan el proyecto antes de que se tome una decisión.
Además, el arroyo La Sepultura tiene una importancia particular para la región: es el principal curso natural que alimenta al dique Piscu Yaco, uno de los reservorios de agua de la Costa de los Comechingones.
Diez días para revisar un expediente y cuatro pedidos sin respuesta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable publicó la convocatoria a consulta pública los días 18 y 21 de septiembre de 2026. El plazo establecido fue de diez días corridos para que los sectores involucrados pudieran realizar consultas sobre la auditoría ambiental presentada para la explotación de áridos.
El expediente, que ya estaba identificado desde 2024, debía consultarse presencialmente en las oficinas de la Dirección de Gestión Ambiental y Fiscalización, ubicadas en Terrazas del Portezuelo, en la ciudad de San Luis.
La Asamblea Guardianes de las Sierras Comechingones envió cuatro correos electrónicos, los días 22, 24, 25 y 28 de septiembre, para solicitar acceso digital remoto a la documentación e información sobre los mecanismos de participación. Según denunció la organización, ninguno recibió respuesta.
Ante el silencio administrativo, una persona de la Asamblea viajó hasta las oficinas provinciales y consiguió consultar el expediente electrónico desde una computadora. Sin embargo, cuando solicitó una copia digital para poder analizar la documentación, tampoco se la entregaron, incluso después de ofrecer un pendrive.
La situación resulta especialmente cuestionable porque se trataba de un expediente electrónico y de una consulta pública que debía permitir el análisis de la información ambiental por parte de la ciudadanía.
Tampoco se informó públicamente, en la convocatoria oficial, la superficie involucrada ni el volumen de áridos previsto para la explotación, datos relevantes para dimensionar las características del emprendimiento y sus posibles impactos.
El Gobierno aprobó la cantera antes de responder los reclamos
El 21 de octubre, la Dirección General de Ambiente aprobó el Informe de Impacto Ambiental de la cantera ABU mediante la Resolución 227-DSA-DGA-MDPS-2026.
La autorización llegó sin que las autoridades hubieran respondido los cuatro correos enviados por Guardianes durante el período de consulta pública.
Recién el 10 de noviembre, la directora general de Ambiente, Giuliana Torti, firmó una respuesta oficial a la Asamblea. En esa comunicación ofreció entregar una copia digital del expediente, pero volvió a condicionar el acceso a que los integrantes de la organización viajaran presencialmente hasta San Luis capital.
La respuesta tampoco explicó por qué los pedidos anteriores habían quedado sin contestación ni por qué no se permitió obtener la documentación durante la consulta pública.
Además, propuso realizar una reunión informativa cuando la aprobación ambiental ya había sido otorgada. La autoridad tampoco se pronunció expresamente sobre el pedido de audiencia pública, que contaba con 91 adhesiones ciudadanas.
De esta manera, los vecinos recibieron una propuesta para acceder a la información y mantener una reunión después de que la decisión administrativa que buscaban discutir ya había sido tomada.
«No es participación efectiva convocar a los vecinos por diez días, hacia el final del proceso, no responder sus pedidos de información y ofrecerles el expediente cuando la autorización ya está otorgada. Así, la ciudadanía queda afuera de la decisión que debía poder discutir», sostuvo la Asamblea.
El arroyo La Sepultura alimenta al dique Piscu Yaco
Más allá de las irregularidades denunciadas en el procedimiento, la explotación también despierta preocupación por la importancia hídrica del lugar.
El arroyo La Sepultura es el principal curso natural que alimenta al dique Piscu Yaco, un reservorio de agua ubicado en la Costa de los Comechingones. Por lo tanto, cualquier intervención sobre el cauce requiere controles ambientales rigurosos y una evaluación de sus posibles consecuencias sobre la dinámica hídrica.
La extracción de áridos en cursos de agua puede modificar el lecho, alterar el transporte de sedimentos, favorecer procesos de erosión y afectar las condiciones de circulación del agua. Dependiendo de la escala y las características de la explotación, también puede generar alteraciones en las márgenes y en los hábitats acuáticos.
En este caso, todavía resulta necesario conocer en detalle el volumen de extracción autorizado, las zonas de intervención, las condiciones operativas y las medidas de mitigación y monitoreo previstas. Sin esa información no es posible dimensionar el impacto concreto de la cantera sobre el arroyo y el sistema hídrico asociado.
La preocupación adquiere mayor relevancia si se considera que, a fines de agosto, San Luis Agua había realizado un monitoreo de agua cruda en el arroyo La Sepultura y el dique Piscu Yaco, con toma de muestras para estudios fisicoquímicos, orgánicos y microbiológicos.
Es decir, el propio Estado provincial venía realizando controles sobre estos recursos hídricos, mientras avanzaba el procedimiento para autorizar una actividad extractiva sobre uno de los cursos que abastece al dique.
La Defensoría ya había advertido sobre el silencio de los organismos públicos
El conflicto también vuelve a poner en discusión el funcionamiento de la administración provincial. En septiembre de 2025, la Defensoría del Pueblo de San Luis había dictado la Resolución 018-DdP-25, en la que advirtió sobre la falta de respuestas de distintas dependencias estatales ante pedidos de información pública.
La resolución instó a los organismos provinciales y municipales a responder dentro de los plazos establecidos por la normativa y señaló que la falta de colaboración vulnera los principios de transparencia y participación ciudadana. Incluso advirtió que las conductas obstruccionistas podían ser comunicadas a la Legislatura.
El antecedente demuestra que el problema de las respuestas administrativas ya había sido señalado por un organismo institucional. Sin embargo, el caso de la cantera ABU vuelve a mostrar las dificultades que enfrentan los ciudadanos cuando necesitan acceder a información pública para intervenir en decisiones ambientales.
Por su parte, la Asamblea Guardianes de las Sierras Comechingones también informó lo sucedido al Punto Focal Nacional del Acuerdo de Escazú.
El tratado internacional, aprobado por Argentina mediante la Ley 27.566, reconoce el derecho a acceder a la información ambiental, participar en las decisiones que puedan afectar el ambiente y recurrir a la Justicia. Además, establece que la participación debe promoverse desde las etapas iniciales de los procesos de toma de decisiones, con información suficiente, oportuna y accesible.
Diputados pidió explicaciones por la explotación y sus impactos
La controversia también llegó a la Legislatura provincial. El proyecto de comunicación PRO 465/26, presentado por el diputado Walter Pollo y otros integrantes del bloque Frente Unidad Justicialista, solicita explicaciones al Poder Ejecutivo sobre la explotación de áridos en el arroyo La Sepultura.
El pedido de informes aborda los posibles impactos ambientales e hídricos del emprendimiento y las garantías ofrecidas para asegurar el acceso a la información pública y la participación ciudadana. La iniciativa fue girada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.
Mientras tanto, Guardianes de las Sierras Comechingones reclama una revisión de los procedimientos provinciales de Evaluación de Impacto Ambiental y acceso a la información pública, para que la participación sea efectiva, oportuna y accesible desde cualquier localidad de San Luis.
El caso de La Sepultura expone una contradicción: el Estado convoca formalmente a la ciudadanía para participar, pero las condiciones de acceso a la información y los tiempos del procedimiento terminan limitando esa posibilidad. Cuando las respuestas llegan después de la autorización ambiental, la consulta pierde buena parte de su sentido.
La participación ciudadana no puede reducirse a publicar un aviso durante diez días y exigir que los vecinos viajen hasta la capital para consultar un expediente. Debe garantizarse antes de tomar las decisiones, con información completa y mecanismos que permitan discutir los proyectos e incidir realmente en su aprobación.


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