Entre Ríos: piden análisis toxicológicos para funcionarios y una revisión urgente de las distancias de fumigación

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay lanzó una iniciativa que apunta directamente a quienes toman decisiones sobre el uso de agrotóxicos en Entre Ríos: propone que funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y miembros del Poder Judicial se realicen análisis toxicológicos para determinar si tienen plaguicidas en sus organismos.

La campaña busca poner en discusión la exposición a estas sustancias y reclamar que las decisiones sobre las fumigaciones contemplen los riesgos sanitarios y ambientales. Al mismo tiempo, la organización prepara una presentación dirigida al gobernador Rogelio Frigerio para exigir una mesa de diálogo sobre las distancias mínimas de aplicación y reclamar que las pulverizaciones terrestres se realicen a no menos de 1.100 metros de las zonas habitadas.

El planteo se produce en un contexto de controversia por la Ley Provincial 11.178, que regula el uso de productos fitosanitarios y establece distancias de exclusión mucho menores que las reclamadas por la Asamblea. Para la organización ambiental, la discusión no puede limitarse a qué permite la normativa: también debe contemplar qué protección necesitan las personas que viven, estudian y trabajan cerca de los campos fumigados.

Análisis toxicológicos para funcionarios, legisladores y jueces

Daniel Ballester, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental, explicó que la organización busca impulsar estudios de sangre y orina para detectar la eventual presencia de plaguicidas en funcionarios provinciales, legisladores y miembros del Poder Judicial.

La intención es producir información estadística sin identificar públicamente a las personas que participen de los análisis. Entre las posibilidades que evalúa la Asamblea se encuentra la coordinación de los estudios con el médico Damián Verzeñassi, vinculado con los campamentos sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La propuesta apunta a trasladar al ámbito político una discusión que suele concentrarse en las normas, las declaraciones oficiales y los expedientes judiciales: qué sustancias están llegando al organismo de las personas y qué medidas deben adoptarse para reducir la exposición.

Entre los antecedentes mencionados por la organización se encuentra una investigación de Virginia Aparicio, técnica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que informó la detección de glifosato en muestras de orina del 84% de las personas analizadas. También se mencionan resultados del proyecto internacional SPRINT, dedicado a estudiar la exposición a productos fitosanitarios, en el que se reportó la presencia de entre seis y trece plaguicidas diferentes en organismos evaluados en Argentina.

La detección de residuos de plaguicidas en una muestra biológica constituye un indicador de exposición, pero no demuestra por sí sola que una persona tenga una enfermedad ni permite establecer automáticamente la gravedad de un eventual daño. Para interpretar los resultados es necesario conocer las sustancias detectadas, sus concentraciones, las vías de exposición y el tiempo durante el cual se produjo el contacto.

La Asamblea considera que generar información sobre la exposición es parte de una discusión que debe involucrar a quienes toman decisiones públicas. Su iniciativa busca que la problemática deje de abordarse solamente cuando aparecen conflictos judiciales y que las políticas de prevención se apoyen en datos científicos.

Una mesa de diálogo con Frigerio para revisar las distancias

La segunda parte del reclamo está dirigida al gobernador Rogelio Frigerio. La Asamblea prepara una carta para solicitar una mesa de diálogo en la que se discutan las distancias mínimas para las fumigaciones y las medidas necesarias para proteger a las poblaciones expuestas.

La organización reclama una distancia de al menos 1.100 metros para las aplicaciones terrestres. El pedido contrasta con el régimen de la Ley Provincial 11.178, que establece diferentes distancias según el lugar protegido y el tipo de equipo utilizado.

En las escuelas rurales, la normativa contempla una zona de exclusión de 15 metros para aplicaciones manuales y determinados drones de hasta 60 litros, 150 metros para determinados equipos terrestres y 500 metros para aeronaves tripuladas. Para viviendas y asentamientos humanos, establece distancias diferentes, que en determinados casos llegan a los 10 metros para aplicaciones manuales y con drones.

La Asamblea considera que esas distancias son insuficientes y pide que se revise el esquema vigente. La discusión tiene consecuencias concretas para las comunidades rurales, donde viviendas, escuelas y espacios de circulación cotidiana pueden encontrarse cerca de los campos en los que se aplican productos fitosanitarios.

Uno de los riesgos asociados a las pulverizaciones es la deriva, es decir, el desplazamiento de gotas o partículas fuera del área tratada por efecto del viento y otras condiciones ambientales. Su alcance depende de variables como el producto utilizado, el equipo de aplicación, el tamaño de las gotas y las condiciones meteorológicas.

Por eso, determinar qué distancia resulta adecuada requiere considerar la evidencia científica y las características de cada aplicación. La Asamblea reclama que esa discusión se abra públicamente y que la protección de la salud y el ambiente tenga un lugar central en las decisiones del Gobierno provincial.

El conflicto judicial que profundizó la discusión

El reclamo de la Asamblea se desarrolla mientras continúa la polémica por el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos que dejó sin efecto una sentencia con distancias de protección mucho mayores.

En marzo de 2024, el propio tribunal había establecido, en el precedente conocido como “Rosso I”, distancias de 1.095 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas. En septiembre de 2026, cuatro vocales del STJ —Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Carlos Federico Tepsich y Leonardo Portela— conformaron la mayoría que anuló una nueva sentencia que había recuperado esas distancias. La vocal Laura Mariana Soage se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo una vez alcanzada la mayoría, aunque dejó asentada una observación sobre la diferencia entre las distancias judiciales anteriores y las previstas en la nueva ley.

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El argumento de la mayoría fue que no correspondía apartarse de las distancias de la Ley 11.178 sin declarar previamente la inconstitucionalidad de la norma. Como consecuencia, quedó sin efecto la protección judicial más amplia y volvió a regir el esquema de menores distancias contemplado por la legislación provincial.

Después de que La Política Ambiental publicara información sobre el alcance del fallo, el STJ emitió un comunicado para aclarar que no había ordenado literalmente fumigar a 15 metros de las escuelas. Sin embargo, su decisión sí dejó vigente el régimen legal que contempla esa distancia para determinadas aplicaciones. Posteriormente, el tribunal rechazó revisar su resolución por la vía intentada por una de las partes, y las familias buscaron llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El antecedente judicial es importante para entender el contexto del reclamo, pero la discusión que plantea la Asamblea va más allá de los tribunales: ¿qué distancias deben establecerse para reducir la exposición de la población y qué evidencia científica debe respaldar esas decisiones?

Glifosato en el ambiente y la posibilidad de una consulta popular

La Asamblea también expresó preocupación por la presencia de glifosato en el ambiente. Ballester mencionó investigaciones sobre residuos de esta sustancia en sedimentos del río Paraná y planteó interrogantes sobre la posible exposición de los peces y de quienes consumen productos provenientes del río.

La detección de un plaguicida en sedimentos no demuestra por sí sola que todos los peces estén contaminados ni permite establecer automáticamente un riesgo concreto para quienes los consumen. Para eso se necesitan estudios específicos sobre los organismos, las concentraciones detectadas y las condiciones de exposición. Aun así, la presencia de residuos en el ambiente refuerza la necesidad de realizar monitoreos y publicar sus resultados.

La organización también evalúa impulsar una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la continuidad del uso de glifosato en Entre Ríos. La posibilidad todavía está en evaluación, pero sumaría una dimensión pública al debate sobre las fumigaciones, la exposición a plaguicidas y las medidas que debe adoptar la provincia para prevenir daños.

La salud pública en el centro del debate

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay busca instalar tres reclamos: análisis toxicológicos para funcionarios, legisladores y miembros del Poder Judicial; una mesa de diálogo con el gobernador Rogelio Frigerio; y una revisión de las distancias de protección frente a las fumigaciones.

La controversia judicial por la Ley 11.178 profundiza la urgencia del planteo. Mientras cuatro vocales del STJ dejaron sin efecto una sentencia que establecía distancias mucho mayores, las comunidades y organizaciones ambientales siguen cuestionando si las distancias que establece la legislación vigente alcanzan para proteger a quienes viven cerca de las zonas fumigadas.

La pregunta central no es solamente cuántos metros separan una pulverización de una vivienda o una escuela, sino qué nivel de protección debe garantizar el Estado frente a los riesgos de exposición a los agrotóxicos. La Asamblea exige que esa discusión se abra, que se conozca mejor la exposición de la población y que las decisiones se tomen con información científica y criterios preventivos.

Ahora, la organización espera una respuesta del Gobierno provincial. La apertura de una mesa de diálogo permitiría discutir las distancias, los mecanismos de control y la información necesaria para evaluar los riesgos. Mientras tanto, la iniciativa de los análisis toxicológicos busca poner sobre la mesa una pregunta incómoda para quienes toman las decisiones: qué evidencia existe sobre la exposición a plaguicidas y qué medidas están dispuestos a adoptar para proteger la salud pública.

Con información de Era Verde