Mar Argentino: la industria pesquera tiró al mar 92 mil toneladas de merluza durante 2025

Un informe del INIDEP estimó que durante 2025 la pesquería de merluza común descartó 92.336 toneladas de ejemplares muertos, un 12,7% más que el año anterior. El volumen equivale a millones de raciones de alimento que terminaron en el mar. Mientras los investigadores advierten sobre el deterioro de la población norte de la especie, el sistema de cámaras obligatorias que utiliza Chile para fiscalizar a su flota pesquera vuelve a poner en discusión la falta de controles tecnológicos en Argentina.
18/11/2026La Política AmbientalLa Política Ambiental

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La flota pesquera industrial argentina descartó más de 92 mil toneladas de merluza común durante 2025. El dato surge de las evaluaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y expone la magnitud de una práctica que provoca la muerte de miles de peces que son devueltos al mar después de quedar atrapados en las redes de arrastre.

La cifra representa un desperdicio de enormes proporciones: tomando como referencia una ración de 200 gramos por persona, ese volumen de pescado alcanzaría para alimentar diariamente a los aproximadamente 46 millones de habitantes de Argentina durante diez días. También equivale a la carga de más de 3.000 camiones con capacidad para transportar 30 toneladas cada uno.

El problema no se limita a la pérdida de un recurso alimentario. El descarte representa peces que fueron extraídos de su hábitat y que no llegan a contabilizarse como desembarques comerciales, pero que igualmente forman parte de la presión que soportan las poblaciones marinas. La situación resulta especialmente preocupante porque el propio INIDEP advierte que el efectivo norte de la merluza común atraviesa un deterioro histórico, con una biomasa reproductiva por debajo de los límites biológicos de referencia.

Mientras los científicos reclaman medidas para reducir las capturas no deseadas y proteger la reproducción de la especie, Chile cuenta con un sistema de cámaras obligatorias que permite registrar las operaciones de los barcos y utilizar esas imágenes como prueba para sancionar descartes ilegales. La experiencia del país vecino expone una alternativa tecnológica que podría modificar los controles sobre la flota que opera en el Mar Argentino.

92 mil toneladas de merluza terminaron descartadas

El informe del INIDEP estimó que el descarte de merluza común alcanzó las 92.336 toneladas durante 2025. La cifra representa un incremento del 12,7% respecto del período anterior y comprende ejemplares juveniles y adultos que son arrojados al mar después de ser capturados durante las operaciones pesqueras.

La pesca de arrastre utiliza redes que recorren el fondo marino y pueden capturar distintas especies y ejemplares de tamaños diferentes. Cuando los peces no cumplen con los criterios comerciales, superan las cuotas disponibles o no resultan convenientes para la operación, pueden terminar siendo descartados.

Para dimensionar el volumen, las 92.336 toneladas equivalen a más de 3.078 camiones semirremolque cargados con 30 toneladas de pescado cada uno. Si se toma una porción diaria de 200 gramos, el volumen permitiría alimentar a toda la población argentina durante aproximadamente diez días.

El descarte también tiene consecuencias sobre la evaluación de los recursos pesqueros. Los ejemplares que mueren durante estas operaciones deben incorporarse a los cálculos de mortalidad por pesca, aunque no hayan sido desembarcados ni comercializados.

La merluza del norte enfrenta una situación crítica

El diagnóstico científico es especialmente preocupante para el efectivo norte de merluza común, cuya biomasa reproductiva permanece por debajo del límite biológico de referencia de 150.000 toneladas.

Las capturas declaradas por Argentina y Uruguay muestran un retroceso del 82% entre 1991 y 2025. Durante los últimos cinco años promediaron 35.778 toneladas anuales, muy por debajo de las 168.506 toneladas registradas entre 1986 y 1997.

Los investigadores también identificaron una baja presencia de juveniles y una proporción reducida de ejemplares adultos en las capturas. Esta combinación dificulta la recuperación de la población porque compromete tanto la reproducción como la incorporación de nuevas generaciones.

En el efectivo sur, el escenario presenta diferencias. Si bien las evaluaciones científicas registraron señales de recuperación de la biomasa entre 2024 y 2025, el descarte dentro de esta pesquería también aumentó. El INIDEP recomendó para 2026 una captura biológicamente aceptable que no supere las 370.000 toneladas y planteó mantener las áreas de veda para proteger a los ejemplares juveniles.

Chile utiliza cámaras para controlar lo que sucede dentro de los barcos

Frente a las dificultades para fiscalizar las operaciones pesqueras, Chile implementó un sistema de monitoreo electrónico que permite registrar las actividades de los buques industriales y de las embarcaciones artesanales de mayor tamaño.

La herramienta está contemplada en la Ley 20.625 y establece la obligación de instalar dispositivos de registro de imágenes en las embarcaciones alcanzadas por la normativa. El sistema debe funcionar durante las operaciones de pesca y permite documentar las maniobras realizadas a bordo.

Las imágenes son analizadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), organismo encargado de fiscalizar la actividad. De esta manera, las autoridades pueden revisar las operaciones, identificar descartes no autorizados y reunir pruebas para iniciar procedimientos sancionatorios.

El mecanismo permite reducir la dependencia de las inspecciones presenciales y contrastar lo registrado por las cámaras con las declaraciones de captura y los datos de navegación de cada embarcación.

El buque Unzen y una sanción millonaria por descarte ilegal

Uno de los antecedentes más importantes del sistema chileno involucró al buque factoría Unzen, una embarcación pesquera de gran tamaño cuya actividad fue investigada por el descarte ilegal de merluza de cola.

A partir de las imágenes registradas a bordo, las autoridades pudieron comprobar que se realizaban maniobras de descarte de ejemplares capturados. La investigación derivó en una sanción contra la empresa responsable de la embarcación y su capitán.

En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Chile confirmó una multa de 4.747 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), una sanción que superó los 300 millones de pesos chilenos.

El caso mostró la importancia de contar con registros audiovisuales para acreditar infracciones que pueden resultar difíciles de detectar mediante controles convencionales. También dejó un antecedente judicial sobre la responsabilidad de las empresas pesqueras frente a las prácticas de descarte.

Una tecnología que podría cambiar la fiscalización en Argentina

Argentina cuenta con mecanismos de seguimiento satelital, inspectores y programas de observadores a bordo, pero los datos del INIDEP muestran que todavía existen dificultades para reducir las capturas no deseadas y controlar el destino de los ejemplares extraídos del mar.

La incorporación de cámaras con registro continuo permitiría documentar las operaciones de cada embarcación y contrastar las imágenes con las declaraciones de captura, los registros de navegación y los desembarques. También ayudaría a identificar cuándo se producen los descartes y qué especies y tamaños están siendo afectados.

La experiencia chilena demuestra que la tecnología puede convertirse en una herramienta concreta para detectar infracciones y aplicar sanciones económicas. Su implementación en Argentina exigiría establecer obligaciones para los armadores, mecanismos de almacenamiento de imágenes y procedimientos transparentes de fiscalización.

Las 92.336 toneladas de merluza descartadas durante 2025 muestran que el problema no puede reducirse a una cuestión de eficiencia comercial. Se trata de un recurso natural estratégico, de un ecosistema sometido a presión y de millones de raciones de alimento que terminan desperdiciadas.

Mientras el organismo científico nacional advierte sobre el deterioro de una de las principales especies pesqueras del país, la discusión sobre cómo controlar a la industria vuelve a quedar en primer plano. El desafío es dejar de depender exclusivamente de las declaraciones de las empresas y avanzar hacia un sistema que permita conocer, registrar y fiscalizar lo que realmente sucede en cada operación de pesca.

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