
Europa cuestionó la expulsión de una investigadora del INTA que detectó agrotóxicos en personas y el ambiente
La Política Ambiental
La exoneración de Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sumó un nuevo cuestionamiento internacional. Esta vez, el rechazo llegó desde Europa, donde Violette Geissen, profesora de la Universidad de Wageningen de Países Bajos y coordinadora general del proyecto SPRINT, defendió el trabajo de la científica argentina y cuestionó la decisión del organismo. "Virginia Aparicio es una investigadora excelente", sostuvo, y afirmó que cumplió con los procedimientos acordados por el consorcio internacional.
El conflicto tiene como trasfondo una investigación que estudió la presencia de más de 200 plaguicidas en personas, animales y distintos componentes del ambiente. En Argentina participaron 73 voluntarios del sudeste bonaerense y se detectaron residuos de estas sustancias en muestras biológicas. La presentación pública de los primeros resultados fue suspendida por las autoridades del INTA en 2023 y, tres años después, la investigadora terminó exonerada.
El cuestionamiento desde Europa
Geissen cuestionó que el INTA haya apartado a Aparicio después de haber aprobado originalmente la participación argentina en el proyecto internacional. Según explicó, SPRINT contaba con protocolos comunes para todos los países participantes y la investigadora había cumplido con los procedimientos establecidos.
La científica neerlandesa también recordó que el acuerdo de incorporación al consorcio fue firmado por las autoridades del INTA en 2020, cuando ya se conocían los objetivos y los procedimientos generales de la investigación. Por eso, consideró contradictorio que posteriormente el organismo decidiera retirarse del proyecto y responsabilizara a quien había coordinado su desarrollo en el país.
"Los hallazgos de SPRINT no fueron convenientes para muchas personas y sectores", afirmó Geissen, al referirse a los resultados de la investigación y al conflicto que terminó con la salida de Aparicio del organismo.
La coordinadora internacional también manifestó su preocupación por las consecuencias que este tipo de decisiones puede tener sobre la libertad científica y el trabajo de investigadores que estudian los impactos ambientales y sanitarios de las actividades productivas.
Una investigación sobre la exposición a más de 200 plaguicidas
El proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal, por sus siglas en inglés) comenzó en septiembre de 2020, con financiamiento del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y la participación de instituciones científicas de diez países europeos y Argentina.
Su objetivo fue estudiar la exposición a plaguicidas desde una perspectiva integral, analizando no solamente sustancias individuales, sino también las mezclas presentes en el ambiente y su circulación entre personas, animales y ecosistemas.
En Argentina, el equipo coordinado por Aparicio realizó durante 2021 estudios con 73 voluntarios del sudeste bonaerense. Participaron productores de sistemas convencionales y agroecológicos, trabajadores rurales y consumidores. Se recolectaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de utilizar pulseras de monitoreo y analizar agua, suelo, aire y polvo de los hogares.
Entre los resultados difundidos por el proyecto internacional se informó la detección de glifosato en el 86% de las muestras de orina de los participantes argentinos y en la totalidad de las muestras de materia fecal analizadas. También se registró la presencia de AMPA, uno de los principales productos de degradación del herbicida.
Los investigadores buscaron determinar cómo las personas entran en contacto con estas sustancias a través de distintas vías, como la alimentación, la inhalación y el contacto con superficies contaminadas.
Uno de los aportes centrales fue analizar la exposición simultánea a diferentes plaguicidas. Esta perspectiva resulta relevante porque las evaluaciones tradicionales suelen estudiar cada sustancia por separado, mientras que en la vida cotidiana las personas pueden estar expuestas a combinaciones de distintos productos.
La detección de residuos no demuestra por sí sola la existencia de enfermedades ni permite establecer una relación causal directa con problemas de salud. Sin embargo, los resultados aportan información sobre la exposición y permiten plantear nuevas preguntas sobre los efectos de las mezclas químicas y los criterios utilizados para evaluar sus riesgos.
Virginia Aparicio: más de 20 años de investigación en el INTA
Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del CONICET. Trabajó durante más de dos décadas en el INTA, particularmente en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce, donde desarrolló investigaciones sobre la presencia, circulación y efectos de los plaguicidas en los suelos, el agua y los sistemas productivos.
Su trabajo sobre estas sustancias comenzó mucho antes de SPRINT. Desde 2013 publicó investigaciones científicas relacionadas con la contaminación ambiental por productos utilizados en la producción agropecuaria.
En 2018, a partir de contactos entre investigadores del INTA y especialistas de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos, surgió la posibilidad de incorporarla a un proyecto internacional que buscaba estudiar los efectos de los plaguicidas desde una perspectiva integral.
La propuesta fue impulsada a través de Labintex-EU, una estructura del INTA radicada en Montpellier, Francia, destinada a fortalecer los vínculos entre investigadores argentinos y europeos. A partir de esa articulación, Aparicio comenzó a trabajar con Geissen y fue designada responsable de coordinar el sitio argentino de SPRINT.
Argentina fue el único país del continente americano incorporado al proyecto, debido a su importancia dentro del mercado internacional de soja y a la utilización extendida de productos fitosanitarios en sus sistemas productivos.
La suspensión de los resultados y la salida del proyecto
Los primeros conflictos institucionales aparecieron en junio de 2023, cuando estaba prevista una presentación pública de los resultados argentinos. La actividad fue suspendida por decisión de las autoridades del INTA, que plantearon objeciones sobre la realización de estudios con seres humanos y las competencias institucionales del organismo.
La suspensión generó malestar entre los participantes, que habían entregado voluntariamente sus muestras y esperaban conocer los resultados generales del estudio. Algunos ya habían recibido información individual sobre las sustancias detectadas en sus análisis.
En noviembre de ese año, el Consejo Directivo del INTA resolvió retirar al organismo del consorcio internacional mediante la Resolución 1081. La decisión puso fin a la participación institucional argentina, pese a que el proyecto había sido aprobado originalmente por las propias autoridades del instituto.
Posteriormente, comenzó un proceso administrativo contra Aparicio y otros integrantes del equipo argentino. Entre los cuestionamientos se incluyeron el manejo de información confidencial, el envío de muestras a laboratorios del exterior, la participación de colaboradores y la administración de los recursos destinados al proyecto.
La investigadora rechazó las acusaciones y sostuvo que había trabajado de acuerdo con los protocolos internacionales y las exigencias establecidas por el consorcio.
La exoneración y los argumentos del organismo
El 26 de octubre de 2026, mediante la Resolución 366, el Consejo Directivo del INTA dispuso la exoneración de Aparicio, la sanción disciplinaria más grave contemplada en el régimen de empleo público nacional.
El organismo fundamentó la decisión en presuntos incumplimientos de sus deberes funcionales durante la coordinación argentina de SPRINT. Entre los argumentos incluyó la falta de determinadas autorizaciones institucionales, el acceso de terceros a información reservada y cuestionamientos sobre la administración y documentación de los recursos destinados al proyecto.
La resolución también cuestionó el envío de muestras al exterior y la falta de presentación de informes por los canales administrativos correspondientes.
La defensa de Aparicio, encabezada por el abogado Mario Bolla, rechazó esos fundamentos y anunció que buscará revertir la decisión por las vías administrativas y judiciales. Sostiene que las tareas cuestionadas formaban parte de la ejecución del proyecto y que las autoridades del organismo conocían su funcionamiento.
Los vínculos de la conducción del INTA con las entidades rurales
La controversia también vuelve a poner bajo la lupa la composición de las autoridades del organismo y sus vínculos con las principales organizaciones del sector agropecuario.
El actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, tiene antecedentes de participación en entidades como la Sociedad Rural Argentina, AAPRESID y AACREA. Antes de asumir la conducción del instituto fue asesor del Grupo CREA Frontera, perteneciente a AACREA, y desarrolló actividades vinculadas con la producción agropecuaria.
Además, las entidades rurales tienen representación formal en el Consejo Directivo del INTA, el máximo órgano de decisión del organismo. Entre ellas se encuentran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), CONINAGRO y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).
Esta participación forma parte del diseño institucional histórico del instituto. Sin embargo, adquiere especial relevancia en un caso donde una investigadora fue exonerada después de coordinar un estudio sobre los efectos de los productos utilizados en la producción agropecuaria.
Los vínculos institucionales no demuestran por sí mismos que las entidades hayan intervenido en la decisión, pero abren interrogantes sobre la independencia de las políticas científicas y el peso de los intereses productivos en las decisiones de un organismo público.
El rechazo de universidades y científicos argentinos
La decisión del INTA también recibió el rechazo de instituciones académicas y sectores de la comunidad científica argentina.
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa aprobó por unanimidad una declaración de repudio y reclamó la revisión de la sanción. Su Consejo Directivo advirtió sobre las consecuencias que puede tener para la investigación científica y la libertad académica una decisión de estas características.
La Universidad Nacional de Río Negro también manifestó su preocupación y cuestionó la medida, destacando la trayectoria de más de dos décadas de Aparicio en el INTA y su trabajo sobre suelos, agua y dinámica de fitosanitarios.
El caso llegó además al Congreso nacional, donde el 13 de noviembre se realizó una audiencia pública para expresar el rechazo a la exoneración y reclamar la reincorporación de la investigadora. La convocatoria reunió a científicos, organizaciones ambientales y representantes de distintos sectores vinculados con la ciencia.
El cuestionamiento de Geissen suma una dimensión internacional al conflicto y vuelve a poner en discusión las condiciones en las que se desarrollan las investigaciones sobre contaminación por plaguicidas en Argentina.
La exoneración de Aparicio no solo pone en riesgo la continuidad de una trayectoria científica de más de dos décadas, sino que también deja interrogantes sobre la autonomía de los organismos de investigación y el acceso público a información sobre las sustancias que se utilizan en el modelo agropecuario.


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