Residuos industriales: apenas el 8,56% recibe tratamiento adecuado y advierten por el riesgo de contaminación en Argentina

Un relevamiento del Observatorio de Residuos Peligrosos de la UBA y la UNR estima que durante 2026 se generarán 10,5 millones de toneladas de residuos industriales, pero menos de una décima parte ingresará al circuito formal de tratamiento. La falta de controles, trazabilidad e infraestructura especializada deja millones de toneladas fuera de los sistemas habilitados. Además, crece la discusión sobre la capacidad de las empresas para tratar estos materiales y evitar que terminen contaminando el suelo y el agua.
18/11/2026La Política AmbientalLa Política Ambiental

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La gestión de los residuos industriales y peligrosos representa uno de los problemas ambientales menos visibles de Argentina. Mientras las industrias generan millones de toneladas de desechos como parte de sus procesos productivos, una proporción muy reducida llega a instalaciones habilitadas para su tratamiento. El resto queda fuera del circuito formal, en un escenario marcado por la falta de información sobre su destino y las dificultades para controlar qué sucede con esos materiales.

Según un relevamiento realizado entre marzo y abril de 2026 por el Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), durante este año se proyectó una generación de 10,5 millones de toneladas de residuos industriales. De ese volumen, solamente 903.708 toneladas recibirían tratamiento, lo que representa el 8,56%.

El mismo estudio identificó un universo de 342.259 empresas generadoras, pero apenas el 9,20% habría contratado servicios de operadores habilitados. Esto significa que más del 90% de las empresas identificadas no aparece dentro del circuito formal relevado.

La dimensión del problema también expone una contradicción: Argentina cuenta con una legislación específica para regular la generación, el transporte y la disposición de residuos peligrosos, pero todavía enfrenta enormes dificultades para garantizar que los materiales lleguen a instalaciones autorizadas y reciban un tratamiento adecuado.

En este contexto, la infraestructura especializada adquiere un papel central. La disponibilidad de plantas, laboratorios, transporte habilitado y tecnologías de tratamiento resulta indispensable para evitar que los desechos industriales terminen acumulados en terrenos, basurales clandestinos o cursos de agua. Sin embargo, ampliar esa capacidad también requiere controles estatales y mecanismos que permitan verificar el destino final de cada carga.

Más del 90% de los residuos queda fuera del circuito formal

El Observatorio de Residuos Peligrosos UBA-UNR surgió en 2021 mediante un acuerdo entre las universidades públicas y dos cámaras empresariales del sector: la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA).

Su creación respondió a una dificultad histórica: Argentina no cuenta con estadísticas oficiales nacionales consolidadas que permitan conocer con precisión cuánto residuo industrial se genera, qué características tiene y cuál es su destino.

Para elaborar sus informes, el Observatorio releva periódicamente información de empresas tratadoras y utiliza esos datos para realizar estimaciones sobre el conjunto del país. En relevamientos anteriores informó que trabajaba con 37 empresas que operaban 47 plantas de tratamiento.

La falta de información sobre los residuos que quedan fuera del circuito formal es uno de los principales problemas. Que un material no figure dentro de los registros de tratamiento no permite determinar automáticamente dónde terminó cada tonelada, pero sí evidencia una brecha de trazabilidad que dificulta identificar posibles focos de contaminación y establecer responsabilidades.

Un relevamiento posterior, correspondiente al primer bimestre de 2026, había proyectado una generación de 12,7 millones de toneladas y un tratamiento formal de 917.700 toneladas, equivalente al 7,23%. Las diferencias entre los resultados muestran la importancia de identificar el período y la metodología de cada medición antes de comparar las cifras.

La Ley de Residuos Peligrosos establece obligaciones para las empresas

Argentina cuenta con la Ley Nacional 24.051, sancionada en 1991, que establece las condiciones para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

La normativa considera peligroso a todo residuo que pueda causar daños directa o indirectamente a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. También contempla materiales que pueden convertirse en insumos para otros procesos industriales, siempre que mantengan las características alcanzadas por la ley.

Entre sus principales obligaciones establece que los generadores deben inscribirse en los registros correspondientes, reducir la cantidad de residuos que producen, separar los materiales incompatibles y entregarlos a transportistas autorizados cuando no cuentan con instalaciones propias habilitadas para tratarlos.

La ley también establece un sistema de manifiestos que permite documentar el recorrido de cada carga. Allí deben figurar los datos del generador, el transportista y la planta receptora, además de la composición y cantidad de los materiales trasladados.

A nivel nacional, el sistema SIMEL permite registrar electrónicamente la generación, el transporte y el tratamiento de residuos peligrosos. Sin embargo, la existencia de estas herramientas no resuelve por sí sola el problema de los materiales que permanecen fuera de los circuitos autorizados.

Además, la gestión de residuos industriales involucra competencias provinciales y distintas categorías de desechos, por lo que no todos los materiales quedan alcanzados exactamente por el mismo régimen legal.

Qué ocurre con los residuos que no reciben tratamiento

La falta de trazabilidad impide conocer con precisión el destino de millones de toneladas de residuos industriales. Entre los riesgos se encuentran la acumulación de materiales contaminantes en terrenos sin controles, los vertidos clandestinos y la disposición inadecuada de sustancias que pueden afectar las fuentes de agua y los ecosistemas.

Uno de los casos que expone la dimensión de este problema es el predio de la ex planta Ar Zinc, anteriormente conocida como Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, Santa Fe. Allí permanecen aproximadamente 863.000 toneladas secas de jarosita, un residuo industrial asociado a procesos de producción de zinc que contiene metales pesados.

La ubicación del material sobre la barranca del río Paraná genera preocupación por la estabilidad del terreno y el riesgo de dispersión de contaminantes. El caso también puso en discusión la responsabilidad sobre los pasivos ambientales que dejan las actividades industriales cuando cesan sus operaciones.

Otro antecedente se registró en Tortuguitas, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde se investigaron establecimientos clandestinos vinculados con el desarme de baterías y la fundición de plomo. La exposición a este metal representa un riesgo importante para la salud humana, especialmente por sus efectos sobre el sistema nervioso.

Estos casos muestran que la problemática no termina cuando una fábrica deja de funcionar. Los residuos acumulados pueden permanecer durante décadas y generar riesgos ambientales incluso después del cierre de las instalaciones.

Grupo Pelco y la infraestructura para tratar residuos industriales

Dentro de este escenario, Grupo Pelco es una de las empresas que opera en el sector de tratamiento y transporte de residuos industriales y peligrosos. La compañía comenzó sus actividades en 1993 y cuenta con instalaciones en El Talar, provincia de Buenos Aires, y Puerto General San Martín, Santa Fe.

De acuerdo con su Reporte de Sustentabilidad 2025, durante ese año trató 35.464 toneladas de residuos. Del total informado, 33.440 toneladas correspondieron a residuos peligrosos, 1.910 a residuos no peligrosos y 113 a residuos patogénicos.

La directora de la compañía, Claudia Kalinec, señaló que la actividad requiere inversiones sostenidas, instalaciones especializadas y una planificación de largo plazo. También destacó que la gestión no se limita a recibir y procesar los materiales, sino que implica garantizar su trazabilidad y ofrecer alternativas de tratamiento según las características de cada residuo.

La empresa informó que dispone de una flota de 43 vehículos habilitados para el transporte de estos materiales, un componente fundamental para conectar los establecimientos generadores con las plantas receptoras.

Incineración, estabilización y recuperación de materiales

No todos los residuos industriales pueden tratarse de la misma manera. Su composición química, sus características físicas y su nivel de peligrosidad determinan qué tecnología debe utilizarse para reducir sus riesgos o recuperar materiales.

Entre los procedimientos disponibles se encuentran la destrucción térmica mediante incineración, la estabilización fisicoquímica, el tratamiento de efluentes líquidos y barros industriales, y la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El proceso comienza antes de que los materiales ingresen a las plantas. Primero se realiza el retiro documentado en las instalaciones del generador y el traslado mediante vehículos habilitados. Luego se clasifican, pesan e identifican los residuos y se realizan análisis de laboratorio para determinar qué tratamiento corresponde aplicar.

En los materiales destinados a destrucción térmica, la incineración permite eliminar componentes peligrosos mediante altas temperaturas. Las cenizas resultantes deben recibir una disposición final adecuada, mientras que los líquidos derivados de los procesos necesitan tratamientos específicos y controles antes de cualquier descarga.

Los residuos electrónicos, por su parte, pueden desmontarse para recuperar metales y otros componentes aprovechables, mientras que determinados materiales industriales pueden utilizarse para producir combustibles alternativos.

Durante 2025, Grupo Pelco informó que destinó 224.905 kilos de materiales a procesos de recuperación, entre ellos papel, cartón, plásticos, chatarra, vidrio y madera. También procesó 3.855 kilos de placas de circuitos electrónicos para recuperar metales.

Nuevas tecnologías para convertir residuos en combustibles alternativos

El reporte de la compañía también informó la incorporación de dos tecnologías autorizadas que amplían las alternativas de tratamiento disponibles.

Una de ellas es la tecnología R1, vinculada con la valorización energética de residuos para producir Combustible Derivado de Residuos (CDR), destinado principalmente a hornos de la industria cementera.

El procedimiento permite aprovechar determinados materiales que, por sus características, tienen capacidad de generar energía y pueden reemplazar parcialmente combustibles convencionales. Sin embargo, no todos los residuos son aptos para este proceso y su utilización requiere cumplir condiciones técnicas y ambientales específicas.

La segunda tecnología es la D9, que comprende procesos fisicoquímicos destinados a modificar las características de determinados residuos para reducir su peligrosidad. Mediante la estabilización se busca disminuir la movilidad de componentes contaminantes y evitar que puedan liberarse al ambiente.

Estas alternativas permiten ampliar las posibilidades de tratamiento, aunque la valorización energética no reemplaza la necesidad de reducir la generación de residuos ni garantiza que todos los materiales puedan recuperarse.

El desafío de ampliar los controles y la capacidad de tratamiento

El sector estima que en Argentina existen alrededor de 150 plantas habilitadas para tratar residuos industriales, aunque sus capacidades y las categorías de materiales que pueden recibir varían según las autorizaciones y las tecnologías disponibles.

La infraestructura, por lo tanto, no depende solamente de la cantidad de establecimientos. También requiere inversiones para ampliar instalaciones, incorporar equipamiento, desarrollar laboratorios y garantizar que cada operador pueda trabajar con los residuos para los cuales está autorizado.

La incorporación de las empresas que actualmente permanecen fuera del circuito formal también representa un desafío. Sin controles efectivos sobre los generadores, transportistas y operadores, ampliar la capacidad de tratamiento no alcanza para resolver el problema.

El escenario plantea una doble responsabilidad: por un lado, las industrias deben garantizar que los residuos que producen reciban una gestión adecuada; por otro, el Estado debe fortalecer los mecanismos de fiscalización, actualizar los registros y controlar que los materiales lleguen efectivamente a los destinos declarados.

Los datos del Observatorio muestran que la gestión de residuos sigue siendo una de las principales deudas ambientales de Argentina. Mientras millones de toneladas quedan fuera del circuito formal, la falta de información sobre su destino dificulta conocer el alcance real de la contaminación industrial y determinar quiénes deben hacerse responsables.

La infraestructura especializada es indispensable, pero también lo son la prevención, los controles y el cumplimiento de la legislación. De lo contrario, los costos ambientales de la producción seguirán trasladándose a los territorios y a las comunidades que conviven con los residuos.

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