Iguazu

La región acumula cerca de 290 incendios en 2026 y las autoridades aseguran que todos fueron provocados por quemas agrícolas. Mientras el Gobierno Regional habla de entre 8.000 y 9.000 hectáreas afectadas, otras fuentes superan las 15.000. No hay responsables identificados, los bomberos denuncian falta de equipos y personal, y el debate de fondo sobre la Ley Antiforestal, el tráfico de tierras y la presión sobre los recursos sigue abierto.

Las persistentes precipitaciones en las altas cuencas y el desborde simultáneo de los principales cursos hídricos provocan inundaciones, evacuaciones masivas y pasos fronterizos cerrados en el noreste argentino. La crecida del Iguazú —que obligó a cerrar la Garganta del Diablo—, sumada a los aportes extraordinarios de Yacyretá y Salto Grande, desnuda la vulnerabilidad regional frente a un fenómeno climático extremo que ahora proyecta su amenaza hacia la provincia de Buenos Aires.

Miles de personas salieron a exigir agua potable en Guadalajara, donde vecinos denuncian que el suministro llega turbio, con mal olor y posibles contaminantes. Una primera protesta terminó con gases lacrimógenos, heridos y detenidos. Una semana después, grupos encapuchados provocaron destrozos e incendios en edificios públicos, en medio de una crisis ambiental que se convirtió en un conflicto social y político.

Las protestas contra megaproyectos turísticos vinculados a inversores extranjeros sacuden al gobierno de Edi Rama. La movilización, que comenzó con la defensa de una costa de alto valor ambiental, creció con denuncias de corrupción y enfrentamientos con la policía. En paralelo, un proyecto de ley busca abrir la puerta a la compra de tierras agrícolas por extranjeros. El conflicto expone un debate que también atraviesa a la Argentina con la Ley de Tierras.