La Política Ambiental
El 15 de octubre se inició en la Oficina Judicial de Rawson la audiencia de apertura de una investigación que involucra a seis militantes socioambientales y comunicadores de FM Radio Sudaca 103.3, quienes han sido denunciados por el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, y los diputados Luis Juncos y María Aguilera. Esta acción surge tras la aprobación de la adhesión provincial al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) el pasado 15 de agosto.
Los denunciantes, acompañados por la fiscal general Florencia Gómez, han acusado a los activistas de diversos delitos, incluyendo amenazas y agresiones, en un contexto donde estos vecinos solo buscaban respuestas sobre la entrega del territorio a multinacionales por 30 años, sin la consulta previa a las comunidades afectadas ni la participación de expertos.
En un comunicado conjunto, el espacio No al RIGI expresó: “El Estado, a través de la Fiscalía de Rawson, intenta incriminar a quienes solo piden explicaciones a los Diputados. Esto se aprobó con menos de una hora de debate en comisiones, rodeados de más de 200 efectivos policiales, listos para reprimir”.
Los acusados sostienen que la denuncia, realizada por el vicegobernador, carece de fundamento, señalando que el mismo no estuvo presente en los hechos. Además, denuncian que la fiscal decidió proceder con las imputaciones pese a la falta de pruebas. “De los cinco delitos inicialmente enunciados, solo han avanzado con la figura de ‘amenazas’, lo que pone en evidencia la falta de sustento de las acusaciones”, afirman.
La situación ha generado una restricción que les impide acercarse a la Legislatura y al colegio de la menor supuestamente agredida, lo que consideran una violación a su derecho constitucional a participar en el proceso democrático y obstruye su labor periodística.
Los denunciantes advierten que esta es una maniobra para desviar la atención de un tema crítico: la apertura a la megaminería en la provincia. “No queremos que se repita la historia del 'Chubutazo', un momento en que la comunidad se levantó contra decisiones que ponían en peligro su futuro”, añaden.
En medio de esta situación tensa, el activismo en defensa del ambiente enfrenta una nueva ola de criminalización. La comunidad pide apoyo y repudio a estas prácticas, destacando la importancia de la defensa de los derechos y el medio ambiente en un contexto donde la participación ciudadana debería ser valorada y protegida.
