La Política Ambiental
El Senado de la Nación rechazó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), una iniciativa que buscaba flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y que generó una fuerte polémica por sus posibles consecuencias sobre la soberanía nacional, el acceso a los recursos naturales y la protección de territorios estratégicos.
La propuesta, impulsada por el oficialismo como parte de un paquete de reformas económicas, finalmente no consiguió los votos necesarios para ser aprobada. Tras la derrota legislativa, el presidente Javier Milei responsabilizó a la oposición por el fracaso del proyecto y calificó a quienes votaron en contra como "enemigos del progreso", al sostener que la modificación permitiría atraer inversiones y potenciar el desarrollo económico.
Sin embargo, desde organizaciones ambientalistas, especialistas en derecho agrario, referentes políticos y sectores vinculados a la defensa del patrimonio nacional celebraron el rechazo de la iniciativa al considerar que la ley vigente constituye una herramienta clave para evitar una mayor extranjerización de las tierras rurales argentinas.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, regula la propiedad, posesión y tenencia de las tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Su objetivo principal es preservar el dominio nacional sobre un recurso considerado estratégico, estableciendo límites a la cantidad de tierras que pueden quedar bajo control extranjero.
La normativa fija que las personas y empresas extranjeras no pueden ser titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, porcentaje que también se aplica en cada provincia y en cada municipio.
Además, establece que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese límite y restringe la adquisición de tierras ubicadas sobre cuerpos de agua permanentes o en zonas consideradas estratégicas para la defensa y la seguridad nacional.
También fija límites máximos de superficie equivalentes a 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, con diferentes equivalencias según la productividad de cada región.
El proyecto impulsado por el oficialismo proponía eliminar varios de esos límites.
Entre los cambios más importantes figuraba la eliminación del tope nacional del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales, dejando en manos de cada provincia la posibilidad de establecer sus propios criterios.
Además, buscaba flexibilizar distintas restricciones administrativas para facilitar el ingreso de capitales extranjeros y simplificar la compra de grandes extensiones de tierras.
El Gobierno sostuvo que la normativa vigente desincentiva inversiones y limita el desarrollo productivo del país.
La propuesta fue cuestionada por organizaciones ambientales, especialistas en derecho, académicos y dirigentes políticos que sostienen que las tierras rurales no representan únicamente un bien económico.
Advierten que sobre esos territorios se encuentran bosques nativos, humedales, glaciares, acuíferos, nacientes de ríos, minerales estratégicos, reservas de biodiversidad y amplias superficies destinadas a la producción de alimentos, por lo que consideran indispensable mantener mecanismos de control sobre su adquisición.
También señalaron que la reforma aparecía en un contexto donde el Gobierno impulsa inversiones vinculadas al litio, el cobre, el petróleo y otros recursos naturales, lo que podría aumentar el interés de capitales extranjeros por adquirir tierras en distintas regiones del país.
Uno de los antecedentes más conocidos del debate sobre la extranjerización de las tierras es el del empresario británico Joe Lewis, propietario de miles de hectáreas en la provincia de Río Negro.
Lewis adquirió durante la década de 1990 extensas tierras que rodean el Lago Escondido, un conflicto que continúa vigente debido a las denuncias por las dificultades para acceder libremente a un lago de dominio público.
Pese a distintos fallos judiciales que ordenaron garantizar el acceso por el camino de Tacuifí, organizaciones sociales y ambientalistas denuncian desde hace años que el ingreso continúa restringido.
El caso se convirtió en uno de los principales símbolos de la discusión sobre la concentración de tierras en manos extranjeras y sobre el acceso público a recursos naturales estratégicos.
Otro episodio que alimentó el debate ocurrió cuando trascendió el interés del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, por desarrollar importantes inversiones sobre tierras de la Patagonia.
Las versiones sobre posibles adquisiciones de grandes extensiones de tierras en Río Negro despertaron preocupación en distintos sectores políticos y sociales, que advirtieron sobre el riesgo de profundizar la concentración territorial en manos extranjeras.
Aunque aquellos proyectos finalmente no avanzaron en los términos inicialmente planteados, el episodio volvió a instalar la discusión sobre la necesidad de mantener límites legales para proteger territorios de alto valor ambiental, productivo y geopolítico.
Uno de los principales argumentos de quienes rechazaban la reforma es que la tierra rural constituye un recurso estratégico para el desarrollo del país.
No sólo por su valor productivo, sino porque alberga gran parte de los recursos naturales de Argentina: agua dulce, bosques, biodiversidad, minerales críticos y ecosistemas fundamentales para enfrentar el cambio climático.
Desde esta perspectiva, flexibilizar la ley podría facilitar que grandes capitales internacionales concentren superficies cada vez mayores sobre territorios que poseen un enorme valor económico, ambiental y geopolítico.
El tratamiento del proyecto también quedó envuelto en cuestionamientos por el momento elegido para debatirlo.
La convocatoria a la sesión del Senado se produjo pocas horas después del partido disputado entre Argentina e Inglaterra, un evento deportivo que monopolizó la atención pública y la cobertura de los medios de comunicación.
Desde distintos sectores de la oposición y numerosos usuarios en redes sociales señalaron que la coincidencia no pasó inadvertida y cuestionaron que una reforma de semejante importancia se discutiera mientras la agenda pública estaba enfocada casi exclusivamente en el resultado del encuentro deportivo.
La jornada además estuvo marcada por el fuerte enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes protagonizaron un duro intercambio de acusaciones a través de la red social X.
El cruce político ocupó durante horas la conversación pública y desplazó el debate sobre la reforma de la Ley de Tierras, lo que para distintos dirigentes opositores y analistas contribuyó a que la iniciativa tuviera mucha menor visibilidad de la que hubiera tenido en otro contexto.
Pese al impulso del Gobierno, la reforma no consiguió el respaldo necesario y fue rechazada por el Senado.
De esta manera, la Ley de Tierras Rurales continúa vigente sin modificaciones, manteniendo los límites actuales para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Quienes se opusieron al proyecto celebraron el resultado al considerar que evitó una flexibilización que podría haber acelerado la concentración de tierras en manos de capitales internacionales y debilitado una de las principales herramientas legales para proteger el patrimonio territorial argentino.
Por el contrario, el presidente Javier Milei sostuvo que el rechazo representa un nuevo obstáculo para la llegada de inversiones y responsabilizó a la oposición por impedir una reforma que, según afirmó, buscaba promover el crecimiento económico.
Más allá del resultado legislativo, la discusión volvió a poner sobre la mesa un debate de fondo: si las tierras rurales deben ser consideradas únicamente un activo económico abierto al mercado o un recurso estratégico cuya regulación resulta indispensable para preservar la soberanía nacional, el ambiente y el control sobre los recursos naturales que albergan.
