El gobernador de La Pampa judicializa la reforma de la Ley de Glaciares y pide su suspensión inmediata

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó una acción judicial para frenar la reciente reforma de la Ley de Glaciares aprobada en el Congreso, en lo que se convierte en el primer planteo formal contra la nueva normativa a nivel nacional.

La demanda fue presentada este miércoles, pocas horas después de que la Cámara de Diputados aprobara la modificación, y quedó radicada en la Justicia Federal de Santa Rosa, desde donde se busca suspender de manera inmediata la aplicación de la ley en todo el país.

El mandatario pampeano impulsó la iniciativa junto al Gobierno provincial, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de La Pampa, la Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú (Fuchad), en una acción de amparo colectivo que solicita declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la reforma.

En el escrito, los demandantes sostienen que los cambios introducidos en la ley implican un retroceso en materia ambiental, al flexibilizar la protección de los glaciares y permitir actividades productivas en zonas que hasta ahora estaban resguardadas. En ese sentido, advierten que la norma podría vulnerar derechos constitucionales, como el acceso al agua y a un ambiente sano, consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Además, plantean que la reforma modifica el esquema de presupuestos mínimos al otorgar mayor discrecionalidad a las provincias para definir qué áreas deben ser protegidas, lo que, según argumentan, debilita el sistema de protección ambiental a nivel federal.

Uno de los puntos centrales del reclamo es el pedido de una medida cautelar urgente, con el objetivo de frenar la aplicación de la ley mientras se resuelve su validez. Según advierten, permitir su implementación podría generar daños ambientales graves e irreversibles, especialmente en ecosistemas sensibles como los glaciares y el ambiente periglacial.

Aunque La Pampa no cuenta con glaciares en su territorio, el gobierno provincial sostiene que depende de cuencas hídricas que nacen en la Cordillera de los Andes, por lo que cualquier alteración en esas zonas podría impactar directamente en su disponibilidad de agua. En este contexto, la provincia arrastra además un histórico conflicto con Mendoza por el uso del río Atuel, una disputa de más de 50 años por la distribución del caudal que ha derivado en fallos de la Corte Suprema y reclamos constantes por el acceso equitativo al recurso hídrico.

En ese marco, el reclamo pampeano también se inscribe en una tensión política más amplia, ya que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue uno de los principales impulsores de la modificación de la Ley de Glaciares, en línea con la agenda presentada por el presidente Javier Milei para promover inversiones en sectores extractivos.

La reforma aprobada establece que la protección de los glaciares dependerá, en parte, de evaluaciones sobre su “función hídrica efectiva”, lo que podría habilitar actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos en áreas previamente protegidas.

Con esta presentación, Ziliotto abre un nuevo frente de conflicto en torno a la Ley de Glaciares, anticipando un escenario de judicialización que podría replicarse en otras provincias y escalar a instancias superiores de la Justicia.