La Política Ambiental
Un grupo de legisladores nacionales que participó en la votación de la reforma de la Ley de Glaciares integraría una comitiva que viajará a Estados Unidos invitada por la empresa minera Glencore, en medio de la polémica por el vínculo entre el sector extractivo y el debate legislativo.
La información fue revelada por el periodista Pablo Dipierri en La Política Online y encendió cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en un contexto atravesado por tensiones políticas, sociales y ambientales.
Según lo publicado, en representación de la Cámara de Diputados formarían parte del viaje Fernanda Ávila (Catamarca), Nicolás Massot (Buenos Aires), Nancy Picón Martínez (San Juan), Yamila Ruiz (Misiones), Carolina Basualdo (Córdoba) y Guillermo Snopek (Jujuy), mientras que desde el Senado fueron mencionadas Victoria Huala (PRO), Mariana Juri (Mendoza) y Natalia Gadano (Santa Cruz).
Dentro de la comitiva, además, hay posiciones divididas respecto a la reforma. Mientras varios de los legisladores acompañaron la modificación de la ley, otros ya habían expresado su rechazo, como es el caso de Carolina Basualdo (Córdoba), Guillermo Snopek (Jujuy) y Natalia Gadano (Santa Cruz), quienes se manifestaron en contra del proyecto durante su tratamiento. En particular, Snopek había advertido que la iniciativa podía afectar los intereses de su provincia en relación con el desarrollo de proyectos mineros.
El viaje, organizado por la multinacional Glencore, incluiría recorridas por emprendimientos extractivos y reuniones con actores del sector en Estados Unidos, en una agenda orientada a mostrar el potencial de la actividad minera.
La cercanía entre la invitación y el tratamiento de una norma clave para el sector generó críticas desde distintos espacios políticos y organizaciones ambientales, que cuestionan la falta de transparencia y advierten sobre la posible influencia de empresas con intereses directos en decisiones legislativas.
La situación suma un nuevo foco de tensión a un escenario ya complejo, marcado por movilizaciones en todo el país, denuncias de represión y la judicialización de la reforma. En ese marco, el vínculo entre representantes públicos y empresas del sector extractivo vuelve a quedar bajo la lupa.
