La Política Ambiental
Un acto de crueldad que despertó la indignación nacional puso bajo la lupa al barrio cerrado Las Corzuelas, ubicado en la zona de Unquillo. En el predio del complejo, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad mientras utilizaba tierra y escombros para sepultar viva a una familia de lechuzas de las vizcacheras (Athene cunicularia). Las imágenes, que circularon rápidamente entre los vecinos y luego en redes sociales, muestran cómo el sujeto sella la entrada de la madriguera ignorando los vuelos desesperados de los adultos que intentaban defender a sus pichones atrapados bajo tierra.
La lechuza de las vizcacheras es fundamental para el equilibrio ambiental en las Sierras Chicas. A diferencia de otras aves, anidan en túneles subterráneos, lo que las vuelve extremadamente vulnerables ante la intervención humana. En los barrios cerrados, funcionan como controladoras naturales de plagas, alimentándose de roedores e insectos. Su presencia es común en estas urbanizaciones, pero en lugar de optar por una relocalización supervisada, la respuesta grabada fue la eliminación directa mediante la asfixia, un hecho que movilizó de inmediato a la Patrulla Ambiental y a organizaciones proteccionistas.
La causa judicial por este hecho representa un punto de inflexión en la jurisprudencia de derecho animal de la provincia. Lo que a simple vista podría intentarse calificar como una "tarea de nivelación de terreno", se transformó en una investigación penal de peso debido a la contundencia de las cámaras de seguridad, donde quedó registrado el dolo directo. Al tapar la madriguera con escombros, el acusado no solo eliminó un nido, sino que sometió a seres sintientes a una muerte agónica, lo cual encuadra en los actos de crueldad tipificados por la Ley 14.346 (Ley Sarmiento). La fiscalía trabaja sobre la premisa de que no hubo desconocimiento, sino una intención clara de exterminio.
El análisis legal se vuelve más profundo al considerar que estas aves están protegidas por normativas de fauna silvestre que prohíben su matanza. La defensa ha intentado minimizar el incidente, pero la querella —impulsada por organizaciones como la Fundación Bio Animal— sospecha que la responsabilidad podría extenderse más allá del autor material. Se investiga si existía una directiva por parte de la administración del barrio para eliminar a estos animales bajo el argumento de que sus túneles representan un riesgo para la estética o el uso de las áreas comunes. Esta colisión entre la gestión de un barrio privado y la supervivencia de una especie nativa es el núcleo del debate ético que hoy transita los tribunales.
Actualmente, el proceso se encamina hacia una instancia definitoria, con una carga probatoria que incluye testimonios de socios que ya habían advertido la presencia de las lechuzas y denunciado la falta de protocolos de preservación por parte del club. Para la sociedad cordobesa, el caso trascendió el hecho biológico para convertirse en un reclamo por la falta de empatía y la desidia en el control de la fauna urbana. Una condena efectiva no solo buscaría castigar al responsable material, sino sentar un precedente para que clubes y barrios cerrados entiendan que los animales silvestres tienen derechos de preexistencia en el territorio y que la crueldad manifiesta tendrá consecuencias penales reales.
