La Política Ambiental
La tensión por la tierra vuelve a escalar en la provincia de Jujuy. A los recientes operativos y amenazas de desalojo en la Quebrada de Humahuaca, ahora se suma un nuevo episodio en Purmamarca, donde una familia originaria fue nuevamente intimada a abandonar el territorio que habita.
El caso refuerza un escenario de creciente conflictividad: comunidades indígenas denuncian un avance sostenido sobre sus tierras mientras reclaman que se respeten sus derechos históricos.
En Purmamarca, una familia de la comunidad indígena local recibió una notificación de desalojo con un plazo de 15 días, lo que generó temor e incertidumbre. Según denunciaron, cuentan con documentación sobre las tierras en disputa, pero no obtuvieron respuestas a los reclamos presentados ante autoridades provinciales.
Ante la falta de respuestas oficiales, los integrantes de la comunidad decidieron trasladarse hasta la capital jujeña para visibilizar la situación y exigir una solución.
Desde la comunidad advierten que la notificación presenta inconsistencias y falta de información clara sobre la titularidad del terreno. Además, expresaron sospechas de que detrás del intento de desalojo podrían existir intereses vinculados a proyectos turísticos en la zona.
La región de la Quebrada de Humahuaca, reconocida por su valor cultural y paisajístico, se ha convertido en un área cada vez más codiciada para desarrollos turísticos, lo que intensifica los conflictos territoriales.
El caso de Purmamarca no es aislado. En distintos puntos de Jujuy se vienen registrando situaciones similares, donde comunidades indígenas denuncian desalojos o intentos de despojo sobre tierras que ocupan desde hace generaciones.
Organizaciones sociales advierten que estos conflictos se multiplicaron en los últimos años, en un contexto donde persisten vacíos legales y falta de reconocimiento pleno de la propiedad comunitaria indígena.
Para las comunidades, el territorio no es solo un recurso económico, sino un espacio de vida, cultura e identidad. Por eso, cada intento de desalojo es interpretado como una amenaza directa a su existencia como pueblo.
Mientras tanto, la reactivación de desalojos en la Quebrada de Humahuaca vuelve a abrir un debate de fondo: el avance de intereses económicos sobre territorios indígenas y el rol del Estado frente a derechos que, aunque reconocidos en la normativa, siguen siendo vulnerados en la práctica.
