La Política Ambiental
La destrucción de árboles nativos protegidos en un terreno ubicado sobre la costa del lago Correntoso, en Villa La Angostura, terminó con una de las multas ambientales más severas que se recuerden en la localidad neuquina. El Tribunal Municipal de Faltas resolvió sancionar a los propietarios del predio con una multa de casi 67 millones de pesos, además de obligarlos a ejecutar un plan de recomposición ambiental para reparar los daños ocasionados al ecosistema.
La sanción llegó luego de que inspectores municipales detectaran la tala ilegal de 15 ejemplares de arrayán y cuatro coihues jóvenes, junto con movimientos de suelo y obras realizadas sin las autorizaciones correspondientes. La intervención fue constatada durante una inspección realizada el 23 de abril en un lote ubicado frente al camping mapuche sobre la costa del lago Correntoso.
El arrayán (Luma apiculata) es una de las especies más características de los bosques andino-patagónicos. Su corteza color canela, su lento crecimiento y su valor ecológico lo convierten en una especie especialmente protegida por distintas normativas ambientales.
Villa La Angostura alberga uno de los bosques de arrayanes más importantes del mundo, motivo por el cual cualquier intervención sobre estos ejemplares requiere autorizaciones específicas y estudios previos. La extracción de estos árboles sin permiso está expresamente prohibida debido al impacto que genera sobre ecosistemas que tardan décadas en recuperarse.
Además de la multa de $66.950.000, el municipio ordenó a los responsables implementar un Plan de Recomposición Ambiental bajo supervisión técnica de las áreas ambientales locales. Las medidas incluyen la reforestación obligatoria con especies nativas para intentar restaurar parte del daño generado por la tala.
Inicialmente se había informado la plantación de 20 árboles nativos, pero posteriormente las autoridades ampliaron el plan y exigieron la reforestación con 57 ejemplares de flora autóctona, una cifra considerablemente superior a la cantidad de árboles extraídos.
Las autoridades también ordenaron la regularización de toda la documentación vinculada a las obras realizadas en el terreno y habilitaron controles periódicos para verificar el cumplimiento de las tareas de restauración ambiental.
El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión que suele repetirse en distintas regiones del país: la falsa percepción de que los delitos e infracciones ambientales rara vez reciben sanciones significativas.
En este caso, los informes técnicos municipales calificaron la intervención como un daño ambiental permanente de alta gravedad debido a la extracción de especies protegidas, la alteración del suelo y la afectación de las raíces de otros árboles que permanecen en el lugar.
La decisión fue celebrada por sectores ambientalistas de la Patagonia, que desde hace años reclaman mayores controles sobre desmontes, aperturas de caminos y emprendimientos inmobiliarios que avanzan sobre áreas de alto valor ecológico.
Aunque la sanción económica es una de las más altas aplicadas por el municipio, especialistas recuerdan que ningún monto puede reemplazar completamente un ecosistema dañado. Un arrayán puede tardar varias décadas en alcanzar el tamaño de los ejemplares talados, por lo que la recuperación ambiental demandará años de seguimiento y restauración.
El caso de Villa La Angostura se transforma así en un mensaje para desarrolladores, propietarios y emprendimientos que intervienen sobre ambientes naturales sin autorización: el costo de destruir un bosque nativo puede ser mucho más alto que el de protegerlo.
En una región donde la presión inmobiliaria crece año tras año y los bosques nativos se encuentran cada vez más amenazados, la resolución también marca un precedente para futuras infracciones ambientales. La protección de especies emblemáticas como el arrayán no sólo tiene un valor paisajístico, sino que resulta fundamental para conservar la biodiversidad, los suelos, las fuentes de agua y el equilibrio ecológico de la Patagonia.
