Buenos Aires: la Justicia avanza contra directivos de Atanor y funcionarios por la presunta contaminación del río Paraná

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó avanzar con las declaraciones indagatorias de directivos de la empresa agroquímica Atanor S.A. y de funcionarios provinciales que tenían responsabilidades de control ambiental, en el marco de una causa que investiga una presunta contaminación del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

La resolución representa uno de los movimientos judiciales más importantes de los últimos años en materia ambiental y reactivó un expediente que se encuentra en trámite desde 2014, cuando un grupo de vecinos denunció posibles delitos contra la salud pública y daños ambientales vinculados con el funcionamiento de la planta industrial de Atanor.

Dónde ocurrió la presunta contaminación

La investigación se centra en la planta que Atanor opera en San Nicolás de los Arroyos, municipio ubicado sobre la margen bonaerense del río Paraná, a unos 230 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa es una de las principales productoras de agroquímicos del país y durante años fue objeto de denuncias de vecinos de los barrios Química y Ponce de León, quienes reportaron olores intensos, presencia de residuos industriales y posibles afectaciones sobre el ambiente y la salud de la población.

Según la acusación, la contaminación habría afectado el río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire de la zona, mediante el vuelco de efluentes industriales y la dispersión de partículas potencialmente peligrosas.

Qué detectó la investigación

Durante la instrucción de la causa se realizaron numerosos estudios ambientales y pericias químicas.

Los análisis detectaron la presencia de atrazina en muestras de agua obtenidas en el área investigada, además de cipermetrina y trifluralina en sectores del suelo cercanos a la planta industrial.

Los investigadores también incorporaron testimonios de vecinos y de ex trabajadores de la empresa, además de documentación técnica relacionada con el manejo de residuos y efluentes industriales.

Para la fiscalía, existen elementos suficientes para investigar si durante años se produjo una afectación ambiental que pudo haber puesto en riesgo la salud de la población y los ecosistemas asociados al Paraná.

Quiénes impulsaron la causa

El expediente se originó el 3 de junio de 2014 a partir de una denuncia presentada por habitantes de San Nicolás, quienes posteriormente se constituyeron como querellantes en el proceso judicial.

Desde entonces, vecinos y organizaciones ambientales reclamaron reiteradamente avances en una investigación que atravesó años de demoras judiciales y múltiples recursos procesales.

La querella sostiene que durante años existieron evidencias suficientes para avanzar contra los responsables de la actividad industrial y también contra quienes debían ejercer controles ambientales.

El rol del fiscal y del juez

La investigación está impulsada por el fiscal federal Matías Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás de los Arroyos.

Por su parte, el expediente se encuentra bajo la órbita del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien ahora deberá cumplir con la orden de la Cámara Federal de Rosario y convocar a los imputados para que presten declaración indagatoria.

La decisión fue adoptada por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que hizo lugar a los recursos presentados por la fiscalía y la querella.

Los imputados

La resolución alcanza a seis directivos y responsables de la planta de Atanor S.A., quienes son investigados por su presunta participación en hechos de contaminación ambiental vinculados al funcionamiento de la empresa.

Además, también deberán prestar declaración cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), organismo que durante años tuvo a su cargo la fiscalización ambiental en la provincia de Buenos Aires.

A ellos se suman tres expresidentes de la Autoridad del Agua (ADA), el organismo responsable del control y la supervisión de los recursos hídricos bonaerenses.

En total, la Justicia ordenó avanzar contra catorce personas entre directivos empresariales y ex funcionarios públicos.

La acusación contra los organismos de control

Uno de los aspectos más sensibles de la causa es que la investigación no sólo apunta a la empresa.

La fiscalía sostiene que varios funcionarios provinciales podrían haber incumplido sus obligaciones de fiscalización y control, permitiendo que la situación denunciada se prolongara durante años sin una intervención adecuada del Estado.

Según la acusación, los organismos competentes habrían omitido acciones destinadas a prevenir la contaminación, preservar los recursos naturales y supervisar correctamente las actividades desarrolladas en la planta industrial.

La investigación busca determinar si existieron negligencias, omisiones o incumplimientos de deberes por parte de quienes tenían la responsabilidad legal de proteger el ambiente.

El Paraná, un recurso estratégico para millones de personas

La causa tiene una relevancia especial porque involucra al río Paraná, uno de los sistemas hídricos más importantes de América del Sur.

El Paraná abastece de agua a millones de personas, sostiene actividades productivas, pesqueras e industriales y constituye uno de los corredores ecológicos más relevantes del continente.

Por esa razón, cualquier episodio de contaminación genera preocupación no sólo a nivel local sino también regional, especialmente en una cuenca que desde hace años enfrenta presiones derivadas de la actividad industrial, urbana y agropecuaria.

Un caso que puede sentar precedente

Aunque las indagatorias no implican una condena, representan un paso clave porque la Justicia considera que existen elementos suficientes para profundizar la investigación sobre las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.

Después de más de una década de reclamos vecinales, el expediente entra ahora en una etapa decisiva que podría convertirse en uno de los casos ambientales más importantes de los últimos años en Argentina.

El avance de la causa también vuelve a poner sobre la mesa una discusión cada vez más presente en el país: hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas cuando existe un posible daño ambiental y cuál es el rol que deben cumplir los organismos estatales encargados de controlar y prevenir este tipo de situaciones.