
Argentina activa un plan federal ante el riesgo de inundaciones por el fenómeno El Niño
El Gobierno nacional aprobó un protocolo de coordinación para el período 2026-2027. La estrategia estará encabezada por la Agencia Federal de Emergencias y alcanzará inicialmente a las provincias de la Cuenca del Plata.
La Política Ambiental
El Gobierno nacional aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia destinada a organizar la prevención y la respuesta estatal ante el posible desarrollo del fenómeno El Niño y el consecuente aumento del riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y otras emergencias hidrometeorológicas.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 559/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, firmada el 19 de junio y publicada el 7 de julio en el Boletín Oficial. La norma encomienda a la Agencia Federal de Emergencias la articulación entre los organismos nacionales, las provincias y los municipios involucrados.
El plan se aplicará durante el segundo semestre de 2026 y podrá extenderse hasta el segundo semestre de 2027, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas. La Agencia Federal de Emergencias también quedó facultada para modificar o actualizar el operativo frente a nuevas necesidades técnicas, logísticas o territoriales.
Previsiones de lluvias por encima de lo normal
La decisión oficial se apoya en previsiones meteorológicas que identificaron una transición hacia condiciones compatibles con El Niño-Oscilación del Sur, conocido por la sigla ENOS, a partir del trimestre junio, julio y agosto de 2026.
Según los fundamentos de la resolución, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno superaba el 70% desde el período invernal y aumentaba para los trimestres posteriores. Ese escenario podría favorecer precipitaciones superiores a los valores normales durante la primavera y el verano de 2026-2027, especialmente en la Cuenca del Plata.
La puesta en marcha del plan no significa que las inundaciones vayan a producirse necesariamente con la misma intensidad en todas las regiones. Se trata de una preparación anticipada frente a un escenario climático probable, cuyas características deberán ser actualizadas a partir de los informes del Servicio Meteorológico Nacional y de los demás organismos científicos.
Las jurisdicciones alcanzadas
En una primera etapa, el operativo comprenderá a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estas jurisdicciones se encuentran vinculadas a la Cuenca del Plata, una región particularmente expuesta a los efectos de las lluvias intensas y las crecidas de los grandes ríos. El área de aplicación podrá ampliarse a otras provincias en caso de que la evolución del fenómeno lo requiera.
La estrategia será coordinada dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, creado por la Ley 27.287 para articular las acciones de los gobiernos nacional, provinciales y municipales ante desastres y emergencias.
Monitoreo, alertas tempranas y despliegue de recursos
Entre las principales acciones previstas se encuentran el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, la elaboración de informes científicos y georreferenciados, la activación de sistemas de alerta temprana y la realización de reuniones de coordinación con las autoridades provinciales.
Cuando se identifiquen zonas afectadas o con riesgo concreto, podrá establecerse un sistema de comando unificado para coordinar la respuesta, distribuir tareas y ordenar el despliegue de recursos humanos, sanitarios y logísticos.
El plan contempla la utilización inicial de los medios federales que ya se encuentren instalados en las provincias. Si esos recursos resultan insuficientes, podrán enviarse refuerzos operativos desde otras jurisdicciones.
Participarán la Agencia Federal de Emergencias, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, Vialidad Nacional, el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros organismos.
La intervención podría incluir el apoyo para evacuaciones, la asistencia a poblaciones aisladas, el traslado de recursos, el monitoreo de rutas y cursos de agua y la coordinación de respuestas sanitarias. El alcance concreto dependerá de las características de cada emergencia y de los requerimientos formulados por las jurisdicciones afectadas.
La primera respuesta seguirá en manos locales
Uno de los aspectos centrales del protocolo es que mantiene el denominado principio de subsidiariedad. Esto significa que la primera respuesta deberá ser organizada por el municipio afectado. Si sus recursos no resultan suficientes, deberá intervenir la provincia y, finalmente, podrá solicitarse la asistencia del Estado nacional.
Los medios federales actuarán, por lo tanto, de manera complementaria cuando la magnitud o complejidad de la emergencia supere la capacidad operativa local. Este esquema busca evitar superposiciones y establecer con anticipación qué autoridad debe intervenir en cada etapa.
Sin embargo, la eficacia del plan dependerá de que los distintos niveles del Estado mantengan información actualizada, realicen tareas preventivas y dispongan de recursos suficientes antes de que se produzcan las emergencias.
Prepararse antes de la emergencia
La aprobación del plan representa un intento de abandonar una lógica exclusivamente reactiva y organizar la intervención estatal antes de que las lluvias intensas o las crecidas provoquen daños graves.
La identificación de zonas vulnerables, el mantenimiento de los sistemas de drenaje, la revisión de defensas y terraplenes, la actualización de los protocolos de evacuación y la comunicación temprana con la población serán determinantes para reducir los riesgos.
El fenómeno El Niño puede provocar alteraciones en los patrones habituales de precipitaciones y afectar viviendas, rutas, servicios públicos, actividades productivas y sistemas sanitarios. Frente a ese escenario, la coordinación federal será necesaria, pero no reemplazará las inversiones estructurales ni la planificación territorial que requieren las regiones expuestas.
La capacidad real de prevención se pondrá a prueba durante los próximos meses, cuando el monitoreo climático permita determinar la intensidad, extensión y duración del fenómeno previsto para el período 2026-2027.


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