
Colombia anunció un blindaje histórico para su Amazonía frente a nuevos proyectos mineros y petroleros
El Gobierno busca declarar más de 483.000 kilómetros cuadrados como reserva de recursos naturales renovables. La medida impediría el avance de nuevos proyectos de gran minería e hidrocarburos, aunque su entrada en vigencia todavía depende de la consulta previa con los pueblos indígenas y de la aprobación formal de la resolución.
La Política Ambiental
Colombia dio un paso sin precedentes en la región al anunciar la protección integral de su bioma amazónico frente a la expansión de nuevas actividades de gran minería y explotación de hidrocarburos.
La iniciativa comprende 483.164 kilómetros cuadrados, equivalentes al 42,3 % del territorio continental colombiano y aproximadamente al 7 % de toda la Amazonía sudamericana. Con esta decisión, el país se presentó como el primero de la cuenca amazónica en impulsar una figura de protección sobre la totalidad de su territorio perteneciente al bioma.
El anuncio fue realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante la cumbre climática COP30, celebrada en noviembre de 2025 en la ciudad brasileña de Belém do Pará.
Un freno a nuevos proyectos extractivos
La propuesta busca declarar la Amazonía colombiana como una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables, una figura jurídica destinada a impedir la expansión de nuevos proyectos extractivos convencionales.
Según la información oficial, la medida alcanzaría a los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, además de sectores amazónicos de Meta, Vichada, Cauca y Nariño. En total, el territorio protegido se distribuye en diez departamentos y comprende 61 municipios y 18 áreas no municipalizadas.
El Gobierno colombiano informó que dentro del bioma existen 43 bloques de hidrocarburos y 286 solicitudes mineras cuya eventual activación podría aumentar la presión sobre los bosques, los ríos y las comunidades que habitan la región.
La declaratoria pretende cerrar el paso a nuevas concesiones, contratos y autorizaciones para proyectos de gran minería e hidrocarburos. No obstante, no implica la finalización inmediata de todas las actividades existentes: el proyecto original contemplaba respetar los derechos previamente consolidados y permitir que los contratos vigentes con licencia ambiental continuaran hasta su vencimiento.
Un territorio estratégico para el clima y la biodiversidad
La Amazonía colombiana conserva más del 80 % de su cobertura boscosa y cumple una función fundamental en la regulación del clima, el almacenamiento de carbono y el funcionamiento del ciclo hídrico de gran parte de Sudamérica.
Dentro del área alcanzada por la iniciativa, el 22,9 % forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y cerca del 55 % corresponde a resguardos indígenas, que ocupan aproximadamente 26,8 millones de hectáreas.
El Ministerio de Ambiente también destacó que la región alberga alrededor del 10 % de las especies de plantas conocidas del planeta y es habitada por cerca de 1,2 millones de personas, principalmente integrantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrodescendientes.
La protección busca evitar nuevos procesos de deforestación, fragmentación de ecosistemas, contaminación de los cursos de agua y degradación de los suelos. También procura preservar los llamados “ríos voladores”, corrientes atmosféricas de vapor de agua generadas por la selva que transportan humedad hacia los Andes y otras regiones del continente.
La medida todavía debe completar su trámite legal
Pese a la contundencia del anuncio, el blindaje no se encuentra plenamente operativo. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa determinó que la resolución debe ser consultada con las comunidades étnicas potencialmente afectadas antes de su aprobación definitiva.
En mayo de 2026 todavía no se había dictado la norma que oficializara la reserva, pese a que el Ministerio de Ambiente continuaba presentando internacionalmente la medida como una decisión adoptada. Por lo tanto, se trata de un compromiso político y ambiental de enorme relevancia, pero pendiente de completar los procedimientos jurídicos necesarios para que produzca efectos concretos.
Tampoco supone por sí sola el fin de la minería ilegal, una de las principales amenazas para los ríos amazónicos debido al uso de mercurio, la deforestación y la presencia de organizaciones criminales. La efectividad de la iniciativa dependerá de su reglamentación, del control territorial y de la participación efectiva de los pueblos indígenas.
La decisión marca, de todos modos, un cambio de orientación relevante: por primera vez un país amazónico plantea proteger la totalidad de su bioma frente a nuevos proyectos de gran minería e hidrocarburos. El desafío será transformar ese anuncio en una norma efectiva, jurídicamente sólida y sostenida en el tiempo.


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