La Rural respaldó el proyecto de Milei que elimina límites a la compra de tierras por extranjeros

La Sociedad Rural Argentina expresó su respaldo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional que busca reformar el régimen de propiedad de las tierras rurales y eliminar los límites nacionales actualmente establecidos para su adquisición por parte de personas y empresas extranjeras.

El posicionamiento fue formulado por el presidente de la entidad, Nicolás Pino, durante el acto inaugural de la 138ª Exposición Rural de Palermo, encabezado este domingo por el presidente Javier Milei y funcionarios de su gabinete.

La iniciativa, denominada oficialmente Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, no se limita a las tierras rurales. También introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, los registros inmobiliarios y la Ley de Manejo del Fuego. Actualmente cuenta con dictamen en el Senado y su tratamiento fue postergado hasta la sesión prevista para el 6 de agosto.

Respaldo al derecho de los propietarios

Durante su discurso, Pino sostuvo que las regulaciones deben partir del respeto al derecho de propiedad y de la libertad de los titulares para decidir el destino y el uso de sus campos.

El dirigente rural expresó su apoyo al proyecto del Ejecutivo, aunque señaló que la protección de la propiedad debe compatibilizarse con la defensa del ambiente y la seguridad nacional.

“Debemos asegurar el pleno respeto al derecho de propiedad, que comprende la libertad de cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra”, sostuvo el titular de la Sociedad Rural.

Pino también cuestionó determinadas adquisiciones realizadas en la Patagonia para la creación de reservas privadas y reclamó que esos emprendimientos establezcan medidas que protejan a los propietarios y habitantes de las zonas vecinas.

Qué cambia para los compradores extranjeros

La Ley 26.737 establece actualmente que las personas y sociedades extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal.

Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje y un mismo titular extranjero no puede adquirir más de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o una superficie equivalente según la ubicación y las características productivas del territorio.

El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo elimina esos límites para los inversores privados extranjeros. No obstante, el dictamen elaborado en el Senado incorporó una modificación que permite a cada provincia autorizar, regular o impedir las operaciones dentro de su jurisdicción.

La iniciativa sí mantiene restricciones para los Estados extranjeros, sus empresas públicas y fondos estatales. Sin embargo, contempla que el Poder Ejecutivo pueda autorizar una operación cuando considere que no representa un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá brindar seguridad jurídica y atraer capitales para proyectos productivos. Milei estimó que la apertura podría generar inversiones por unos 15.000 millones de dólares en sectores como la actividad forestal, la lechería y el desarrollo de sistemas de riego.

En sentido contrario, organizaciones sociales y ambientales advierten que la eliminación de los límites nacionales puede profundizar la concentración y extranjerización de tierras, especialmente en territorios estratégicos por su disponibilidad de agua, bosques, minerales y biodiversidad. También cuestionan que la iniciativa reduzca la capacidad estatal para regular el uso del suelo y proteger bienes comunes.

El reclamo por las retenciones

Pese al respaldo al rumbo económico del Gobierno, Pino volvió a reclamar la eliminación definitiva de los derechos de exportación aplicados al sector agropecuario.

El presidente de la Sociedad Rural afirmó que las cadenas productivas del campo aportaron más de 83.000 millones de dólares durante el último año y sostuvo que las reducciones impositivas permitieron que alrededor de 6.000 millones fueran reinvertidos en la actividad.

“Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, reclamó ante Milei y los principales representantes del sector agropecuario.

El mandatario calificó a las retenciones como una “aberración”, pero evitó anunciar su eliminación inmediata. Señaló que las nuevas bajas dependerán de la continuidad del equilibrio fiscal y reconoció que el tributo no llegará a cero durante su actual mandato.

Milei anticipó que una eliminación completa podría concretarse durante una eventual segunda gestión presidencial. Además, sostuvo que el crecimiento de Vaca Muerta, la producción energética y la minería permitirá obtener las divisas necesarias para reducir progresivamente la carga tributaria sobre el campo.

Un proyecto que también modifica normas ambientales

La reforma respaldada por la Sociedad Rural también contempla cambios en la Ley de Manejo del Fuego.

La normativa vigente impide durante determinados plazos la venta, el loteo o el cambio de uso de terrenos afectados por incendios, con el objetivo de evitar que el fuego sea utilizado como mecanismo para habilitar negocios inmobiliarios o productivos.

El texto original del Gobierno eliminaba varias de esas prohibiciones. Sin embargo, el dictamen del Senado mantuvo las restricciones de 60 años para los bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales, pero aceptó flexibilizar parcialmente las reglas aplicables a otras tierras rurales incendiadas.

La discusión llegará nuevamente al Congreso en agosto. Allí se definirá si el respaldo expresado por la Sociedad Rural se traduce en los votos necesarios para aprobar una reforma que, bajo la defensa de la propiedad privada, modifica aspectos centrales de la política territorial y ambiental argentina.