Neuquén: desalojan a las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo

El desalojo de las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo, en Neuquén, volvió a encender la discusión sobre la situación de los pueblos originarios en Argentina. El operativo judicial realizado en el territorio de El Pedregoso, en el Lote Pastoril 42, sobre la Ruta Nacional 40, generó fuertes críticas contra los jueces que habilitaron la medida, contra las fuerzas de seguridad que participaron del procedimiento y contra el Gobierno de Javier Milei, al que organizaciones indígenas y de derechos humanos responsabilizan por haber profundizado un escenario de mayor vulnerabilidad para las comunidades. El caso, además, se produce en un contexto de desalojos, conflictos territoriales y episodios de represión que también tuvieron como escenario a Jujuy y Misiones.

La situación de Kinxikew y Melo tiene una particularidad que vuelve todavía más complejo el conflicto: el propio Estado había reconocido la presencia tradicional de la comunidad en el territorio. En 2023, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoció oficialmente la ocupación actual, tradicional y pública de la Lof Kinxikew sobre el territorio relevado. Sin embargo, ese reconocimiento nunca se transformó en un título de propiedad comunitaria y, años después, una orden judicial terminó habilitando el desalojo.

¿Dónde ocurrió el desalojo?

El operativo se realizó en El Pedregoso, un sector de aproximadamente 625 hectáreas, ubicado en el Lote Pastoril 42, sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento Los Lagos de Neuquén, en las cercanías de Villa La Angostura.

En ese territorio se encuentran las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo, que sostienen que se trata de tierras ancestrales y que mantienen allí una presencia comunitaria histórica.

Para las comunidades, no se trata simplemente de un terreno en disputa. Allí viven familias, crían animales, desarrollan actividades de subsistencia y mantienen espacios de importancia cultural y espiritual, además de lugares vinculados con sus antepasados.

Entre ambas comunidades viven más de 130 personas, entre ellas 35 niñas y niños y 17 personas adultas mayores.

El Estado ya había reconocido la presencia de Kinxikew

Uno de los puntos centrales del conflicto es el reconocimiento realizado por el propio Estado.

En 2004, el Plan de Gestión del Parque Nacional Nahuel Huapi reconoció la preexistencia de la Lof Kinxikew y su asentamiento en la zona desde antes de 1902.

En 2006, el INAI incorporó a la comunidad al Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

Y en 2023 ocurrió el reconocimiento más importante: después del relevamiento técnico, jurídico y catastral solicitado por la comunidad, el INAI dictó la Resolución 332/2023, que reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de la Lof Kinxikew sobre el territorio relevado.

Pero ese reconocimiento no se convirtió en un título de propiedad comunitaria.

Ahí aparece una de las principales contradicciones que denuncian las organizaciones: el Estado reconoce la presencia ancestral de la comunidad, pero no completa la titulación y, al mismo tiempo, permite que avance un proceso judicial que termina con el desalojo.

¿Por qué se produjo el desalojo?

El conflicto judicial comenzó con una demanda presentada por María Cristina Broers contra integrantes de la comunidad.

La causa es conocida como “Broers María Cristina c/ Quintriqueo Pascual Felidoro s/ Interdicto de Recobrar” y se inició hace varios años.

En 2016, un juzgado de primera instancia falló a favor de Broers y rechazó la aplicación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La comunidad cuestionó la decisión y, posteriormente, incorporó al expediente el reconocimiento territorial realizado por el INAI en 2023.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén consideró que ese reconocimiento administrativo había sido posterior a la sentencia y que, por lo tanto, no podía modificar lo resuelto.

El conflicto llegó posteriormente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la comunidad presentó un recurso que todavía se encontraba pendiente.

A pesar de esto, la orden de desalojo avanzó y finalmente fue ejecutada.

Las críticas apuntan a los jueces

Uno de los principales cuestionamientos de las comunidades y de las organizaciones que acompañan el reclamo está dirigido contra el Poder Judicial.

La crítica se centra en que los tribunales avanzaron con una medida de desalojo sin que estuviera resuelta definitivamente la cuestión territorial y mientras permanecía pendiente la discusión ante la Corte Suprema.

También cuestionan que el reconocimiento realizado por el Estado a través del INAI no haya tenido un peso suficiente para detener el procedimiento.

Para las organizaciones, el problema no es solamente quién tiene la posesión de un terreno, sino que existe una dimensión colectiva y constitucional vinculada con los derechos territoriales de un pueblo indígena.

También cuestionan el operativo policial

El otro foco de críticas está puesto sobre las fuerzas de seguridad que ejecutaron la orden judicial.

Las comunidades y organizaciones que acompañan el reclamo cuestionan que la respuesta frente a un conflicto territorial indígena termine siendo un operativo de desalojo y presencia policial en lugar de una instancia de diálogo y resolución de fondo.

La preocupación aumenta porque este tipo de conflictos no son nuevos y, durante los últimos años, distintos pueblos originarios denunciaron episodios de represión, detenciones y desalojos en diferentes puntos del país.

El caso de Neuquén aparece así dentro de un escenario más amplio en el que las comunidades denuncian que la respuesta estatal frente a los conflictos territoriales se está desplazando cada vez más hacia la vía policial y judicial.

Jujuy: otro conflicto con comunidades indígenas

Uno de los antecedentes más fuertes se encuentra en Jujuy.

En los últimos años, las comunidades originarias de la provincia protagonizaron fuertes movilizaciones en defensa de sus territorios, particularmente durante el proceso de reforma de la Constitución provincial de 2023.

Aquella reforma generó una enorme resistencia entre comunidades indígenas, organizaciones sociales y otros sectores, especialmente por las disposiciones vinculadas con la protesta, los recursos naturales y los derechos territoriales.

La respuesta policial incluyó gases lacrimógenos y balas de goma, además de personas heridas y detenidas. El conflicto fue denunciado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Y el conflicto no quedó en 2023. En agosto de 2026, la Comunidad Indígena Santa Rosa, en Humahuaca, volvió a denunciar un operativo policial con represión, personas heridas, detenidos y familias expulsadas de sus tierras.

Para las organizaciones indígenas, estos episodios muestran que el problema de fondo continúa siendo el acceso y reconocimiento efectivo de los territorios ancestrales.

Misiones: comunidades Mbya también denuncian desalojos

Una situación similar se viene registrando en Misiones, donde comunidades Mbya Guaraní mantienen distintos conflictos por sus territorios.

En 2025, más de 50 comunidades indígenas llegaron a acampar frente a la Casa de Gobierno provincial para reclamar por el reconocimiento territorial, el avance de desmontes y otros derechos básicos.

Y durante 2026 también se denunciaron operativos de desalojo contra comunidades Mbya. En uno de los casos, organizaciones denunciaron la intervención de efectivos de la Policía de Misiones y el encarcelamiento de un cacique.

El problema estructural es enorme: según datos publicados recientemente sobre la situación de las comunidades Mbya en Misiones, de más de 138 comunidades guaraníes, solamente 15 cuentan con título de propiedad, mientras que otras 60 fueron relevadas pero todavía no tienen su carpeta aprobada.

El Gobierno de Milei y la derogación de la Ley 26.160

En este contexto aparece una de las principales críticas al Gobierno nacional.

En diciembre de 2024, Javier Milei derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, una norma que había establecido un mecanismo de relevamiento de los territorios ocupados tradicionalmente por comunidades indígenas y que suspendía los desalojos mientras se realizaban esos procesos.

La derogación eliminó una de las principales herramientas legales que las comunidades utilizaban para frenar temporalmente los desalojos.

Desde entonces, organizaciones indígenas y de derechos humanos vienen alertando que las comunidades que todavía no tienen títulos comunitarios quedaron en una situación mucho más vulnerable.

El caso Kinxikew resulta especialmente significativo porque el relevamiento ya había sido realizado y el Estado había reconocido la ocupación tradicional, pero la falta de titulación dejó abierta la posibilidad de que continuara el conflicto judicial.

¿Un patrón de mayor presión sobre los territorios indígenas?

Las organizaciones que cuestionan el desalojo de Neuquén sostienen que no se trata de un hecho aislado.

Señalan una combinación de factores: derogación de herramientas de protección territorial, avance de causas judiciales, desalojos, utilización de fuerzas de seguridad y falta de reconocimiento efectivo de la propiedad comunitaria.

A esto se suma el discurso del Gobierno nacional sobre algunas organizaciones mapuche. En 2025, por ejemplo, el Gobierno declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista y vinculó al grupo con incendios en la Patagonia, una acusación que fue cuestionada por organizaciones mapuche y que, según reportes periodísticos, no estaba respaldada por pruebas judiciales concretas.

Para las comunidades, este tipo de discursos contribuye a instalar una mirada de sospecha sobre el conjunto del pueblo mapuche y puede favorecer un escenario de mayor criminalización de los reclamos territoriales.

Una discusión que excede a Kinxikew y Melo

El desalojo de las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa a buena parte de la Patagonia y otras regiones del país:

¿Qué ocurre cuando el Estado reconoce que una comunidad indígena ocupa tradicionalmente un territorio, pero nunca le entrega el título de propiedad comunitaria?

Mientras esa discusión continúa sin una solución definitiva, las comunidades quedan expuestas a conflictos con particulares, causas judiciales y órdenes de desalojo.

Y eso es justamente lo que organizaciones de derechos humanos cuestionan en Neuquén: que la Justicia y las fuerzas de seguridad terminen resolviendo mediante un desalojo un conflicto territorial que todavía tiene aspectos fundamentales sin resolver.

El caso Kinxikew y Melo se suma así a una serie de conflictos que atraviesan a comunidades indígenas de Neuquén, Jujuy, Misiones y otras provincias, donde la disputa por la tierra se cruza con derechos ancestrales, protección ambiental, intereses económicos y decisiones políticas.

Para las organizaciones que acompañan a las comunidades, el reclamo es claro: el Estado debe garantizar los derechos territoriales de los pueblos originarios y priorizar mecanismos de diálogo y reconocimiento por sobre la represión y los desalojos.

Y mientras la discusión de fondo continúa, en El Pedregoso hay más de un centenar de personas que fueron desplazadas de un territorio que, para la comunidad Kinxikew, no es solamente tierra: es parte de su historia, su identidad y su forma de vida.