Buenos Aires: murió un trabajador intoxicado con plomo y destaparon una trama de trata laboral vinculada a Baterías Champion

La muerte de un trabajador de apenas 20 años permitió descubrir una grave trama de explotación laboral en Tortuguitas, partido bonaerense de Malvinas Argentinas. En dos establecimientos industriales se realizaban tareas de desarme de baterías y fundición de plomo, mientras decenas de trabajadores desarrollaban sus actividades en condiciones de extrema precariedad, expuestos a sustancias tóxicas y sin elementos adecuados de protección.

El caso salió a la luz después del fallecimiento de un joven oriundo de Misiones. Los estudios médicos detectaron en su sangre 122,8 microgramos de plomo por decilitro, una concentración cuatro veces superior al máximo admitido para un trabajador expuesto a ese metal.

La denuncia fue realizada a partir de la intervención de médicos de un hospital público, que alertaron sobre la situación. Posteriormente, los informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la documentación de la aseguradora y el testimonio de un familiar del joven permitieron avanzar con las inspecciones.

La investigación reveló la existencia de un segundo establecimiento que no estaba declarado ante las autoridades. El 13 de octubre de 2026, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo bonaerense presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Tres días después, el 16 de octubre, se realizaron los allanamientos.

Durante los procedimientos fueron relevados 23 trabajadores y trabajadoras. De ese total, 14 fueron identificados como víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

Vivían y trabajaban entre residuos de plomo y ácidos

Las condiciones encontradas durante los allanamientos evidenciaron una situación de extrema vulnerabilidad. Los trabajadores cumplían jornadas de hasta 12 horas y vivían, comían y dormían dentro de los mismos establecimientos donde realizaban sus tareas.

Para descansar utilizaban contenedores y espacios instalados dentro de los predios industriales, donde permanecían expuestos a los residuos de las actividades productivas.

En esos establecimientos funcionaban una planta clandestina de desarme de baterías de plomo y una fundición. Los trabajadores manipulaban acumuladores de automóviles y camiones, procesaban metales y estaban expuestos a residuos de óxido de plomo, ácidos y vapores provenientes de los procesos industriales.

No contaban con elementos de protección personal adecuados y desarrollaban sus actividades sobre superficies contaminadas.

Según las publicaciones periodísticas que recogieron testimonios de los trabajadores, nueve de las personas rescatadas eran oriundas de Misiones, dos de Chaco y tres de la provincia de Buenos Aires. Algunos denunciaron que llevaban años trabajando en esas condiciones y que había compañeros que permanecían en los establecimientos desde hacía aproximadamente una década.

También señalaron que cobraban entre $450.000 y $480.000 por quincena, dependiendo de los testimonios recogidos por distintos medios, y que trabajaban sin registrar.

Uno de los trabajadores describió el lugar como un establecimiento donde desarmaban baterías de automóviles y camiones para después fundir el plomo. La convivencia cotidiana con esos materiales formaba parte de su rutina laboral.

La gravedad del caso no se limita a las jornadas extensas o a los salarios denunciados. Las personas permanecían expuestas a sustancias peligrosas incluso después de terminar de trabajar, porque sus lugares de descanso estaban dentro de las mismas instalaciones industriales.

Baterías Champion: quién es el empresario detrás de la investigación

Una de las revelaciones más importantes de la investigación periodística publicada por La Izquierda Diario es la identificación de Antonio Rivero como propietario de Baterías Champion, una empresa reconocida en el sector de acumuladores eléctricos.

Rivero, de 84 años, se presentó ante la Justicia después de que cuatro personas vinculadas con la administración de los establecimientos fueran detenidas. Posteriormente quedó detenido en el marco de la investigación.

La empresa también está vinculada con Industrias Harbat S.A., denominación asociada comercialmente a Baterías Champion, que cuenta con una planta histórica en Bosques, localidad de Florencio Varela.

La identificación de esta relación empresarial abre una nueva línea de investigación: determinar si las condiciones de explotación y exposición al plomo encontradas en Tortuguitas también se reproducían en otros establecimientos vinculados con la compañía.

No se trata de una preocupación nueva. Antes de que se conociera el caso de Tortuguitas, trabajadores de la planta de Bosques ya habían denunciado problemas relacionados con la precarización laboral, la falta de elementos de protección y la exposición a sustancias tóxicas.

La información publicada por medios sindicales señala que integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica (ATIQyP) habían denunciado irregularidades en las condiciones laborales de la empresa.

Entre los cuestionamientos figuraban la falta de indumentaria adecuada, problemas de higiene en los vestuarios, deficiencias edilicias y la ausencia de máscaras y otros elementos de protección.

También se denunció que los medidores utilizados para controlar la toxicidad estaban ubicados lejos de las áreas donde efectivamente trabajaban los operarios, lo que podía impedir detectar correctamente los niveles de exposición.

Según los datos difundidos por InfoGremiales, análisis gestionados por fuera de la aseguradora de riesgos del trabajo detectaron niveles elevados de plomo en ocho de los quince trabajadores examinados. Uno de los casos habría presentado una concentración particularmente elevada.

Estas denuncias requieren una investigación específica y la publicación de los resultados médicos y ambientales correspondientes. Sin embargo, permiten advertir que las condiciones de exposición al plomo en el ámbito de Baterías Champion ya habían sido objeto de cuestionamientos antes de los allanamientos de Tortuguitas.

Denuncias sobre vínculos empresariales y sindicales

Otra de las líneas que surgieron después de los allanamientos involucra a Fabián Hermoso, dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQyP).

Una investigación de InfoGremiales señaló posibles vínculos entre Rivero y Hermoso, y denunció una relación de cercanía entre el empresario y la conducción sindical.

Según testimonios atribuidos a trabajadores y fuentes sindicales, existieron presiones para que empleados de Baterías Champion abandonaran su afiliación a ATIQyP y se incorporaran a la organización sindical que conduce Hermoso.

También se denunciaron diferencias en la representación de los trabajadores y en la negociación de las condiciones salariales.

La Izquierda Diario, por su parte, planteó que la Justicia debería investigar si Rivero y Hermoso tuvieron algún tipo de participación o vinculación con la presunta red de explotación laboral descubierta en Tortuguitas.

Hasta el momento, estas acusaciones no deben confundirse con responsabilidades penales comprobadas. La eventual participación de dirigentes sindicales en los hechos investigados requiere pruebas y una determinación judicial.

De todos modos, los cuestionamientos introducen una pregunta relevante: qué mecanismos de representación y control existían sobre las condiciones de trabajo en las plantas vinculadas con la empresa y por qué las denuncias anteriores no lograron evitar situaciones de exposición laboral.

El plomo: un peligro que no termina cuando finaliza la jornada

El caso de Tortuguitas también expone los riesgos ambientales y sanitarios de una actividad industrial que requiere controles estrictos.

El plomo es un metal pesado altamente tóxico que puede ingresar al organismo mediante la inhalación de partículas y vapores o por la ingestión de polvo contaminado. Una vez incorporado, puede acumularse en distintos tejidos y provocar daños que persisten incluso después de que finaliza la exposición.

La Organización Mundial de la Salud advierte que no existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse completamente seguro.

Entre sus principales consecuencias se encuentran las alteraciones del sistema nervioso, los daños renales, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos en la producción de hemoglobina, que pueden derivar en anemia. También puede afectar la fertilidad y generar complicaciones durante el embarazo.

En las plantas de reciclaje de baterías, el desarme de los acumuladores puede liberar partículas y residuos contaminados. Durante la fundición, el calentamiento del material puede generar humos y partículas que ingresan al organismo por las vías respiratorias.

La exposición también puede extenderse fuera de los establecimientos. El polvo contaminado puede trasladarse mediante la ropa, el calzado y los vehículos, alcanzando otros espacios y aumentando el riesgo para las personas que conviven con los trabajadores.

En Tortuguitas, la situación era todavía más grave porque los empleados vivían dentro de las instalaciones. No existía una separación efectiva entre el lugar de trabajo y el espacio de descanso.

Los 122,8 microgramos de plomo por decilitro detectados en la sangre del joven fallecido constituyen una señal alarmante de la exposición a la que estaba sometido.

Además, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que las 14 personas rescatadas presentaban distintos grados de intoxicación. Esto vuelve imprescindible conocer sus resultados médicos y garantizar un seguimiento sanitario a largo plazo.

¿Qué pasó con los residuos y la contaminación ambiental?

Más allá de la explotación laboral, existe una dimensión ambiental que todavía necesita respuestas.

El procesamiento de baterías usadas y la fundición de plomo pueden generar residuos peligrosos, emisiones atmosféricas y contaminación de superficies. Cuando estas operaciones se realizan sin controles adecuados, los metales pesados pueden permanecer durante largos períodos en el ambiente.

El plomo no se degrada ni desaparece naturalmente. Puede acumularse en el suelo, el polvo y los sedimentos, y trasladarse hacia otros espacios si no existe una gestión segura de los residuos industriales.

Por eso, resulta fundamental determinar qué ocurrió con los restos de baterías, los ácidos, los óxidos de plomo y las escorias provenientes de la fundición.

También es necesario conocer si existieron emisiones contaminantes, si los residuos fueron almacenados o descartados de manera irregular y si las actividades desarrolladas pudieron afectar a los vecinos de las inmediaciones.

Hasta el momento, no se conocen públicamente resultados concluyentes de análisis de suelo, agua y aire que permitan establecer si hubo contaminación fuera de los establecimientos o cuál sería su alcance.

La intervención de brigadas del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal durante los procedimientos demuestra que esta dimensión también formó parte del operativo. Sin embargo, todavía es necesario conocer si se realizaron estudios ambientales posteriores y cuáles fueron sus resultados.

La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos establece obligaciones para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de materiales capaces de afectar la salud y el ambiente.

La investigación debería determinar si los establecimientos cumplían con esas exigencias y qué responsabilidades corresponden a quienes desarrollaban y controlaban las actividades industriales.

Cinco detenidos y una investigación que podría tener nuevas derivaciones

La Policía Federal Argentina desarrolló el denominado Operativo Plomo Letal, que incluyó procedimientos en los establecimientos industriales y en domicilios vinculados con la investigación en Tigre, Ingeniero Maschwitz y La Plata.

Como resultado, cinco personas quedaron detenidas. Entre ellas se encuentra Antonio Rivero, señalado como propietario de Baterías Champion y presunto líder de la organización. También fueron detenidas tres mujeres y otro hombre.

Durante los allanamientos se secuestraron un automóvil, una computadora portátil, cuatro CPU, seis teléfonos celulares y documentación que podría aportar información sobre el funcionamiento de los establecimientos y las responsabilidades de las personas involucradas.

La causa tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con intervención de la Secretaría N.º 8, encabezada por María Eugenia Negrello. Se investigan presuntos delitos de trata de personas y homicidio culposo.

Las detenciones no representan condenas y las responsabilidades penales deberán establecerse durante el proceso judicial.

¿Quién se hará responsable de los trabajadores y del ambiente?

El Gobierno bonaerense informó que las 14 personas rescatadas quedaron bajo asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. También participaron el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología (CEPROTOX).

Sin embargo, los testimonios publicados posteriormente plantearon cuestionamientos sobre la continuidad de la asistencia y la falta de seguimiento médico.

La exposición prolongada al plomo requiere controles sanitarios especializados. No alcanza con abandonar el lugar de trabajo: es necesario evaluar posibles daños neurológicos, renales, cardiovasculares y hematológicos, además de realizar un seguimiento de los niveles de plomo en sangre.

También resulta imprescindible conocer qué sucedió con las víctimas después del rescate, si cuentan con alojamiento, asistencia económica y asesoramiento legal, y si reciben atención médica periódica.

A su vez, los antecedentes denunciados en la planta de Bosques obligan a ampliar las preguntas sobre los controles laborales y ambientales de los establecimientos vinculados con Baterías Champion.

La muerte de un trabajador de apenas 20 años y el rescate de otras 14 personas exponen una problemática que no puede quedar reducida a un procedimiento policial. La explotación laboral, la exposición a sustancias tóxicas y los posibles daños ambientales requieren respuestas concretas y responsabilidades que deben investigarse.

En Tortuguitas, el plomo estaba presente en los procesos industriales, en los espacios donde los trabajadores comían y dormían y, según los análisis médicos, también en su sangre. Ahora resta determinar cuánto daño provocaron esas actividades, qué responsabilidades empresariales existieron, qué controles fallaron y quién se hará cargo de reparar los posibles daños ambientales y sanitarios.