De Malvinas a Vaca Muerta: Harbour Energy creó una nueva sociedad y profundiza su expansión en Argentina

La petrolera británica Harbour Energy incorporó una nueva pieza a su estructura empresarial en Argentina. La publicación de la constitución de MA Energía S.A.U. en el Boletín Oficial confirma la creación de un vehículo societario preparado para intervenir en distintas etapas del negocio hidrocarburífero.

La nueva sociedad fue constituida mediante la escritura número 246, fechada el 10 de agosto de 2026. Su capital inicial asciende a $30 millones, dividido en 30 millones de acciones de un peso, y tendrá una duración de 99 años.

El único accionista es Wintershall Dea Argentina S.A., la compañía cuyos activos quedaron bajo el control de Harbour después de una operación internacional concretada en septiembre de 2024. La sede de MA Energía fue fijada en Carlos María Della Paolera 261, piso 14, en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo domicilio utilizado por Wintershall Dea Argentina.

La creación de la sociedad ocurre mientras Harbour busca aumentar su producción en Vaca Muerta, sostiene una posición relevante en la explotación gasífera frente a las costas de Tierra del Fuego y participa del proyecto de Gas Natural Licuado de Southern Energy en Río Negro.

Una sociedad con amplias facultades

El objeto de MA Energía le permite explorar y explotar yacimientos de petróleo y gas, producir y comercializar hidrocarburos y sus derivados, transportarlos, importarlos y exportarlos.

La compañía también podrá adquirir, mantener, administrar, gravar y vender acciones, cuotas o participaciones en otras empresas, sociedades y uniones transitorias vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

Esta amplitud habilita a MA Energía para desarrollar proyectos propios y funcionar como vehículo de inversiones dentro de la estructura local de Harbour. Una sociedad separada también permite concentrar determinados activos, participaciones y riesgos empresariales.

La inscripción publicada hasta ahora no informa si Harbour transferirá a MA Energía las concesiones o participaciones que permanecen formalmente registradas a nombre de Wintershall Dea Argentina. Tampoco existe documentación pública que permita afirmar que la nueva firma haya sido creada específicamente para eludir sanciones o inhabilitaciones.

La conducción, sin embargo, confirma su pertenencia al grupo. El presidente será Mariano Javier Cancelo y el directorio se completa con Mariano D’Agostino y Natan Battisti, tres ejecutivos vinculados con las operaciones argentinas de Harbour.

El mapa de la expansión británica

Harbour se convirtió en un actor central del mercado energético argentino después de adquirir prácticamente todos los activos internacionales de exploración y producción de Wintershall Dea, con excepción de aquellos relacionados con Rusia.

La operación fue valuada en 11.200 millones de dólares y se estructuró mediante la emisión de acciones, la transferencia de bonos y un componente en efectivo. Por esa razón, esa cifra representa el valor empresarial acordado y no un desembolso íntegramente realizado en dinero.

La compra incluyó las participaciones que Wintershall Dea tenía en tres áreas estratégicas:

• El 37,5% de Cuenca Marina Austral 1, frente a Tierra del Fuego, donde funciona el proyecto Fénix y opera TotalEnergies.
• El 22,5% de Aguada Pichana Este, uno de los bloques gasíferos más importantes de Vaca Muerta.
• El 24,71% de San Roque, donde Harbour proyecta avanzar sobre la producción de petróleo no convencional.

A estos activos se suma una participación del 15% en Southern Energy, el consorcio que impulsa la exportación de GNL desde el Golfo San Matías. El proyecto contempla dos buques de licuefacción y una capacidad cercana a los seis millones de toneladas anuales.

Durante el primer semestre de 2026, Harbour obtuvo en Argentina una producción promedio de 74.000 barriles equivalentes de petróleo por día. La compañía contabiliza 266 millones de barriles equivalentes de reservas probadas y probables y otros 722 millones correspondientes a recursos contingentes.

La mayor parte de ese potencial se encuentra asociada con Vaca Muerta. Harbour informó que durante 2026 conectó nueve nuevos pozos de gas en Aguada Pichana Este y que pretende comenzar en 2027 la primera etapa de desarrollo masivo de petróleo en San Roque.

El antecedente de Sea Lion

La expansión tiene un capítulo especialmente sensible para la soberanía argentina. Harbour Energy estuvo vinculada con el proyecto Sea Lion, denominado León Marino por Argentina, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

Las actividades se realizaban mediante licencias concedidas por las autoridades británicas instaladas en las islas, que el Estado argentino considera ilegítimas y carentes de validez.

Harbour había heredado esa participación a través de Premier Oil. Esta última empresa fue inhabilitada por Argentina en 2013 debido a su intervención en actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional. En 2021, Premier se fusionó con Chrysaor Holdings y la compañía resultante pasó a denominarse Harbour Energy.

En julio de ese año, la Cancillería y la Secretaría de Energía iniciaron procedimientos sancionatorios contra Harbour, Chrysaor y la petrolera israelí Navitas Petroleum por sus actividades comerciales vinculadas con Sea Lion.

La medida se fundó en la Ley 26.659, modificada por la Ley 26.915, que prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales. La norma también alcanza a quienes tengan participaciones directas o indirectas, presten servicios o realicen operaciones comerciales destinadas a facilitar esos proyectos.

Harbour se retiró antes de recibir una sanción

El procedimiento tuvo resultados diferentes para las empresas involucradas. Durante su tramitación, Harbour anunció que abandonaría Sea Lion. El retiro se completó en septiembre de 2022, cuando Navitas adquirió la sociedad que poseía las licencias y asumió una participación del 65% junto con la operación del proyecto.

Como consecuencia de esa salida, Harbour no quedó formalmente inhabilitada por el Estado argentino. Navitas decidió continuar y fue declarada clandestina e inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en territorio nacional.

Esta diferencia impide afirmar que Harbour se encuentra actualmente sancionada bajo la Ley 26.659. La compañía estuvo sometida al procedimiento y su antecesora Premier Oil había sido inhabilitada, pero la petrolera británica se retiró antes de que se dictara una sanción definitiva en su contra.

La regulación del Registro de Empresas Petroleras contempla, además, que una firma que haya mantenido vínculos en el pasado con actividades no autorizadas pueda acreditar, mediante una declaración jurada, que esa relación terminó y que se somete a la legislación argentina.

Las preguntas que debe responder el Estado

La ausencia de una inhabilitación vigente no cierra la discusión. La sucesión entre Premier Oil, Chrysaor, Harbour Energy, Wintershall Dea Argentina y ahora MA Energía plantea interrogantes sobre la capacidad estatal para controlar reorganizaciones corporativas de alcance internacional.

Corresponde determinar qué antecedentes evaluó la Secretaría de Energía cuando Harbour adquirió los activos argentinos de Wintershall Dea, qué declaraciones juradas fueron presentadas y cómo se examinó la continuidad económica entre las sociedades involucradas.

También debería informarse si la creación de MA Energía implicará la transferencia de concesiones, participaciones o beneficios comprendidos en proyectos provinciales y nacionales, incluidos aquellos acogidos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

La inscripción de una sociedad en el Boletín Oficial no reemplaza las autorizaciones necesarias para desarrollar yacimientos. Cada transferencia de derechos, proyecto productivo y obra vinculada con Vaca Muerta, el offshore fueguino o el GNL debe quedar sometida a los controles hidrocarburíferos, ambientales y societarios correspondientes.

Harbour proyecta permanecer durante décadas en Argentina y convertir al país en uno de sus principales polos de crecimiento. Frente a esa estrategia, la responsabilidad estatal consiste en garantizar transparencia sobre la estructura empresarial, aplicar la Ley 26.659 y evitar que las reorganizaciones corporativas diluyan las obligaciones ambientales y los antecedentes vinculados con la soberanía sobre las Islas Malvinas.