Chaco: un estudio reveló cómo el Estado facilitó el desmonte de bosques protegidos


La investigación analizó más de 142.000 permisos y documentos forestales emitidos entre 2009 y 2024. Detectó recategorizaciones de tierras, planes silvopastoriles desvirtuados, autorizaciones para comercializar madera de desmontes ilegales y multas que resultaban más baratas que cumplir la ley.
 
23/08/2026La Política AmbientalLa Política Ambiental
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Una investigación científica publicada en Nature Sustainability expuso los mecanismos administrativos utilizados durante quince años para debilitar la protección del bosque nativo en la provincia del Chaco. El trabajo concluyó que organismos estatales y actores privados flexibilizaron el ordenamiento territorial y el sistema de permisos, lo que permitió extender la frontera agropecuaria y forestal sobre áreas que debían permanecer protegidas.

El estudio fue realizado por los investigadores Matías Mastrangelo, Sebastián Aguiar y Vera Krause. Para reconstruir el funcionamiento del sistema analizaron 15.042 permisos georreferenciados de uso del bosque y 127.632 guías de transporte de madera emitidas entre 2009 y 2024. También cruzaron esa información con imágenes satelitales, inventarios forestales y decisiones administrativas de la provincia. La investigación fue publicada el 4 de agosto de 2026.

La evidencia muestra que el avance de las topadoras no respondió únicamente a fallas de fiscalización. Hubo decisiones administrativas que redujeron los niveles de protección, ampliaron las actividades permitidas y facilitaron la comercialización de madera obtenida en zonas desmontadas ilegalmente.

Seis mecanismos para debilitar la Ley de Bosques

El primer mecanismo fue la recategorización de grandes propiedades. Según el estudio, la autoridad provincial redujo discrecionalmente la protección de 60 establecimientos rurales y permitió desmontar, en promedio, casi la mitad de su superficie. Estas decisiones habilitaron la transformación de alrededor de 34.300 hectáreas.

Otro procedimiento consistió en autorizar planes silvopastoriles dentro de áreas clasificadas en la categoría amarilla. En esos sectores, la Ley Nacional de Bosques permite un aprovechamiento sostenible, pero prohíbe la eliminación total de la cobertura vegetal. Sin embargo, de las 113.600 hectáreas alcanzadas por esos permisos, aproximadamente 72.500 terminaron completamente desmontadas algunos años después.

La Ley 26.331 establece que las zonas rojas deben conservarse y que en las amarillas solamente pueden desarrollarse actividades compatibles con la permanencia del bosque. El desmonte queda reservado para las áreas verdes y requiere autorización previa y evaluación de impacto ambiental. Así funciona el régimen nacional de protección.

La investigación también detectó permisos con volúmenes de extracción superiores a la capacidad real del bosque. Entre el 16% y el 28% de las autorizaciones analizadas permitían retirar cantidades de madera que duplicaban o triplicaban las existencias estimadas por los inventarios forestales.

A partir de 2021 comenzó a crecer, además, el otorgamiento de “autorizaciones especiales” para extraer y transportar madera procedente de desmontes ilegales. De esta manera, un producto obtenido mediante una infracción ambiental podía incorporarse al circuito comercial de carbón vegetal, leña o tanino con documentación oficial.

El quinto mecanismo fueron las multas insuficientes. Las sanciones perdieron progresivamente su capacidad disuasoria y, en numerosos casos, representaban una fracción de las ganancias obtenidas con la venta del quebracho y el posterior uso agrícola o ganadero de la tierra. La infracción terminó convertida en un costo de producción.

Finalmente, la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de 2024 redujo la protección de unas 220.000 hectáreas de alto valor de conservación y escasa aptitud agrícola ubicadas en el Impenetrable. Esa disminución fue compensada formalmente mediante una mayor protección de bosques situados en el este húmedo de la provincia, donde la presión productiva y el riesgo de desmonte eran menores. Los datos y mapas complementarios del estudio documentan cada uno de estos mecanismos.

Un bosque explotado por encima de su capacidad

La situación del Impenetrable también revela un deterioro productivo. Entre 2009 y 2024 se extrajeron en Chaco un promedio de 1,11 millones de toneladas de madera por año. El 57% provino del Impenetrable y fue destinado principalmente a la producción de leña, carbón vegetal y extracto de tanino de quebracho colorado.

Durante ese período, el volumen anual extraído en la región aumentó un 60%, mientras que la cantidad de madera que podía aprovecharse de manera sostenible cayó un 45%. Desde 2017, la extracción se mantiene por encima de la capacidad natural de recuperación del bosque.

Los indicadores ganaderos tampoco muestran una mejora en la eficiencia. Entre 2002 y 2022 la superficie de pasturas creció un 1.177%, mientras que la cantidad de cabezas de ganado aumentó un 53%. Como consecuencia, la carga ganadera por hectárea se redujo un 88%. El crecimiento de la actividad dependió principalmente de incorporar nuevas tierras desmontadas.

La pérdida del bosque agrava la erosión de los suelos, reduce la captura de carbono y altera la regulación del agua en una región atravesada por sequías cada vez más severas. También afecta los territorios y medios de vida de comunidades indígenas y campesinas, además del hábitat de especies amenazadas como el yaguareté y el tatú carreta.

Una advertencia para las exportaciones

Los autores señalaron que el caso chaqueño expone una debilidad de los sistemas internacionales de trazabilidad: confiar exclusivamente en que una producción sea considerada “legal” por la autoridad provincial puede resultar insuficiente si esa misma autoridad modifica las categorías de protección o regulariza productos provenientes de desmontes clandestinos.

El Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación alcanzará, entre otras cadenas, a la soja, la carne bovina y la madera. Sus obligaciones comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para operadores grandes y medianos, y el 30 de junio de 2027 para pequeñas empresas. Esto no supone una prohibición automática para los productos chaqueños, pero exigirá acreditar su origen, trazabilidad y cumplimiento ambiental. La Comisión Europea detalla los productos y plazos comprendidos.

El desmonte bajo investigación judicial

Los hallazgos científicos se conocen mientras la Justicia Federal investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento y control de permisos forestales en la causa FRE 3086/2024, conocida públicamente como la “mafia del desmonte”.

En mayo de 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había levantado la prohibición cautelar de desmontes y ordenó dictar una nueva resolución respetando el principio precautorio. El tribunal consideró que la modificación del ordenamiento provincial no demostraba, por sí sola, que hubiera desaparecido el riesgo de daño ambiental. Casación también cuestionó que la fiscalización quedara en manos de organismos cuyos funcionarios se encuentran investigados.

La investigación científica no determina responsabilidades penales individuales, cuestión que deberá resolverse dentro del expediente judicial. Su aporte consiste en demostrar, mediante documentación oficial, que la degradación del bosque chaqueño fue acompañada por un sistema administrativo que redujo controles, abarató las infracciones y permitió que actividades incompatibles con la Ley de Bosques adquirieran una apariencia de legalidad.

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