La Pampa: la Justicia restringió la demanda contra la reforma de la Ley de Glaciares respaldada por 850.000 personas

A más de seis meses de presentada la acción colectiva para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, el juez federal Juan José Baric ordenó restringir el expediente y derivó el reclamo a otra causa, dejando afuera las pruebas, los argumentos jurídicos y las firmas de más de 850.000 personas. Las organizaciones denuncian una situación de denegación de justicia mientras los glaciares siguen expuestos.
21/11/2026La Política AmbientalLa Política Ambiental
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Juan José Baric

La Justicia federal vuelve a poner obstáculos a un reclamo histórico por la protección del agua. El juez de Santa Rosa, Juan José Baric, ordenó restringir el expediente de la demanda colectiva presentada contra la reforma de la Ley de Glaciares (27.804), una acción respaldada por más de 850.000 personas. La decisión genera una grave incertidumbre sobre el futuro de la presentación y el tratamiento de las pruebas aportadas por las organizaciones ambientales.

La demanda fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, junto con asambleas territoriales y referentes sociales de todo el país. El objetivo es que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la reforma y se suspenda su aplicación en todo el territorio nacional.

Sin embargo, más de seis meses después de su presentación, el magistrado todavía no resolvió las medidas cautelares urgentes solicitadas para evitar daños ambientales irreversibles ni se pronunció sobre la constitucionalidad de la nueva normativa. A esa demora se sumaron decisiones procesales que, según denunciaron las organizaciones, terminaron dejando fuera del expediente los fundamentos y el respaldo ciudadano de la demanda.

Un expediente restringido y 850.000 firmas fuera de la causa

La acción judicial, conocida como Esquivel (FBB 5866/2026), fue presentada el 5 de mayo de 2026 ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. Después de meses sin respuestas y dos pedidos de pronto despacho realizados en agosto y septiembre, Baric declaró el 8 de octubre la conexidad de la causa con otro expediente iniciado por el Gobierno de La Pampa.

El conflicto se profundizó el 12 de noviembre. Ante un escrito presentado por los abogados de las organizaciones, que reclamaban resolver las medidas cautelares sin supeditarlas al trámite de la causa provincial, el juez informó que la presentación había sido archivada sin tratamiento. También ordenó restringir la totalidad del expediente y derivó a los demandantes a continuar sus actuaciones en la causa pampeana.

Pero al revisar ese otro expediente, las organizaciones encontraron que no estaban incorporados los argumentos jurídicos de la demanda colectiva, las pruebas técnicas ni las adhesiones de las más de 850.000 personas que acompañaron el reclamo.

En los hechos, una acción colectiva de alcance nacional quedó en una situación de incertidumbre judicial. La decisión de unificar las causas no puede justificar que desaparezcan del trámite los fundamentos y las pruebas de una demanda que nunca recibió una respuesta de fondo.

El accionar del juzgado plantea además un interrogante institucional: ¿cómo puede garantizarse el acceso a la Justicia si una presentación respaldada por cientos de miles de personas termina restringida y sin garantías claras de que sus planteos sean siquiera analizados?

Mientras la Justicia demora, los proyectos mineros avanzan sobre los glaciares

La demora no es un problema meramente administrativo. La demanda contiene documentación técnica sobre amenazas concretas a los ambientes glaciares y periglaciares, entre ellas las vinculadas al proyecto minero Vicuña, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y sus posibles impactos sobre el glaciar de escombros GE110, en San Juan.

La reforma de la Ley de Glaciares modifica el marco de protección de estos ecosistemas, fundamentales para el almacenamiento y la regulación del agua dulce. En ese contexto, la falta de una respuesta judicial sobre las medidas cautelares permite que la incertidumbre se prolongue mientras las actividades extractivas continúan avanzando.

En septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca había confirmado el rechazo de la cautelar presentada por el Gobierno de La Pampa. Ahora, las organizaciones advierten que la acumulación de expedientes no puede convertirse en una herramienta para evitar el tratamiento de una demanda que cuenta con partes, argumentos y pruebas propias.

En materia ambiental, el tiempo importa. Cada mes sin una decisión sobre la protección de los glaciares y el ambiente periglacial puede aumentar el riesgo de intervenciones irreversibles. La Justicia tiene herramientas para prevenir esos daños, pero hasta el momento las medidas urgentes solicitadas continúan sin resolución.

Apelaron la decisión del juez Baric

El 19 de noviembre, los abogados de las organizaciones presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para exigir que Baric revierta el archivo del escrito y deje sin efecto la restricción del expediente.

Si el magistrado rechaza el planteo, solicitaron que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Entre los principales reclamos se encuentran la restitución del acceso completo al expediente original, la incorporación de todos los argumentos jurídicos y las pruebas documentales, y el reconocimiento de las más de 850.000 adhesiones ciudadanas. También exigen que se resuelvan inmediatamente las medidas cautelares pendientes y que la tramitación conjunta con la causa de La Pampa no impida el tratamiento de la acción colectiva.

El caso expone una preocupante respuesta judicial frente a un reclamo ambiental de alcance nacional. Más de 850.000 personas acudieron a la Justicia para defender los glaciares y las reservas estratégicas de agua, pero seis meses después todavía no obtuvieron una respuesta sobre el fondo de la demanda. En lugar de garantizar que ese reclamo sea escuchado, las últimas decisiones del juzgado agregaron nuevas trabas a su tratamiento.

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