La Política Ambiental
El gobierno de Uruguay confirmó una decisión que modifica uno de los conflictos ambientales más importantes surgidos durante los últimos meses en la costa del río Uruguay: la megaplanta de combustibles sintéticos que HIF Global proyecta construir en Paysandú será relocalizada.
El anuncio fue realizado por el canciller uruguayo Mario Lubetkin, después de reunirse en Montevideo con su par argentino, Pablo Quirno. Según explicó, la decisión responde a instrucciones directas del presidente Yamandú Orsi y contempla los planteos formulados desde Argentina, especialmente desde Entre Ríos, Rogelio Frigerio y la ciudad de Colón.
“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, confirmó Lubetkin.
La definición supone un giro respecto del proyecto que HIF venía tramitando ambientalmente desde 2024 y que había obtenido en noviembre de 2025 la Viabilidad Ambiental de Localización para el emplazamiento original.
Aunque suele describirse como una “planta de hidrógeno verde”, técnicamente el proyecto es considerablemente más amplio.
HIF pretende producir e-combustibles a partir de hidrógeno generado mediante electrólisis y dióxido de carbono de origen biogénico. El producto principal proyectado es e-metanol.
La compañía presentó en marzo de este año ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de Uruguay la solicitud de Autorización Ambiental Previa y su Estudio de Impacto Ambiental.
La inversión prevista alcanza los US$5.385 millones y la capacidad proyectada llega a unas 876.000 toneladas anuales de e-metanol, mediante un electrolizador de aproximadamente 1,1 GW. La empresa estima además reciclar unas 900.000 toneladas de CO₂ por año.
Se trata, por lo tanto, de uno de los mayores proyectos industriales planteados en la historia reciente de Uruguay.
La discusión nunca estuvo limitada al carácter renovable o no de la tecnología.
El conflicto se concentró principalmente en el emplazamiento elegido sobre la costa uruguaya, frente a Colón, una de las principales ciudades turísticas de Entre Ríos.
El sitio proyectado quedaba a poco más de tres kilómetros, en línea recta, de la costa argentina y de la zona vinculada con la toma de agua de la ciudad.
El 21 de agosto, incluso, el juez federal Hernán Viri realizó un reconocimiento judicial en la costa de Colón junto con una perito bióloga para observar directamente la localización proyectada y su relación con la ciudad y el río.
Los cuestionamientos argentinos abarcaron desde el potencial impacto sobre la calidad del agua y el ecosistema hasta el cambio paisajístico que provocaría un complejo industrial de semejante dimensión frente a una ciudad cuya economía depende en buena medida del turismo.
Detrás de la controversia existe además una cuestión jurídica internacional.
El Estatuto del Río Uruguay, aprobado por ambos países, dispone que cuando una de las partes proyecta obras que puedan afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas debe comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El artículo 7 establece un procedimiento de información y consulta destinado precisamente a evaluar si la obra puede generar un “perjuicio sensible” para la otra parte.
Ese régimen adquirió particular importancia después del histórico conflicto argentino-uruguayo por la instalación de plantas de celulosa sobre el mismo río.
Por eso, uno de los planteos realizados desde Entre Ríos fue que una obra de esta escala debía ser analizada no exclusivamente como una decisión territorial uruguaya, sino también desde la perspectiva del impacto ambiental transfronterizo.
La confirmación política de Uruguay tampoco cerró automáticamente las causas judiciales abiertas en Argentina.
Los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay promovieron una acción civil preventiva de daño ambiental —expediente 3276/2026— contra HIF y el Estado uruguayo.
Durante agosto la causa avanzó con producción de prueba y reconocimiento del área. Incluso se dispusieron medidas vinculadas con la obtención y análisis de muestras de agua.
Después del anuncio uruguayo, Michel advirtió que la acción continuará mientras la relocalización no se encuentre documentada formalmente.
“Formalmente no hay presentado un solo papel en el expediente administrativo ni judicial”, señaló el diputado el 3 de septiembre.
Este dato resulta central: Uruguay tomó la decisión política de mudar la planta, pero todavía resta conocer las condiciones técnicas definitivas de esa relocalización.
Una de las opciones que analiza el gobierno uruguayo es trasladar el complejo hacia un predio perteneciente a ANCAP en Nuevo Paysandú, dentro de una zona industrial y alejada del emplazamiento original frente a Colón.
Según información conocida durante las negociaciones, se trataría de unas 48 hectáreas. La alternativa permitiría mantener el proyecto dentro del departamento de Paysandú y conservar la proximidad con ALUR, que será una de las fuentes de dióxido de carbono biogénico necesarias para producir el combustible sintético.
Sin embargo, al 7 de septiembre existe una diferencia significativa entre la decisión gubernamental y la información pública de la empresa.
El sitio oficial de HIF Global todavía identifica a Constancia, a unos 15 kilómetros de Paysandú, como la ubicación de la futura planta.
Esto significa que todavía deberá precisarse cuál será el nuevo predio, qué modificaciones sufrirá el proyecto y, principalmente, si la relocalización exigirá un nuevo procedimiento de evaluación ambiental o una revisión sustancial del expediente actualmente en trámite.
La decisión constituye una respuesta concreta a los reclamos argentinos, pero no convierte automáticamente al proyecto en ambientalmente inocuo.
Una planta capaz de producir cientos de miles de toneladas de combustible sintético al año requiere enormes cantidades de energía, infraestructura eléctrica, captación y tratamiento de agua, almacenamiento de sustancias, transporte e instalaciones industriales.
El debate, por lo tanto, cambia de escenario pero no desaparece.
La pregunta ya no será únicamente por qué instalar una megaplanta industrial frente a Colón, sino también cuáles serán los impactos acumulativos del nuevo emplazamiento y de todo el complejo asociado: planta de producción, parque solar, parque eólico, líneas eléctricas, captación de agua y transporte de insumos y productos.
La transición energética plantea precisamente esa contradicción. Una tecnología puede reducir emisiones globales y, simultáneamente, producir impactos locales que deben ser prevenidos, estudiados y discutidos.
En este caso, la presión social, política, diplomática y judicial logró algo poco frecuente: que un proyecto de más de US$5.000 millones revise su localización antes de comenzar las obras principales.
Ahora falta la segunda parte: que el nuevo lugar, los nuevos estudios y las condiciones ambientales sean transparentes y puedan ser evaluados por las comunidades de ambas márgenes del río Uruguay.
