El Gran Chaco bajo presión: el desmonte avanza y el bosque nativo pierde terreno

El Gran Chaco argentino continúa perdiendo bosque nativo. Topadoras, incendios, apertura de caminos y transformación de tierras para actividades productivas avanzan sobre una región que cumple un papel fundamental para la biodiversidad, la regulación del agua y el equilibrio climático del norte del país.

Los últimos datos permiten dimensionar el problema. Durante los primeros seis meses de 2026 se desmontaron 40.862 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, de acuerdo con un relevamiento realizado mediante imágenes satelitales.

Santiago del Estero encabezó la pérdida con 20.727 hectáreas, seguida por Salta con 11.960, Formosa con 4.375 y Chaco con 3.800 hectáreas. La superficie destruida en apenas medio año equivale aproximadamente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires.

El caso de Salta genera particular preocupación. Según Greenpeace, la provincia duplicó durante el primer semestre de 2026 la deforestación registrada en el mismo período del año anterior, mientras continúan las discusiones sobre nuevas autorizaciones para intervenir áreas de bosque.

Un ecosistema estratégico para Sudamérica

El Gran Chaco es el mayor bosque seco de América del Sur y constituye, después de la Amazonia, una de las superficies boscosas continuas más extensas del continente.

En territorio argentino se extiende principalmente sobre Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Allí conviven quebrachales, algarrobales, pastizales y humedales que sirven de refugio a cientos de especies.

Entre ellas se encuentran animales amenazados como el yaguareté, el tatú carreta y el oso hormiguero gigante, cuya supervivencia depende de la conservación de grandes extensiones continuas de hábitat.

Cada nuevo desmonte fragmenta esos corredores naturales. Las poblaciones quedan aisladas y disminuyen sus posibilidades de alimentación, reproducción y desplazamiento.

El impacto también alcanza a las comunidades indígenas y campesinas que viven en esos territorios y mantienen actividades vinculadas a la recolección de frutos del monte, producción de miel, ganadería de pequeña escala y aprovechamiento tradicional de los recursos forestales.

Cuando desaparece el bosque también cambia el agua

La eliminación del monte chaqueño tiene consecuencias que exceden ampliamente la parcela desmontada.

Los árboles interceptan las precipitaciones, permiten que una parte del agua infiltre lentamente en el suelo y reducen la velocidad con la que escurre hacia ríos y zonas bajas.

Al reemplazar grandes superficies de bosque por cultivos o terrenos con escasa cobertura vegetal cambia ese funcionamiento.

El suelo puede compactarse, aumenta el escurrimiento superficial y se modifica el balance hídrico regional. En períodos de fuertes precipitaciones esto puede contribuir a agravar inundaciones; durante etapas secas, la pérdida de cobertura vegetal favorece procesos de erosión y degradación.

El problema resulta especialmente sensible en las cuencas de los ríos Bermejo y Juramento-Salado, dos sistemas hídricos esenciales para el norte argentino.

Una Ley de Bosques que encuentra obstáculos en el territorio

La Argentina cuenta desde 2007 con la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

La norma obligó a las provincias a elaborar sus respectivos Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos y dividir el territorio en tres categorías de conservación.

Las áreas rojas corresponden a sectores de muy alto valor ambiental que deben conservarse; las amarillas poseen valor medio y admiten determinadas actividades bajo criterios de sustentabilidad; y las verdes presentan menor valor de conservación y pueden ser transformadas bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, los conflictos aparecen cuando se autorizan cambios de uso, se modifican ordenamientos territoriales o directamente se desmonta sin autorización.

Una investigación difundida durante 2026 sobre la provincia del Chaco reconstruyó miles de expedientes administrativos y permisos forestales y concluyó que entre 2009 y 2024 se habilitaron mecanismos administrativos que terminaron facilitando la transformación de más de 500.000 hectáreas de bosque nativo protegido.

El dato expone que el problema del desmonte no se limita a operaciones clandestinas realizadas lejos de los controles. También abre una discusión sobre cómo funcionan los organismos encargados de aplicar la legislación ambiental y hasta qué punto las excepciones administrativas pueden vaciar de contenido las áreas protegidas por los ordenamientos territoriales.

Las multas, bajo cuestionamiento

Las organizaciones ambientales reclaman desde hace años fortalecer las sanciones contra quienes destruyen bosque nativo ilegalmente.

Uno de los cuestionamientos recurrentes es que, frente al valor económico posterior de las tierras destinadas a agricultura o ganadería extensiva, determinadas multas pueden terminar incorporándose como un costo más dentro de la operación.

Por esa razón volvió a tomar fuerza el reclamo para que la destrucción ilegal de bosques tenga consecuencias penales y para que, además de las sanciones económicas, se imponga la obligación efectiva de restaurar los ambientes afectados.

También se reclama aumentar los controles satelitales, impedir nuevas intervenciones cuando existan infracciones pendientes y fortalecer los recursos destinados a la aplicación de la Ley de Bosques.

El bosque que Argentina sigue perdiendo

El problema está lejos de comenzar en 2026.

Durante 2025, las cuatro provincias del norte argentino analizadas por Greenpeace perdieron 210.702 hectáreas de bosque nativo entre desmontes e incendios. De ellas, 94.204 hectáreas fueron destruidas directamente mediante desmontes y otras 116.498 resultaron afectadas por incendios.

En una perspectiva todavía mayor, los registros oficiales indican que Argentina perdió millones de hectáreas de bosques nativos durante las últimas décadas.

Cada hectárea desaparecida supone algo más que árboles talados. Implica menor capacidad para capturar carbono, conservar humedad, proteger el suelo, amortiguar temperaturas extremas y sostener especies y poblaciones humanas.

Una crisis que exige mirar más allá de las topadoras

El avance de la deforestación en el Gran Chaco expone un conflicto de fondo sobre el modelo de ocupación territorial del norte argentino.

La producción agropecuaria representa una actividad económica central para estas provincias, pero la expansión sobre los últimos grandes bloques de bosque nativo genera impactos ambientales que pueden resultar irreversibles.

El desafío pasa por determinar dónde puede producirse, bajo qué condiciones y qué territorios deben quedar definitivamente fuera de cualquier transformación.

Los números de 2026 muestran que esa discusión ya no puede aplazarse. Mientras se debaten ordenamientos territoriales, controles y sanciones, el Gran Chaco continúa perdiendo miles de hectáreas de bosque nativo cada mes.

Y una vez que la topadora pasa, recuperar la complejidad de un bosque formado durante décadas —o siglos— resulta mucho más difícil que evitar su destrucción