Ecuador: una comunidad indígena denuncia invasiones, asaltos y amenazas en plena Amazonía minera

La comunidad indígena Kichwa de Naranjalito, en la provincia de Napo, al este de Ecuador, denunció una nueva situación de violencia vinculada con la actividad minera en plena Amazonía. Según la alerta difundida por sus habitantes, el pasado 22 de octubre se produjeron invasiones, asaltos y situaciones de intimidación dentro de la concesión minera Confluencia, vinculada a la empresa TerraEarth Resources S.A.

Las familias señalaron que personas ajenas al territorio ingresan a los frentes mineros para realizar extracción artesanal de oro mediante el bateado, una técnica que consiste en separar pequeñas partículas del mineral utilizando agua y recipientes especiales. La preocupación no se limita a la actividad extractiva: la comunidad advierte que la presencia de estos grupos, sin controles efectivos, está generando un escenario de inseguridad para quienes viven en el lugar.

En particular, la denuncia alerta sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes, que permanecen expuestos a la circulación de personas externas y a posibles episodios de violencia dentro de su propio territorio. Los habitantes reclamaron la intervención urgente del Estado ecuatoriano y plantearon una pregunta central: quién garantiza la seguridad y la vida de las comunidades cuando los conflictos se desarrollan en zonas destinadas a la explotación de recursos naturales.

Hasta el momento, los hechos específicos denunciados sobre el 22 de octubre no cuentan con una corroboración pública independiente que permita establecer quiénes participaron de los ingresos, los asaltos o las amenazas. Por eso, las responsabilidades deberán ser investigadas por las autoridades y no pueden atribuirse automáticamente a la empresa titular de la concesión.

Una comunidad amazónica en una zona atravesada por la minería

Para comprender la dimensión del conflicto hay que ubicarlo en el mapa. Napo es una provincia de la región amazónica de Ecuador, en el este del país. Su territorio está atravesado por ríos, bosques tropicales y comunidades indígenas que dependen del ambiente para su alimentación, su economía y sus formas de organización cultural.

Naranjalito pertenece al pueblo Kichwa, uno de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Sus comunidades mantienen una relación histórica con los territorios que habitan, donde desarrollan actividades agrícolas, pesqueras y de aprovechamiento del bosque. Por eso, el ingreso de personas externas y la expansión de actividades extractivas no representan solamente un problema de seguridad: también pueden afectar sus formas de vida y el control comunitario sobre sus tierras.

La concesión Confluencia forma parte del proyecto minero Tena, vinculado a TerraEarth Resources S.A. La compañía tiene presencia en otras áreas de la provincia y sus operaciones quedaron bajo cuestionamiento de las autoridades ambientales ecuatorianas.

En mayo de 2025, el Gobierno de Ecuador dispuso la suspensión de las actividades de exploración y explotación en cuatro concesiones de la empresa: Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho. La medida se tomó luego de que informes oficiales detectaran incumplimientos del plan de manejo ambiental y de obligaciones establecidas en la licencia ambiental. La suspensión quedó condicionada a la adopción de medidas correctivas y de reparación ambiental.

Esta decisión no significa que TerraEarth sea responsable de los hechos violentos denunciados ahora por Naranjalito. Sin embargo, muestra que la actividad minera en esa zona ya había quedado bajo observación estatal por cuestiones ambientales.

El antecedente de Yutzupino y el avance de la minería ilegal

La provincia de Napo arrastra desde hace años un grave conflicto por la extracción ilegal de oro. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en Yutzupino, un sector del cantón Tena, donde en febrero de 2022 se realizó un operativo de gran escala para desalojar a cientos de personas que explotaban oro de manera irregular en las márgenes del río.

La minería aluvial, como se conoce a esta modalidad de extracción, utiliza maquinaria y sistemas de lavado para separar el oro de los sedimentos de los ríos. Cuando se realiza sin controles ni medidas ambientales, puede remover grandes extensiones de suelo, destruir vegetación y liberar residuos que terminan en los cursos de agua.

El problema no quedó atrás. El 17 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado de Ecuador formuló cargos contra 60 personas por el presunto delito de actividad ilícita de recursos mineros en Yutzupino. Durante la audiencia presentó elementos que, según la investigación, muestran alteraciones del suelo, intervención en zonas de protección hídrica y vertidos de aguas contaminadas. La formulación de cargos marca el inicio de un proceso penal y no equivale a una condena.

La persistencia de estas actividades también quedó expuesta en febrero de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa dispuso la suspensión de las actividades mineras en toda la provincia de Napo. La decisión buscó frenar la extracción ilícita y proteger las fuentes de agua ante los impactos ambientales registrados en la región. El Gobierno informó posteriormente que había suspendido operaciones en decenas de concesiones de la provincia.

Sin embargo, las medidas no consiguieron despejar las denuncias sobre la continuidad de la actividad ilegal. El 16 de octubre de 2026, un operativo militar en la provincia terminó con maquinaria y equipos utilizados para la explotación irregular inhabilitados. Según las Fuerzas Armadas, durante el procedimiento hubo un enfrentamiento con habitantes del sector y un ciudadano resultó herido en una pierna.

Estos episodios muestran que la suspensión administrativa de las actividades mineras no alcanza por sí sola para garantizar que los territorios queden protegidos. El control efectivo de las concesiones, la persecución de las redes de extracción ilegal y la protección de las comunidades siguen siendo desafíos centrales para el Estado ecuatoriano.

Los derechos de las comunidades no pueden quedar fuera del debate minero

La Constitución de Ecuador reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos la protección de sus territorios ancestrales y la consulta previa, libre e informada frente a planes y programas de explotación de recursos no renovables que puedan afectar ambiental o culturalmente sus territorios.

Ese derecho también está contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un tratado internacional que establece obligaciones para los Estados respecto de los pueblos indígenas y tribales. La consulta no es un simple trámite administrativo: busca garantizar que las comunidades reciban información y puedan participar en las decisiones que afectan sus territorios y formas de vida.

En Naranjalito, la denuncia del 22 de octubre pone el foco en una dimensión urgente de ese problema: la seguridad de las familias que habitan una zona donde conviven concesiones mineras, extracción ilegal y controles estatales que no parecen suficientes para evitar nuevos conflictos.

La comunidad reclama que las autoridades intervengan y garanticen la protección de sus habitantes, especialmente de los menores de edad. La pregunta que plantearon interpela directamente al gobierno de Daniel Noboa: si el Estado dispuso suspender la minería en Napo para proteger el ambiente y a la población, ¿quién controla lo que sucede dentro de esos territorios y quién responde cuando las familias denuncian violencia?

La Amazonía ecuatoriana vuelve a mostrar que el conflicto minero no se limita a la discusión sobre cuánto oro puede extraerse. También involucra el derecho de los pueblos indígenas a vivir en sus territorios sin amenazas, a conservar sus fuentes de agua y a decidir sobre el futuro de los lugares que habitan.