La Política Ambiental
Una verdadera masacre de abejas sacude al Alto Valle de Río Negro. Cerca de Mainqué, alrededor de 9 millones de abejas murieron y al menos 440 colmenas resultaron afectadas como consecuencia de la exposición a agrotóxicos utilizados en la zona productiva.
El episodio encendió la alarma entre los apicultores, que comenzaron a relevar las pérdidas y preparan una denuncia ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.
La magnitud del desastre es enorme. Las colmenas afectadas pertenecen, hasta el momento, a dos productores, aunque el relevamiento continúa y el número podría superar las 500 colmenas.
La mortandad se concentra en un área de aproximadamente dos kilómetros de radio y cuatro kilómetros lineales sobre la costa del río Negro, una zona donde conviven desde hace décadas la producción frutícola y la actividad apícola.
Las imágenes del desastre muestran miles de abejas muertas alrededor de las colmenas. Para los productores, lo ocurrido no puede ser entendido como una pérdida aislada: millones de polinizadores desaparecieron en cuestión de días.
Las abejas cumplen una función fundamental en los ecosistemas y son indispensables para la reproducción de numerosas especies vegetales. En una región agrícola como el Alto Valle, además, tienen una importancia económica directa porque son utilizadas para polinizar los cultivos de frutas.
Por eso, cada colmena perdida representa mucho más que la desaparición de una producción de miel.
Se pierde biodiversidad, se afecta la polinización y se pone en riesgo una actividad productiva que depende de esos mismos insectos.
Los apicultores señalan que las aplicaciones de agrotóxicos realizadas en las chacras cercanas pueden provocar este tipo de mortandades cuando no se respetan las condiciones necesarias para proteger a las colmenas.
Aplicar estos productos con viento, utilizar dosis inadecuadas, fumigar en horarios de actividad de las abejas o no informar previamente a quienes tienen colmenas en las inmediaciones son algunas de las prácticas que el sector reclama controlar.
La situación tiene una enorme contradicción.
El Alto Valle es una de las principales regiones frutícolas de la Argentina y concentra una producción histórica de peras y manzanas. Para que esos árboles produzcan, necesitan polinización.
Y para polinizar, necesitan abejas.
Durante la temporada correspondiente, miles de colmenas son trasladadas a las chacras para cumplir justamente esa función. La actividad apícola y la fruticultura, por lo tanto, están profundamente conectadas.
La desaparición de cientos de colmenas no afecta únicamente a quienes producen miel. También puede generar un problema para los propios productores frutícolas que necesitan disponer de suficientes abejas durante la polinización.
La paradoja es brutal: los agrotóxicos utilizados para proteger los cultivos pueden terminar destruyendo a los insectos que esos mismos cultivos necesitan para producir.
Frente a la magnitud de la mortandad, los productores buscan determinar exactamente qué productos fueron utilizados en las chacras cercanas y bajo qué condiciones se realizaron las aplicaciones.
El objetivo es que intervengan los organismos correspondientes y que se realicen los análisis necesarios para establecer qué sustancias estuvieron involucradas.
Para los apicultores, además, el problema no termina con las abejas que ya murieron. Una exposición de estas características puede dejar consecuencias sobre las colonias que sobrevivieron y comprometer la actividad durante los próximos meses.
Por eso reclaman mayores controles, comunicación entre productores y apicultores y el cumplimiento de protocolos que permitan evitar que las aplicaciones de agrotóxicos terminen afectando a las colmenas.
Hablar de 9 millones de abejas muertas puede resultar difícil de dimensionar.
Pero detrás de ese número hay cientos de colmenas destruidas, productores que perdieron años de trabajo y un impacto sobre una especie que cumple una función esencial para los ecosistemas.
Las abejas tampoco son las únicas afectadas cuando los agrotóxicos ingresan al ambiente. Los productos utilizados en las actividades agrícolas pueden alcanzar otros insectos, plantas y organismos, dependiendo de las sustancias utilizadas y de las condiciones en las que fueron aplicados.
Por eso, lo ocurrido en Mainqué debería encender una alarma mucho más grande que la de una disputa entre productores.
Cuando millones de polinizadores aparecen muertos, estamos frente a un problema ambiental.
Y si la investigación confirma las denuncias de los apicultores, habrá que determinar quién aplicó los agrotóxicos, qué productos utilizó, en qué condiciones fueron aplicados y por qué los controles no evitaron que el desastre ocurriera.
Porque las abejas no son una plaga que haya que eliminar.
Son parte del sistema que permite producir alimentos.
Y en el Alto Valle, donde millones de dólares dependen cada temporada de la producción de frutas, destruir a los polinizadores es también poner en riesgo el futuro de la propia producción.
Nueve millones de abejas muertas no deberían ser solamente un número. Deberían ser una señal de alarma.
