Santiago del Estero: autorizan un desmonte en territorio indígena de la Comunidad El Tunal

La Comunidad El Tunal, del Pueblo Originario Vilela, continúa resistiendo el avance del desmonte sobre su territorio en el norte de Santiago del Estero. A fines de agosto, sus integrantes frenaron el ingreso de una topadora que había comenzado a desmontar uno de los últimos sectores de monte nativo de la comunidad.

Ahora, el conflicto tomó una nueva dimensión: la Dirección de Bosques de Santiago del Estero autorizó a la empresa Agropecuaria TOMAY S.A. a realizar el desmonte.

Según informó el MOCASE-Vía Campesina, después de que la comunidad detuviera la maquinaria, se presentó en el territorio una persona con una orden de la directora de Bosques de la provincia, Noelia Zanichetti, mediante la cual se autorizaba a la empresa a avanzar con las tareas.

La autorización fue otorgada sobre un territorio que la propia documentación oficial del Estado argentino reconoce como de ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad El Tunal.

El Estado reconoció el territorio de la comunidad

El Tunal pertenece al Pueblo Vilela y se encuentra aproximadamente a 250 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero.

En 2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) concluyó el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad y reconoció su ocupación actual, tradicional y pública sobre una superficie de aproximadamente 3.132 hectáreas.

El relevamiento incluyó la delimitación georreferenciada del territorio y documentación histórica y antropológica sobre la comunidad.

Ese reconocimiento es uno de los antecedentes centrales del conflicto actual: mientras el Estado registró oficialmente la ocupación tradicional del territorio indígena, otro organismo provincial autorizó allí una actividad de desmonte.

Una topadora, una autorización y el avance del desmonte

A fines de agosto, integrantes de El Tunal lograron detener una topadora que había ingresado al territorio comunitario para desmontar.

La comunidad denunció entonces el ingreso de maquinaria en uno de los últimos sectores de monte nativo que permanecen en el territorio.

Ahora, de acuerdo con la nueva denuncia difundida por MOCASE-VC, las máquinas continúan trabajando y cuentan con la autorización de la Dirección de Bosques para avanzar sobre el monte.

La organización también denunció la presencia de personas armadas que custodiarían las máquinas y señaló a personas identificadas como Rojas y La Valle.

Estos últimos señalamientos fueron realizados públicamente por la organización y forman parte de la denuncia sobre la situación que atraviesa actualmente la comunidad.

¿Cómo se autorizó el desmonte?

La autorización abre una serie de interrogantes sobre el procedimiento utilizado por la provincia.

La Ley Nacional de Bosques Nativos establece que los desmontes deben contar con autorización de la autoridad competente y exige una evaluación de impacto ambiental previa. Además, la normativa contempla mecanismos de participación pública y acceso a la información.

En el caso de los pueblos indígenas, también existe un régimen específico de protección. El Convenio 169 de la OIT establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados mediante procedimientos apropiados cuando se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarlos directamente.

Por eso, el punto central del conflicto es determinar qué evaluación ambiental se realizó, qué procedimiento de participación se llevó adelante y cómo fueron considerados los derechos de la Comunidad El Tunal antes de autorizar el desmonte.

La comunidad sostiene que desconocía la autorización y cuestiona que se haya habilitado el avance sobre su territorio sin su participación.

El monte que todavía resiste

El avance de las topadoras ocurre sobre uno de los sectores de monte nativo que todavía permanecen en la zona.

Para El Tunal, no se trata solamente de árboles. El territorio constituye el espacio donde se desarrolla la vida comunitaria, la identidad y la relación del Pueblo Vilela con la tierra.

Por eso, la comunidad reclama que se frene el desmonte y que se revisen las autorizaciones otorgadas.

Mientras las máquinas avanzan, vuelve a quedar planteada una pregunta que atraviesa desde hace años los conflictos por desmontes en Santiago del Estero: ¿qué ocurre cuando una autorización administrativa habilita la transformación de un territorio que el propio Estado reconoce como de ocupación tradicional de una comunidad indígena?

Desde El Tunal y el MOCASE-Vía Campesina exigen que se detenga el avance de las topadoras y que se revisen las autorizaciones que permiten desmontar en el territorio comunitario.

Con territorio hay soberanía. Con territorio hay identidad.