CABA: otra muerte por asbesto en el subte y un paro para reclamar prevención y medidas urgentes

La muerte de Oscar Pauer, un trabajador jubilado que pasó más de 30 años en los talleres del subte porteño, vuelve a exponer las consecuencias de la presencia de asbesto en la red de transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los Metrodelegados denunciaron que murió por un cáncer provocado por la exposición prolongada a este material cancerígeno y anunciaron un paro en todas las líneas y el Premetro para este jueves 12 de noviembre, desde las 21 hasta el cierre del servicio.

Se trata del séptimo trabajador fallecido por enfermedades relacionadas con el asbesto, según los registros del sindicato. La organización también denuncia que otros 130 trabajadores presentan afecciones por la exposición. El fallecimiento de Pauer fue el detonante de una nueva medida de fuerza, pero el reclamo no se limita a esta muerte: los trabajadores cuestionan las demoras en retirar el material, la falta de prevención y la ausencia de controles médicos para quienes se jubilan después de haber estado expuestos.

El conflicto se conoce desde 2018 y, ocho años después, todavía hay instalaciones y componentes de la red que deben ser intervenidos. Aunque el Gobierno porteño y Emova informan avances en el plan de desasbestización y mediciones periódicas de calidad del aire, los Metrodelegados consideran que las medidas no alcanzan para garantizar la seguridad de quienes trabajan en el subte.

Un material cancerígeno que sigue presente en la red

El asbesto, también conocido como amianto, es un conjunto de minerales que se utilizó durante décadas en la construcción, la industria y el transporte por su resistencia al calor y al fuego. Se incorporó a aislantes, frenos, piezas eléctricas y distintos componentes de maquinaria y edificios.

El peligro aparece cuando los materiales que lo contienen se deterioran, se rompen o son manipulados. En esas condiciones pueden liberar fibras microscópicas que quedan suspendidas en el aire e ingresan al organismo al ser inhaladas. La exposición puede provocar enfermedades graves, como cáncer de pulmón, mesotelioma —un tipo de cáncer que afecta las membranas que recubren órganos como los pulmones— y asbestosis, una enfermedad que daña el tejido pulmonar.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que todas las formas de asbesto son cancerígenas. En Argentina, su utilización fue prohibida progresivamente y desde 2003 tampoco se permite producir, importar, comercializar ni utilizar crisotilo, una de las variedades más extendidas.

Por eso, la presencia de componentes con este material en trenes, talleres e instalaciones del subte representa un problema de seguridad laboral y de salud pública. No alcanza con medir la calidad del aire en determinados momentos: también es necesario identificar y retirar los materiales contaminados, prevenir nuevas exposiciones y garantizar seguimiento médico a quienes estuvieron en contacto con las fibras durante años.

El problema se conoce desde 2018 y todavía hay trabajos pendientes

El conflicto tomó estado público en febrero de 2018, cuando los trabajadores del subte conocieron que algunas formaciones CAF 5000, compradas de segunda mano al Metro de Madrid, contenían asbesto. Esos trenes habían sido adquiridos en 2011 y prestaban servicio en la Línea B.

A partir de esa información, los trabajadores comenzaron a reclamar estudios y medidas de protección. La documentación técnica de las formaciones confirmó la presencia del material en determinados componentes y obligó a revisar las condiciones en las que se realizaban las tareas de mantenimiento.

Con el tiempo, la preocupación se extendió a otros sectores de la red. Los Metrodelegados denunciaron que el asbesto también estaba presente en componentes de instalaciones eléctricas, transformadores y distintos espacios de trabajo. Desde entonces reclaman un plan integral que permita identificar y retirar todos los materiales contaminados, además de reemplazar las formaciones que todavía representen un riesgo.

La propia información publicada por el Gobierno de la Ciudad muestra que las tareas continúan. Durante 2026 se iniciaron intervenciones en 70 centros de potencia y dependencias de talleres, además de trabajos en 48 pozos y salas de bombeo. También se realizaron tareas en subestaciones eléctricas y talleres, mientras que la desasbestización del material rodante fuera de servicio todavía requiere avanzar con documentación y procesos de contratación.

Estos datos muestran que el problema no está completamente resuelto. El Gobierno porteño informa avances, pero también reconoce que siguen pendientes intervenciones en distintos sectores de la infraestructura. Para los trabajadores, las demoras y la falta de medidas preventivas suficientes mantienen la preocupación por las condiciones en las que desarrollan sus tareas.

La prevención no termina cuando un trabajador se jubila

Uno de los reclamos centrales de los Metrodelegados es que los controles médicos continúen después de la jubilación. Según la AGTSyP, los trabajadores expuestos al asbesto reciben controles periódicos mientras permanecen en actividad, pero ese seguimiento deja de realizarse cuando se retiran.

El problema es que las enfermedades relacionadas con este material pueden tardar décadas en manifestarse. El período de latencia puede alcanzar los 40 años, por lo que una persona puede desarrollar una enfermedad mucho tiempo después de haber dejado de trabajar en los talleres o de haber estado expuesta.

Por eso, el sindicato reclama que todos los trabajadores del subte y el Premetro, tanto activos como jubilados, sean incorporados a un sistema de vigilancia médica. También exige que se los incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo, un registro destinado a identificar la exposición laboral a sustancias peligrosas.

La situación de los jubilados es especialmente preocupante: dejar de trabajar no significa que haya desaparecido el riesgo. Las enfermedades pueden manifestarse muchos años después del contacto con las fibras y, sin controles médicos adecuados, su detección puede demorarse.

La muerte de Pauer vuelve a poner en evidencia esta problemática. El sindicato sostiene que no se puede interrumpir el seguimiento sanitario justamente cuando las consecuencias de la exposición pueden aparecer décadas después.

Emova y el Gobierno porteño defienden el plan de desasbestización

Tras conocerse el fallecimiento de Pauer, Emova expresó sus condolencias a sus familiares y allegados. La empresa, perteneciente al Grupo Roggio, aseguró que mantiene un plan integral de desasbestización en trenes e instalaciones, coordinado mediante una mesa de trabajo en la que participan representantes gremiales y autoridades del Gobierno porteño.

También informó que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire en distintas áreas de trabajo y que los resultados fueron adecuados para la salud, de acuerdo con los parámetros técnicos vigentes. Según la compañía, los controles están a cargo de instituciones y laboratorios especializados, validados por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad.

Por su parte, el Gobierno porteño informa que las mediciones preventivas se realizan cada seis meses y que pueden sumarse estudios adicionales cuando se consideran necesarios. En el plan participan Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Emova, los gremios, organismos ambientales y áreas de protección del trabajo, entre otras instituciones.

Sin embargo, las mediciones de calidad del aire no responden por sí solas a todos los reclamos. No eliminan la exposición que pudieron haber sufrido los trabajadores durante años ni resuelven la falta de seguimiento médico de quienes se jubilaron. Tampoco reemplazan la necesidad de retirar los componentes que contienen asbesto y garantizar que las tareas se realicen con protección adecuada.

Los trabajadores reclaman que el proceso tenga mayor ritmo, recursos y medidas de prevención, además de una solución para quienes ya estuvieron expuestos. La responsabilidad de garantizar condiciones seguras corresponde tanto a la empresa concesionaria como al Estado porteño, que debe controlar el servicio, exigir el cumplimiento de las medidas y garantizar que las tareas se completen.

La muerte de Pauer fue el motivo inmediato de la nueva protesta, pero el reclamo apunta a un problema que lleva años sin una solución definitiva. Los Metrodelegados exigen un subte libre de asbesto, controles médicos para activos y jubilados y una política de prevención que no dependa de que ocurra otra muerte para avanzar. El paro busca visibilizar esa demanda y reclamar respuestas concretas ante una exposición laboral que puede tener consecuencias décadas después.