Catamarca: el Gobierno impulsa un proyecto de litio y los vecinos denuncian que nunca fueron consultados

El Gobierno de Catamarca pretende avanzar con la exploración de litio en las Sierras de Ancasti, pero el proyecto El Alto comenzó a quedar atrapado en una pregunta que la Provincia todavía debe responder: ¿cómo puede existir una verdadera participación ciudadana si quienes viven en el territorio aseguran que no fueron informados? El conflicto creció después de que vecinos y asambleas presentaran alrededor de 50 impugnaciones contra la instancia de participación prevista para el proyecto de la empresa Litios del Norte S.A. Frente a estos reclamos, el Ministerio de Minería suspendió la consulta pública que estaba prevista para el 30 de septiembre.

La suspensión no hizo desaparecer las dudas. Por el contrario, dejó expuesto un problema que va más allá de una fecha o de una reunión: la forma en que el Gobierno provincial está llevando adelante la discusión sobre un proyecto que puede modificar el territorio, utilizar agua y afectar actividades productivas y ambientales de la zona. Mientras desde la Provincia se impulsa la actividad minera como una política estratégica, los vecinos reclaman información concreta sobre las tareas previstas, las perforaciones, el uso del agua y las posibles consecuencias sobre el ambiente.

Hasta el intendente dice que nunca fue informado

El dato más fuerte apareció ahora desde el propio municipio de Ancasti. El intendente Randolfo Piñero aseguró que nunca fue notificado oficialmente ni invitado a las instancias vinculadas con el proyecto y que gran parte de la información que recibió llegó por redes sociales o por comentarios de vecinos. “Nunca me notificaron, nunca me invitaron”, sostuvo el jefe comunal, quien además señaló que actualmente no tienen claro cuál es exactamente el área en la que se pretende explorar ni cuáles son las condiciones concretas de las tareas.

La declaración resulta particularmente significativa porque se trata de la autoridad municipal de uno de los territorios directamente involucrados. Mientras la Provincia avanza con un proyecto minero en las Sierras de Ancasti, el propio intendente afirma que no recibió una comunicación oficial que le permitiera conocer en detalle qué se pretende hacer. Si una autoridad local asegura que tuvo que enterarse por las redes sociales, la discusión sobre la participación ciudadana deja de ser una cuestión menor y pasa a ser uno de los principales problemas del proyecto.

Piñero aclaró además que no está planteando una oposición general a la actividad minera, sino reclamando información y participación. El planteo vuelve a poner el foco sobre una cuestión elemental: antes de pedirle a una comunidad que opine sobre un proyecto, el Estado debe garantizar que esa comunidad conozca qué se quiere hacer, dónde, cómo y con qué consecuencias.

Primero anuncian el proyecto y después buscan explicar

El Gobierno provincial viene promoviendo la minería como uno de los ejes centrales de su política productiva. Sin embargo, el caso El Alto expone una de las principales tensiones de ese modelo: la velocidad con la que se pretende avanzar con nuevos proyectos no siempre coincide con los tiempos de las comunidades que viven en los territorios donde se desarrollan. La exploración comenzó a ser cuestionada por vecinos que reclaman información sobre las perforaciones, el uso del agua, los caminos, las áreas que serán intervenidas y las consecuencias que podrían producirse sobre el ambiente.

Desde el sector minero se plantea que se trata de una etapa de exploración, pero para los habitantes de las sierras esa explicación no alcanza para despejar las dudas. Las perforaciones necesitan agua, maquinaria y caminos, y se realizan sobre un territorio donde existen familias, actividades ganaderas y ecosistemas que dependen de fuentes de agua. Por eso, el reclamo de los vecinos apunta a conocer con precisión qué tareas se harán, qué superficie será intervenida, qué controles existirán y qué medidas se tomarán para evitar impactos.

El agua, en el centro de la preocupación

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el agua. Los vecinos advierten sobre la importancia de las vertientes y los pozos utilizados para consumo y producción ganadera y expresaron preocupación por las perforaciones previstas dentro del proyecto de exploración. También señalaron la relación de la zona con la cuenca que aporta al Dique El Bolsón y al canal de Albigasta, lo que amplía la preocupación más allá del lugar puntual donde se realicen las tareas mineras.

En un territorio donde el agua es fundamental para la población y para la producción, la falta de información no hace más que aumentar la desconfianza. Si el Gobierno sostiene que la exploración no generará impactos significativos, debería ser el primero en garantizar que toda la información sobre el uso del agua sea pública y accesible, para que los habitantes puedan analizarla y discutirla. No alcanza con explicar después de que aparecen los cuestionamientos: la información ambiental debe llegar antes de que las decisiones estén tomadas.

Bosque nativo, fauna y ganadería también están en discusión

Las preocupaciones tampoco se limitan al agua. Durante las reuniones realizadas en la zona, vecinos y asambleas plantearon posibles impactos sobre el bosque nativo, la fauna y el hábitat, además de las consecuencias que las tareas de exploración podrían tener sobre la actividad ganadera, una de las prácticas productivas presentes en las sierras. Más de 70 personas de El Alto, Ancasti y Frías se reunieron en Guayamba para discutir el avance del proyecto y expresar sus cuestionamientos.

Lo que están reclamando los vecinos no es solamente conocer qué mineral se busca ni escuchar una explicación técnica sobre las perforaciones. Quieren saber qué va a pasar con el territorio donde viven y trabajan, qué caminos se utilizarán, qué sectores serán intervenidos, cuánta agua se utilizará, qué controles habrá y quién responderá si aparecen impactos que no fueron contemplados. Son preguntas que deberían tener respuestas antes de pretender que una comunidad participe de manera efectiva en una decisión de estas características.

La consulta pública no puede convertirse en una formalidad

El Gobierno provincial terminó suspendiendo la instancia de participación después de las impugnaciones presentadas por vecinos y asambleas. La decisión debería servir para revisar mucho más que una fecha: debería obligar a la Provincia a revisar cómo está informando y consultando a las comunidades sobre los proyectos mineros que pretende desarrollar en sus territorios. Porque una consulta ambiental no puede reducirse a convocar a una reunión, presentar información técnica y dar por cumplida la participación.

Si una comunidad llega a esa instancia sin información suficiente, si existen dudas sobre el área concreta de intervención y si el propio intendente asegura que nunca fue notificado, el problema no es solamente cuántas personas concurren a una reunión. El problema es cómo se construyó todo el proceso antes de esa reunión. La participación ciudadana pierde sentido cuando aparece como el último paso de un proyecto que la población recién comienza a conocer.

Una política minera que no puede hacerse de espaldas al territorio

El proyecto El Alto comenzó sus tareas de exploración en 2017 y ya había generado cuestionamientos en años anteriores. En septiembre de 2025 se realizó otra instancia de participación en Vilismán, mientras que ahora las objeciones volvieron a crecer con la presentación de unas 50 impugnaciones y una nueva reunión de vecinos de El Alto, Ancasti y Frías. El conflicto, lejos de cerrarse, vuelve a poner sobre la mesa las dudas que existen alrededor de la iniciativa.

La Provincia, mientras tanto, continúa sosteniendo el desarrollo minero como una política estratégica para Catamarca. Pero promover la minería no significa que el Gobierno pueda decidir unilateralmente qué se hace en los territorios donde pretende desarrollar nuevos proyectos. Las comunidades tienen derecho a conocer qué se proyecta, qué impactos se prevén, qué controles existirán y qué medidas se tomarán para proteger los recursos naturales.

Ahora el Gobierno de Catamarca tiene que explicar por qué vecinos y asambleas tuvieron que presentar decenas de impugnaciones para cuestionar una instancia de participación y, sobre todo, por qué el intendente del propio departamento donde se desarrolla el proyecto afirma que nunca fue notificado oficialmente. No alcanza con suspender una consulta y volver a convocarla. Si realmente existe voluntad de participación, la Provincia debería empezar por garantizar información completa, pública y comprensible para quienes viven en el territorio.

El litio puede estar en el centro de la política minera de Catamarca, pero las Sierras de Ancasti no están vacías. Allí hay comunidades, productores, fuentes de agua, bosques, fauna y familias que tienen derecho a saber qué pretende hacer el Estado y una empresa en el lugar donde viven. Si el Gobierno quiere avanzar con la minería, primero debería garantizar algo mucho más básico: que nadie tenga que enterarse por las redes sociales de lo que la Provincia pretende hacer en su propio territorio.