
Catamarca: El RIGI que prometía inversiones ahora deja a los proveedores mineros peleando por el trabajo local en Fiambalá
La Política Ambiental
La escena volvió a repetirse en Catamarca. Durante la noche del lunes, integrantes de la Cámara de Proveedores Mineros del departamento Tinogasta realizaron un corte sobre la Ruta Nacional 60, en el acceso sur a Fiambalá, y frenaron un convoy de camiones que trasladaba insumos hacia el proyecto de Zijin-Liex.
Los proveedores reclamaron, entre otras cuestiones, que la empresa utilizaba una camioneta propia para realizar las tareas de escolta y acompañamiento de los camiones, en lugar de contratar el servicio de empresas locales. También cuestionaron que el convoy circulara con cinco camiones detrás de una sola camioneta, cuando —según denunciaron— el esquema utilizado habitualmente establece un máximo de tres.
El tránsito general fue liberado y Gendarmería intervino para ordenar la circulación, aunque los camiones vinculados a la actividad minera permanecieron demorados mientras los manifestantes reclamaban la presencia de representantes de la empresa.
Pero detrás del reclamo puntual aparece una discusión bastante más grande: qué significa realmente “desarrollo local” cuando una provincia pone sus recursos naturales a disposición de grandes inversiones mineras.
El RIGI y una definición de “proveedor local” que no es necesariamente provincial
Uno de los puntos centrales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es precisamente el tratamiento que reciben los proveedores.
El RIGI exige a los proyectos presentar un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales con un compromiso mínimo equivalente al 20% del monto de inversión destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta disponible y en condiciones de mercado. Pero la reglamentación nacional considera “proveedor local” a quien cumple determinadas condiciones de domicilio y constitución en la Argentina. No significa necesariamente que sea una empresa radicada en la provincia donde se encuentra la mina.
Así, una empresa de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o cualquier otra provincia puede entrar dentro de la definición nacional de proveedor local para un proyecto ubicado en Catamarca, Salta, Jujuy o San Juan.
Y ahí aparece uno de los principales reclamos de las cámaras provinciales: para las provincias, “local” significa territorio; para el RIGI, “local” puede significar simplemente argentino.
La diferencia no es menor. Porque una cosa es que una mina compre a una empresa catamarqueña, emplee trabajadores de Tinogasta y contrate transportistas de Fiambalá. Otra muy distinta es que el contrato termine en una compañía radicada a cientos o miles de kilómetros del proyecto y que en la provincia queden principalmente los impactos territoriales, ambientales y sociales de la explotación.
Y el caso Vicuña muestra hasta dónde puede llegar la importación
La discusión dejó de ser teórica en San Juan.
En junio, el proyecto minero Vicuña, que reúne los desarrollos Josemaría y Filo del Sol, adjudicó la ampliación de uno de sus campamentos a una UTE integrada por las empresas chinas PowerChina y Beijing Chengdong, junto con la firma argentina RAFA S.A. La obra contempla un campamento modular de aproximadamente 2.000 camas y el contrato fue adjudicado por unos US$52 millones.
Lo que provocó el enojo de los proveedores sanjuaninos fue que los módulos habitacionales serán fabricados en China y trasladados hasta San Juan, en lugar de ser construidos íntegramente por empresas argentinas. Una propuesta de la industria nacional había alcanzado aproximadamente los US$70 millones, es decir, unos US$18 millones más que la oferta finalmente seleccionada. Esa diferencia de precio fue uno de los argumentos utilizados para justificar la elección del consorcio internacional.
La polémica fue todavía mayor porque no se estaba hablando de una pieza tecnológica que Argentina no pudiera producir. Se trataba de una infraestructura modular para alojar trabajadores. Una verdadera “ciudad” para miles de personas que será fabricada en el otro extremo del mundo y enviada a la cordillera sanjuanina.
El caso encendió las alarmas de las cámaras de proveedores de todo el país. FAPROMIN, que reúne a entidades de San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy y Santa Cruz, cuestionó la contratación y advirtió que el modelo podía poner en riesgo la participación de la industria nacional en los grandes proyectos mineros.
La preocupación tampoco fue exclusivamente sanjuanina. Desde la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta, su presidente Federico Russo cuestionó que prácticamente un campamento completo fuera fabricado en China y planteó una pregunta que resume el problema: si hasta las estructuras que pueden producir las empresas argentinas llegan desde el exterior, qué queda para los proveedores de las provincias mineras.
El RIGI abre la puerta y el proveedor local queda mirando
El caso Vicuña permite entender por qué las importaciones son uno de los puntos más sensibles del RIGI.
La Ley 27.742 establece beneficios aduaneros para los proyectos adheridos, entre ellos la exención de derechos de importación, tasa de estadística y otros tributos para determinados bienes, repuestos, partes, componentes y mercaderías destinados a los proyectos. También garantiza condiciones especiales para la importación de bienes vinculados con su construcción, operación y desarrollo.
En términos prácticos, esto significa que una empresa que participa de un proyecto RIGI puede encontrarse compitiendo en condiciones muy diferentes con un proveedor argentino que fabrica dentro del país, paga los costos laborales, tributarios, logísticos y productivos locales y debe trasladar toda esa estructura al precio final.
Vicuña es el ejemplo que ya ocurrió. Fiambalá muestra ahora la otra cara del mismo problema: incluso servicios mucho más simples, como el transporte y la escolta de camiones, pueden quedar fuera de las empresas de la zona.
Y eso es lo que genera preocupación entre los proveedores: que el modelo termine concentrando los grandes contratos en empresas capaces de ofrecer precios internacionales o importar directamente, mientras las pequeñas y medianas empresas de las provincias quedan relegadas a trabajos menores.
La paradoja: quienes pedían que se apruebe el RIGI ahora reclaman que los dejaron afuera
Hay además una paradoja política y económica que atraviesa al sector.
Durante la discusión por el RIGI, buena parte de las cámaras de proveedores mineros respaldó la llegada de grandes inversiones porque entendía que los nuevos proyectos podían significar una oportunidad histórica para desarrollar empresas, generar empleo y ampliar la cadena de valor minera.
En Catamarca, por ejemplo, desde el sector proveedor se había reclamado que el crecimiento de la minería significara una oportunidad concreta para las empresas y trabajadores de la provincia. La expectativa era que las grandes inversiones no solamente extrajeran minerales, sino que también permitieran desarrollar una red de empresas alrededor de los proyectos.
El problema es que ahora el escenario que algunos advertían comienza a aparecer en los hechos.
Los proveedores apoyaron un régimen pensado para atraer inversiones multimillonarias y, cuando esas inversiones comienzan a avanzar, se encuentran discutiendo a la vera de una ruta para que una minera contrate una camioneta de una cámara local.
La ironía es difícil de pasar por alto.
Vicuña puso en alerta a las cámaras de todo el país
Lo ocurrido en San Juan tuvo una particularidad que no debería pasar desapercibida: la reacción no quedó limitada a los empresarios sanjuaninos.
FAPROMIN reúne a las cámaras proveedoras de Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz, y el caso Vicuña generó un pronunciamiento conjunto. Las entidades cuestionaron que una obra de semejante magnitud pudiera resolverse mediante la importación de estructuras modulares fabricadas en China cuando existían empresas nacionales interesadas en realizarla.
La preocupación tiene una lógica sencilla. Si el modelo se repite en los grandes proyectos de cobre, litio, oro y otros minerales, el problema deja de ser una licitación puntual y pasa a convertirse en una cuestión estructural.
Porque una mina no solamente compra mineral.
Compra campamentos, caminos, transporte, maquinaria, alimentos, servicios de ingeniería, mantenimiento, comunicaciones, seguridad, combustible, indumentaria, estructuras, herramientas y cientos de productos y servicios.
Cada uno de esos contratos puede generar empleo y actividad económica en las provincias mineras o puede terminar en otra provincia, en una multinacional o directamente en otro país.
Ahí está la discusión que el RIGI todavía no termina de resolver.
La minería puede crecer sin que crezcan los proveedores locales
El Gobierno nacional presenta al RIGI como una herramienta para atraer grandes inversiones y poner en marcha proyectos capaces de generar exportaciones y actividad económica.
Pero una inversión minera no ocurre en el aire. Necesita rutas, camiones, combustible, alimentos, alojamiento, mantenimiento, transporte, construcción, servicios ambientales, ingeniería, seguridad y personal especializado.
La discusión, entonces, no es solamente cuánto dinero entra al país, sino cuánto de ese dinero termina circulando efectivamente en las provincias donde se extraen los minerales.
El caso Vicuña mostró que una obra de US$52 millones puede terminar en manos de un consorcio internacional que fabrica parte fundamental de su infraestructura en China. Y el conflicto de Fiambalá muestra que, en una escala mucho menor, los proveedores locales pueden quedar reclamando incluso por servicios básicos vinculados al movimiento de los camiones.
La pregunta incómoda: ¿inversión para quién?
El problema que aparece detrás de estos conflictos es bastante más profundo que una discusión empresarial.
Las provincias ponen sus recursos naturales, sus caminos, sus territorios y sus comunidades a disposición de proyectos que prometen inversiones multimillonarias. Pero si buena parte de los bienes y servicios que necesitan esas inversiones llegan desde afuera, el famoso “derrame” puede terminar siendo mucho más pequeño de lo que se anuncia.
Y hay una segunda cuestión: la licencia social.
Las comunidades de las provincias mineras no solamente esperan que se extraigan minerales de sus territorios. También esperan empleo, proveedores, actividad económica y oportunidades para las empresas locales.
Por eso, cuando una comunidad ve pasar camiones hacia una mina mientras las empresas de su propia zona quedan afuera de los contratos, el problema deja de ser exclusivamente económico.
Se transforma en un problema político, social y territorial.
El RIGI puede atraer capital, pero no garantiza el desarrollo local
Ese es quizás el punto que el conflicto de la Ruta 60 obliga a discutir.
El RIGI puede facilitar la llegada de capitales, otorgar beneficios tributarios y garantizar condiciones especiales para los grandes proyectos. Pero ninguna de esas herramientas garantiza por sí sola que una empresa de Fiambalá vaya a transportar, escoltar, alimentar, construir, reparar o abastecer a una mina instalada a pocos kilómetros de su comunidad.
Tampoco garantiza que una empresa sanjuanina vaya a construir el próximo campamento de un megaproyecto, ni que una compañía catamarqueña vaya a quedarse con los contratos de servicios de una mina instalada en Catamarca.
Y ahí aparece la paradoja que los propios proveedores mineros están empezando a enfrentar: el régimen que ayudaron a impulsar para que llegaran las grandes inversiones puede terminar generando una competencia en la que ellos mismos quedan en desventaja.
El caso Vicuña fue la primera alarma fuerte y tuvo una respuesta conjunta de las cámaras de proveedores de varias provincias. Ahora, con el corte de Fiambalá, el conflicto vuelve a aparecer en Catamarca.
Mientras se anuncian miles de millones de dólares en inversiones, la verdadera discusión empieza a verse en algo mucho más concreto: quién se queda con el trabajo que queda alrededor de cada mina.


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