Milei privatizó AySA por 30 años: el empresario que ya le vendía insumos al Estado ahora controlará el agua

El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y entregó el control del servicio de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires a un consorcio privado por 30 años. El grupo ganador, encabezado por Rowing y Transclor, ofreció USD 340 millones por el 90% de las acciones que estaban en manos del Estado Nacional.

La operación involucra un servicio esencial para millones de personas y una infraestructura estratégica para la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. El nuevo operador tendrá la responsabilidad de administrar el servicio durante tres décadas, con la posibilidad de extender la concesión por otros diez años.

Pero hay un dato que resulta fundamental para entender cómo se concretó la operación: la privatización no fue aprobada mediante una ley específica votada por el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo autorizó el procedimiento mediante el Decreto 494/2025 y luego avanzó con las distintas etapas administrativas de la venta y concesión.

Una privatización que no pasó por el Congreso

El Decreto 494/2025 autorizó expresamente el procedimiento para la privatización total de AySA mediante la venta de la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado Nacional, que representan el 90% del capital social de la empresa. La norma fue dictada por el Poder Ejecutivo invocando las facultades establecidas por la Constitución Nacional, la Ley 23.696 y la Ley 27.742, conocida como Ley Bases.

Esto significa que el Congreso no sancionó una nueva ley específica para aprobar la entrega de AySA a un operador privado. El Gobierno utilizó las facultades legales existentes para que la decisión se instrumentara mediante un decreto y posteriormente a través de resoluciones y procedimientos administrativos.

La diferencia es importante porque AySA no es una empresa cualquiera. Administra uno de los servicios públicos más sensibles del país: el abastecimiento de agua potable y el saneamiento. La decisión sobre quién tendrá el control de esa infraestructura durante décadas fue tomada por el Poder Ejecutivo dentro del esquema de privatizaciones habilitado por la legislación vigente.

En abril de 2026, el Ministerio de Economía avanzó con la aprobación del modelo de contrato de concesión y el proceso terminó de consolidar el traspaso del servicio al sector privado.

USD 340 millones por el control de AySA

El consorcio encabezado por Rowing y Transclor se impuso en la licitación con una oferta de USD 340 millones por el 90% de las acciones estatales. La propuesta superó los USD 285 millones ofrecidos por el Grupo Roggio.

La operación no se limita al precio de compra. El nuevo operador deberá afrontar compromisos de inversión que contemplan un desembolso mínimo de aproximadamente USD 2.000 millones durante los primeros cinco años y una inversión proyectada de entre USD 13.000 y USD 15.000 millones durante el período inicial de la concesión.

También se establecieron metas de expansión de los servicios. Para 2031, la cobertura de agua potable debería alcanzar el 75,3%, mientras que hacia el final de los 30 años de concesión se plantea llegar al 90%.

En materia de cloacas, el objetivo es alcanzar el 63,9% de cobertura en 2031 y llegar al 75% al finalizar el período de concesión. El contrato contempla además la posibilidad de extender la operación durante otros diez años.

El “rey del cloro” y sus negocios con el Estado

Uno de los nombres centrales detrás de la operación es el empresario Mauricio Filiberti, conocido por su fuerte presencia en el negocio de los productos químicos utilizados para el tratamiento y potabilización del agua y apodado “el rey del cloro”.

Filiberti construyó durante años una posición relevante como proveedor de organismos y empresas estatales vinculadas al servicio de agua. Su compañía Transclor mantiene una relación comercial con AySA desde 2009 y le suministra policloruro de aluminio, un producto utilizado en el proceso de tratamiento del agua.

Ahora, con la privatización impulsada por Milei, Transclor forma parte del consorcio que pasará a controlar AySA.

La operación coloca así en el centro de la discusión la relación construida durante años entre el Estado y las empresas privadas que participan como proveedoras del servicio público.

De proveedor de AySA a parte del grupo que controlará AySA

El recorrido de Transclor es uno de los puntos más llamativos de la privatización.

Durante años, la compañía de Filiberti fue proveedora de AySA. Ahora pasa a integrar el grupo privado que tendrá el control de la empresa durante las próximas tres décadas.

La transformación es clara: de venderle insumos a AySA, Transclor pasa a formar parte del consorcio que tendrá el control de AySA.

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque el agua potable no es un mercado convencional. Las empresas que participan de la prestación, del tratamiento, de la infraestructura y del suministro de insumos forman parte de una misma cadena estratégica.

Con la privatización, esa cadena queda vinculada a un operador privado que tendrá bajo su responsabilidad la administración de una infraestructura pública fundamental para millones de personas.

El modelo de Milei no es la única alternativa

La privatización de AySA no representa el único modelo posible para administrar el agua. De hecho, distintos países desarrollados mantienen una fuerte participación pública en la organización y gestión de sus servicios hídricos.

Italia, Francia y Estados Unidos tienen estructuras diferentes entre sí, pero muestran que el agua puede mantenerse bajo una importante conducción pública sin que eso implique que el servicio quede necesariamente en manos de una empresa privada durante décadas.

En Italia, por ejemplo, los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que en 2022 había 1.811 operadores de abastecimiento público de agua y que el 84,8% correspondía a autoridades públicas locales. Sin embargo, la propia estadística italiana aclara que en más de ocho de cada diez municipios el servicio era gestionado por empresas de agua, por lo que el dato debe interpretarse teniendo en cuenta que existe una estructura mixta dentro del sistema italiano.

El dato importante es que las autoridades públicas locales continúan teniendo una presencia institucional muy fuerte en el sistema, especialmente en la organización y responsabilidad del servicio.

Francia mantiene una fuerte gestión pública

Francia también constituye un caso relevante. En 2024, el 69% de los servicios públicos de agua potable eran gestionados directamente por las autoridades públicas competentes. Ese porcentaje representaba al 48% de la población alcanzada por esos servicios.

En el saneamiento colectivo, la gestión directa era todavía mayor: alcanzaba al 76% de los servicios y representaba al 62% de la población conectada.

Esto muestra que Francia mantiene una presencia pública predominante en la cantidad de servicios administrados directamente por las autoridades locales, aunque también conviven distintos modelos de gestión.

La comparación resulta relevante porque Francia es una de las principales economías europeas y, aun así, mantiene una estructura donde los gobiernos locales conservan un papel central en la administración del agua y el saneamiento.

Estados Unidos: el agua también tiene una fuerte estructura pública

Estados Unidos tampoco puede ser presentado como un modelo de privatización generalizada del agua.

La Agencia de Protección Ambiental estadounidense registra más de 148.000 sistemas públicos de agua potable. Estos sistemas pueden tener propiedad pública o privada, pero la información histórica de la propia EPA muestra que los sistemas públicos abastecen a una proporción muy grande de la población, especialmente porque los sistemas municipales y locales suelen ser de mayor tamaño.

La EPA también señala que los sistemas públicos de agua regulados por la agencia y por los estados y tribus proporcionan agua potable a alrededor del 85% de los estadounidenses.

Por eso, incluso en Estados Unidos, donde existen importantes empresas privadas de agua, la estructura pública continúa teniendo un peso central en el abastecimiento de la población.

El agua no debería ser un negocio

Más allá de los números de la licitación y de las inversiones prometidas, existe una discusión mucho más profunda: qué lugar debe ocupar el agua dentro de un Estado.

El agua no es un producto más del mercado. Es indispensable para la vida, la salud y el funcionamiento de cualquier sociedad. Una persona puede dejar de comprar un producto, cambiar de proveedor o postergar un consumo. No puede hacer lo mismo con el agua potable.

Por eso, entregar durante 30 años la administración de un servicio de estas características no es una decisión comparable con privatizar una actividad comercial común. El agua es un recurso estratégico y el acceso a ella es una condición básica para cualquier sociedad.

El Estado no debería entregar a empresas privadas la gestión de servicios esenciales ni de infraestructura estratégica. El agua, las rutas, los puertos y los demás servicios públicos fundamentales deben permanecer bajo control y administración estatal, porque su objetivo principal no puede ser generar rentabilidad privada sino garantizar derechos, soberanía y acceso universal.

En el caso del agua, esa necesidad es todavía más evidente: nadie puede elegir dejar de consumirla y ningún gobierno debería poner un recurso indispensable para la vida bajo la lógica de un negocio privado.

¿Qué queda en manos privadas durante 30 años?

La privatización de AySA no implica solamente la venta de una participación accionaria. El nuevo operador tendrá bajo su responsabilidad una enorme red de plantas, cañerías, estaciones de bombeo, instalaciones de tratamiento y sistemas de distribución que fueron construidos durante décadas.

También tendrá a su cargo la prestación cotidiana de un servicio del que dependen millones de personas.

La duración de la concesión vuelve todavía más importante la decisión. No se trata de un contrato de pocos años que pueda revisarse rápidamente: son tres décadas, con la posibilidad de una extensión adicional de diez años.

En ese período pueden cambiar gobiernos, condiciones económicas, necesidades ambientales, disponibilidad de agua y hasta las características demográficas de las zonas atendidas. Sin embargo, el esquema de gestión queda establecido por un período extraordinariamente extenso.

El problema no es solamente quién pone el dinero

El argumento central para privatizar AySA gira alrededor de la necesidad de inversiones. El Gobierno plantea que el sector privado aportará miles de millones de dólares para ampliar las redes y mejorar la infraestructura.

Pero una cuestión diferente es quién administra esas inversiones y bajo qué lógica.

La infraestructura puede requerir enormes recursos sin que eso determine necesariamente que la administración del servicio tenga que quedar en manos privadas. La discusión pública debería incluir también quién define las prioridades, quién controla las tarifas, quién determina las obras, quién fiscaliza el cumplimiento de las metas y qué ocurre cuando una inversión prometida no se realiza.

En un servicio esencial, la rentabilidad no puede ser el único criterio para decidir dónde invertir.

Una decisión que compromete 30 años

La privatización de AySA no significa solamente vender acciones de una empresa estatal. Implica definir quién tendrá durante décadas la responsabilidad de administrar un servicio indispensable para millones de personas.

El Gobierno de Milei eligió que esa responsabilidad quede en manos privadas y avanzó mediante un decreto y posteriores actos administrativos, sin que el Congreso sancionara una ley específica para concretar la privatización de AySA.

Mientras Italia mantiene una fuerte participación de autoridades públicas locales, Francia gestiona directamente la mayoría de sus servicios de agua y saneamiento y Estados Unidos conserva una estructura predominantemente pública en el abastecimiento de grandes sectores de su población, Argentina avanza hacia un esquema privado de largo plazo.

Y detrás de la operación aparece además una particular continuidad empresarial: Transclor, que durante años fue proveedora de AySA, ahora forma parte del consorcio que tendrá el control de la compañía.

La discusión, entonces, no debería reducirse a cuánto dinero ofreció cada grupo empresario. También debería preguntarse quién controla el agua, quién controla la infraestructura y bajo qué lógica se administra un recurso indispensable para la vida.

Porque AySA no vende un producto cualquiera. Lleva agua a los hogares y gestiona el saneamiento de millones de personas. Y durante los próximos 30 años, esa tarea dejará de estar bajo control estatal para quedar en manos de un grupo privado.