Entre Ríos: pescadores y vecinos de Paraná denuncian el cierre de caminos y accesos al río

Pescadores y vecinos de Bajada Grande, en Paraná, denunciaron el cierre de caminos y accesos que utilizan históricamente para llegar al río, trabajar y trasladarse hacia sus viviendas. Los afectados señalan que una empresa privada estaría realizando trabajos que dificultan o impiden la circulación y reclaman la intervención urgente de las autoridades. El conflicto vuelve a poner en discusión el avance de los intereses privados sobre la costa y el impacto que estas restricciones tienen sobre las familias que dependen de la pesca para vivir.

Para quienes trabajan en el río Paraná, perder el acceso a la costa no es un inconveniente menor: significa poner en riesgo su fuente de ingresos. La pesca artesanal depende de caminos que permitan llegar a las embarcaciones, trasladar herramientas y regresar con la producción. Si esos accesos quedan bloqueados, el perjuicio alcanza directamente a los trabajadores y sus familias.

Los vecinos también denunciaron dificultades para circular por sectores que utilizan desde hace años para llegar a sus viviendas. Mientras tanto, no se informó oficialmente qué empresa está realizando los trabajos ni qué autorizaciones tiene para intervenir en el lugar.

La falta de información agrava la preocupación de los afectados, que reclaman explicaciones sobre quién dispuso las restricciones, qué terrenos están involucrados y por qué se estaría impidiendo el paso por caminos de uso habitual.

La costa del Paraná, bajo presión de los intereses privados

El conflicto de Bajada Grande se suma a una serie de disputas por el acceso a la costa en Paraná, donde vecinos y pescadores vienen denunciando cierres, tranqueras y obstáculos que dificultan la llegada al río.

En noviembre de 2024, familias del barrio Camino Costero denunciaron amenazas de desalojo y restricciones para llegar a la costa por la calle Pedro Londero. En ese sector, más de 30 familias vinculadas con la pesca y otras actividades relacionadas con el río advertían que los conflictos por los terrenos podían comprometer su permanencia y sus fuentes de ingresos.

En septiembre de 2026, el acceso público al río volvió a quedar en el centro de la discusión por un reclamo relacionado con Bajada de Núñez. El diputado provincial Juan Manuel Rossi cuestionó la falta de finalización de un tramo de la calle Arquitecto Walter Edgardo Grand y reclamó que se garantice el acceso a la costa, de acuerdo con una ordenanza municipal de 2007.

En ese caso, también se denunció la instalación de una tranquera que impedía el paso hacia el río en un terreno adquirido por un particular.

Los antecedentes muestran que las disputas por la propiedad y el uso de los terrenos costeros pueden terminar trasladando los costos a quienes necesitan acceder al río para trabajar o vivir. Cuando se cierran caminos sin información clara sobre su situación jurídica, son los vecinos quienes quedan obligados a reclamar por derechos de circulación que deberían estar debidamente establecidos y protegidos.

Arenera Toma Nueva y los antecedentes ambientales en la zona

Uno de los antecedentes que merece atención involucra a Arenera Toma Nueva SRL, empresa dedicada a la extracción y comercialización de arena y otros áridos en Paraná.

En 2024, una funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos señaló que existían actuaciones administrativas iniciadas en 2015 por denuncias vinculadas con desmontes, movimientos de suelo y restricciones al acceso en un sector del Parque Costero Combate Vuelta de Obligado.

Según la información difundida entonces, en 2016 se había dispuesto la suspensión total y definitiva de las actividades de la empresa en el área involucrada mediante la Resolución 061/16, además de requerirse la recomposición del sitio. La funcionaria sostuvo que esa medida no había sido levantada y que se había solicitado a la Municipalidad de Paraná reactivar las actuaciones pendientes.

El antecedente plantea interrogantes sobre el control de las actividades privadas en la costa del Paraná y la capacidad de los organismos públicos para hacer cumplir las medidas ambientales. Cuando una autoridad dispone la suspensión de actividades y exige recomponer un área, la sociedad tiene derecho a conocer si esas obligaciones se cumplieron y qué controles se realizaron posteriormente.

Sin embargo, todavía no está confirmado que Arenera Toma Nueva sea la empresa que interviene en los caminos denunciados actualmente en Bajada Grande. La identificación del responsable es indispensable para establecer si existe una relación entre ambos conflictos.

Pescadores exigen que las autoridades intervengan

Los pescadores y vecinos solicitaron que los medios de comunicación se acerquen a Bajada Grande para registrar lo que ocurre y escuchar a las personas afectadas. También reclamaron la intervención de las autoridades municipales y provinciales para determinar si los cierres cuentan con autorización y garantizar una solución.

El reclamo exige respuestas concretas: identificar a la empresa que realiza los trabajos, verificar los permisos, establecer el carácter público o privado de los caminos y determinar si existen derechos de paso que deban respetarse.

Si las intervenciones están restringiendo accesos públicos o impidiendo el ejercicio de derechos reconocidos, las autoridades deben actuar para evitar que los intereses particulares se impongan sobre las necesidades de la comunidad. Y si se trata de terrenos privados, corresponde esclarecer qué limitaciones legales existen y qué alternativas de circulación tienen los vecinos y trabajadores.

La costa del Paraná no puede convertirse en un territorio donde las familias que viven de la pesca deban enfrentar obstáculos cada vez que necesitan llegar al río. La actividad privada debe desarrollarse dentro de los límites legales y con los controles correspondientes, sin trasladar sus consecuencias a quienes dependen de ese espacio para subsistir.

En Bajada Grande, los pescadores piden algo concreto: que se escuche su reclamo, se investigue quién está cerrando los caminos y se garantice una solución. Mientras las autoridades no aclaren lo que sucede, las familias seguirán expuestas a la incertidumbre sobre el acceso al río y la continuidad de su trabajo.