
Chaco: comunidades Wichí reclaman ser escuchadas por la Justicia tras el retiro de una medida que garantizaba agua y alimentos
La Política Ambiental
Las comunidades Wichí de El Impenetrable chaqueño vuelven a reclamar respuestas ante la falta de acceso regular a recursos básicos. En ese contexto, la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, insistió ante la Justicia para que se realice una audiencia pública en Misión Nueva Pompeya y se escuche directamente a los caciques y representantes de los pueblos originarios. El pedido se presentó luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocara la medida cautelar que obligaba al Gobierno provincial a garantizar la provisión de agua y alimentos. Para la funcionaria, tras esa resolución desapareció el motivo que se había invocado para postergar el encuentro.
Un fallo que dejó sin efecto la obligación de garantizar agua y alimentos
El conflicto judicial comenzó en diciembre de 2024, cuando Gauna Wirz impulsó un amparo colectivo para reclamar asistencia urgente a las comunidades indígenas de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y distintos parajes de El Impenetrable.
En marzo de 2025, el juez Jorge Sinkovich ordenó al Gobierno provincial garantizar el suministro continuo, oportuno y adecuado de agua potable y alimentos. Frente a las denuncias por incumplimientos, el magistrado también estableció una multa diaria de aproximadamente 85,9 millones de pesos.
La Provincia apeló la decisión y la Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar y las sanciones económicas. Posteriormente, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia, que en octubre de 2026 rechazó el recurso presentado por la Defensora General Adjunta y mantuvo la decisión.
Uno de los aspectos cuestionados es que, pese a dejar sin efecto la obligación cautelar, el expediente contiene dificultades para acreditar que la asistencia estatal llegue de manera regular y suficiente a todas las comunidades.
Denuncias por falta de agua, alimentos y atención sanitaria
Las condiciones que atraviesan las comunidades ya habían quedado expuestas durante un acampe realizado en junio de 2026 en el acceso a Misión Nueva Pompeya. En aquella oportunidad, representantes Wichí reclamaron agua potable, alimentos y atención sanitaria, además de denunciar interrupciones en los programas de asistencia.
Durante su visita al lugar, Gauna Wirz recogió testimonios de familias que dependían de donaciones para alimentarse y que, ante la falta de agua segura, debían recurrir a charcos y lagunas para abastecerse.
También se denunciaron problemas en la distribución de los módulos alimentarios del programa Ñachec, con entregas interrumpidas durante meses, faltantes y dificultades para trasladar los recursos hasta los parajes por la falta de combustible.
Los testimonios describieron además problemas de salud, especialmente entre niños, que presentaban episodios de diarrea en un contexto de precariedad sanitaria y dificultades para acceder a agua en condiciones adecuadas.
La disputa por la representación de las comunidades indígenas
Otro de los puntos que atraviesa el conflicto es el papel que podría tener el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) en la representación de las comunidades dentro del proceso judicial.
El organismo tiene entre sus funciones intervenir en las políticas destinadas a los pueblos originarios y coordinar acciones con el Estado provincial. Sin embargo, existe preocupación entre los referentes indígenas por la posibilidad de que sus reclamos queden canalizados exclusivamente a través de esa institución, en lugar de permitir que los caciques y representantes de cada comunidad sean escuchados directamente.
La discusión también está atravesada por la relación institucional entre el IDACH y el Gobierno de Leandro Zdero, que mantiene vínculos políticos y administrativos con el organismo a través del Ministerio de Gobierno.
Desde la Defensoría sostienen que la participación directa de las comunidades es fundamental para conocer sus condiciones de vida y evitar que sus necesidades queden reducidas a informes elaborados por organismos estatales.
Informes cada 90 días, pero sin una medida cautelar vigente
Aunque el Superior Tribunal de Justicia no restableció la medida cautelar, estableció que el Gobierno provincial deberá presentar informes documentados cada 90 días sobre las acciones de asistencia realizadas.
Los documentos deberán detallar los operativos efectuados, las localidades y parajes alcanzados, las cantidades de agua y alimentos distribuidos, el número de familias beneficiarias y las prestaciones sanitarias brindadas.
La resolución también contempla la necesidad de verificar que los recursos efectivamente lleguen a sus destinatarios, una cuestión central frente a las denuncias de interrupciones y dificultades en la distribución.
En este escenario, Gauna Wirz insiste en que los caciques y representantes Wichí deben tener la posibilidad de hablar directamente ante la Justicia. El reclamo vuelve a poner en discusión la responsabilidad del Estado provincial frente a comunidades que llevan años denunciando dificultades para acceder al agua potable, los alimentos y la atención sanitaria.


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