Santiago del Estero: una familia campesina resiste un nuevo intento de desalojo mientras la Justicia vuelve a poner en riesgo sus tierras

La familia Medina Belizán vive y produce desde hace más de 30 años en 212 hectáreas del paraje El Urunday. Después de dos intentos de desalojo, el empresario Abel Parra pidió que se emita una nueva orden judicial. El MOCASE denuncia irregularidades en los expedientes, falta de garantías para la familia y complicidad estatal en un conflicto que sigue sin resolverse.
17/11/2026La Política AmbientalLa Política Ambiental

Retrato campesino con banderas y pancartas

Una familia campesina de Santiago del Estero podría volver a enfrentar un operativo de desalojo en las tierras donde vive y trabaja desde hace más de tres décadas. Se trata de Carlos Esteban Medina, Mirta Belizán y su familia, que ocupan un predio de 212 hectáreas en el paraje El Urunday, departamento Moreno, cerca del límite con Chaco. El conflicto se agravó nuevamente luego de que el empresario agropecuario Abel Ricardo Parra solicitara a la Justicia que libre una nueva orden para expulsarlos del lugar.

La familia ya sufrió dos intentos de desalojo, en 2022 y septiembre de 2026. En el último operativo, una oficial de Justicia se presentó acompañada por particulares, empleados vinculados al empresario, camiones y una topadora. La resistencia de los pobladores y la intervención de integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) impidieron que el procedimiento terminara con la expulsión de la familia.

Detrás de este caso hay dos expedientes judiciales, denuncias por notificaciones irregulares, cuestionamientos sobre quiénes fueron incluidos en los procesos y una familia que, según las organizaciones campesinas, nunca tuvo garantizado su derecho a defender la posesión que ejerce desde hace 30 años. Mientras tanto, el Gobierno provincial no ha dado una respuesta capaz de resolver el conflicto ni de garantizar que no se repita un nuevo operativo.

Una familia que lleva 30 años viviendo y produciendo en el territorio

Los Medina Belizán desarrollaron durante décadas una economía campesina en El Urunday. En esas tierras crían vacas, cabras, cerdos, gallinas, patos y pavos, además de mantener corrales, aguadas, cercos, un molino y otras instalaciones necesarias para la producción familiar. También aprovechan los frutos del monte y sostienen una forma de vida ligada al territorio.

El predio que ocupan tiene 212 hectáreas y se encuentra dentro de una superficie mayor que reclama Abel Ricardo Parra, empresario agropecuario de la zona de Charata, Chaco. Según la reconstrucción difundida por el MOCASE, Parra reclama un total de 513 hectáreas luego de adquirir derechos a herederos de un antiguo titular registral.

La disputa no se limita a determinar quién figura en los documentos de propiedad. El punto central es que la familia Medina Belizán sostiene que vive allí desde hace tres décadas, mientras que las actuaciones judiciales que podrían terminar con su expulsión se habrían tramitado sin incorporarla debidamente como parte del proceso.

Dos expedientes y denuncias por irregularidades judiciales

Uno de los procesos que aparece en el centro de la disputa es el expediente N.º 255.291, iniciado en 2004 bajo la carátula “Parra Abel Ricardo c/ Pieretti de Ríos María Elena s/ Reivindicación”. De acuerdo con la reconstrucción documental realizada por el MOCASE, el expediente permaneció inactivo entre 2013 y 2017 y posteriormente desapareció en 2022.

La organización sostiene que, después de que los abogados de Parra solicitaran su reconstrucción, el juez Macías dictó una sentencia en 2024 sin producir nuevas pruebas ni constatar quiénes vivían efectivamente en el terreno. La familia Medina Belizán no habría figurado como parte en esa causa, pese a que las actuaciones mencionaban a un antiguo cuidador del predio, de apellido Chávez, quien habría llevado a Carlos Medina a vivir allí hace aproximadamente 30 años.

Este punto resulta fundamental: si una sentencia puede terminar afectando la vivienda y la producción de una familia que no participó del juicio, la Justicia debe explicar cómo se garantizó su derecho a ser escuchada y a defender la posesión que ejerce desde hace décadas.

El expediente tampoco puede analizarse sin considerar el antecedente de 2022. En aquella oportunidad, otro proceso judicial terminó con una orden de desalojo contra Carlos Medina, impulsada por Guillermo Marcelino Ríos, hijo de María Elena Pieretti de Ríos, quien aparece como demandada en el expediente promovido por Parra.

Según el MOCASE, Ríos presentó dos convenios de comodato y desocupación firmados en 2019. Medina sostuvo que firmó esos documentos bajo engaño, porque le habían dicho que servirían para detener el hostigamiento que sufría por parte del empresario. La organización también señaló que el campesino tiene dificultades severas para leer, cursó hasta segundo grado y presenta una discapacidad visual parcial, condiciones que posteriormente fueron respaldadas por informes médicos y psicopedagógicos.

A pesar de esas circunstancias, el juzgado lo declaró en rebeldía en diciembre de 2021 y ordenó el desalojo en marzo de 2022. Las cédulas de notificación supuestamente diligenciadas llevaban la firma del juez de paz de Roversi, Alfredo Pestoni, a quien las organizaciones señalan como yerno de Ríos.

También cuestionaron que el tribunal no hubiera ordenado un informe socioambiental ni dado intervención a organismos de protección de derechos, pese a que en la vivienda residían menores de edad. En ese momento, el Comité de Emergencias provincial llegó a presentarse en el lugar y constató las condiciones de vida de la familia. Según la reconstrucción del MOCASE, ese organismo también solicitó que se suspendiera el desalojo.

La topadora volvió en septiembre y la familia logró resistir

El 9 de septiembre de 2026, la oficial de Justicia Roxana Cejas se presentó nuevamente en El Urunday para ejecutar una orden de lanzamiento emitida en octubre de 2025. Según los testimonios difundidos por la familia y el MOCASE, el operativo incluyó particulares, personas vinculadas al empresario, un camión y una topadora.

Mirta Belizán relató que se encontraba junto a su esposo y uno de sus hijos en el corral de las cabras cuando llegaron los vehículos. La familia aseguró que no había recibido notificación previa del procedimiento y que, mientras intentaban entender qué estaba ocurriendo, parte de sus pertenencias comenzó a ser cargada en el camión.

La situación tuvo un episodio especialmente grave cuando Mirta, que depende de insulina, no encontraba su medicación porque había quedado entre los objetos trasladados. Según su testimonio, tuvo que insistir para que la buscaran y finalmente fue encontrada dentro del camión.

La mujer también denunció que la oficial de Justicia les advirtió que, si el operativo no se concretaba ese día, podrían regresar otras personas para sacarlos por la fuerza. La familia interpretó esas expresiones como amenazas e intimidación.

La llegada de vecinos y de integrantes del MOCASE permitió frenar el procedimiento. Las pertenencias fueron descargadas y la familia pudo permanecer en su vivienda. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia que una orden judicial podía terminar con una topadora frente a una casa campesina, sin que se hubiera resuelto previamente la controversia sobre la ocupación histórica del terreno.

Después del desalojo, la causa penal contra la familia y sus acompañantes

El conflicto también tuvo consecuencias penales para quienes acompañaron a los Medina Belizán durante el primer intento de desalojo.

En septiembre de 2025, la Unidad de Tierras del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero impulsó la elevación a juicio oral de una causa por presunta usurpación por despojo y desobediencia a la autoridad contra cinco integrantes de la familia y cuatro referentes del MOCASE: Deolinda Carrizo, Rodolfo Basualdo, Fabián Orellana y Marisol Aguirre.

Entre las personas alcanzadas por esa causa se encontraba Carrizo, quien al momento de los hechos se desempeñaba como directora de Género y Diversidad de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fabián Orellana, por su parte, integraba el Consejo de Participación Indígena en representación del pueblo Guaycurú.

La situación plantea un fuerte contraste: mientras la familia denuncia que no pudo defenderse adecuadamente en los procesos que amenazan con quitarle su territorio, quienes se acercaron para acompañarla terminaron enfrentando una causa penal.

La intervención de organizaciones campesinas y referentes territoriales no puede analizarse automáticamente como una conducta delictiva. Su participación se produjo en el contexto de un conflicto por la tierra y de un procedimiento de desalojo que estaba siendo cuestionado. La Justicia debe esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso, en lugar de convertir la defensa de una familia en un motivo para profundizar su vulnerabilidad.

Un nuevo desalojo en trámite y una denuncia que sigue sin respuesta

El conflicto está lejos de terminar. Según la información difundida por las organizaciones, la representación legal de Abel Parra solicitó al juzgado que libre un nuevo oficio de desalojo. Mientras tanto, continúa en trámite la acción autónoma de nulidad presentada para cuestionar el procedimiento judicial anterior.

El MOCASE reclama que se suspenda cualquier nueva medida de fuerza hasta que los tribunales resuelvan esa presentación y garanticen a la familia un proceso justo, que contemple la posesión que ejerce desde hace 30 años.

En paralelo, el Área de Violencia Institucional tramita una denuncia penal por el accionar de la oficial de Justicia durante el operativo del 9 de septiembre. La organización también había denunciado amenazas y situaciones de intimidación durante el procedimiento.

Hay, además, un dato que expone la desigualdad con la que se desarrolla el conflicto. Mirta Belizán se trasladó hasta Quimilí para denunciar las amenazas y el accionar de quienes participaron del operativo. Según el MOCASE, nueve días después de aquella presentación todavía no había recibido novedades sobre su denuncia. En cambio, la familia sí recibió una notificación de una denuncia en su contra y medidas de prohibición de contacto y acercamiento respecto de Parra.

Si estos hechos se confirman, la diferencia en la respuesta institucional merece una explicación. ¿Por qué las denuncias de una familia que afirma haber sido amenazada no avanzan con la misma rapidez que las actuaciones impulsadas contra ella? La Justicia tiene la obligación de investigar todas las presentaciones con la misma seriedad, sin que la posición económica o el poder de los involucrados determine qué reclamos reciben atención.

El Gobierno provincial también tiene responsabilidades

El caso de El Urunday vuelve a exponer la falta de una política efectiva para resolver los conflictos de tierras que atraviesan a las familias campesinas de Santiago del Estero. No alcanza con que el Gobierno provincial intervenga cuando un desalojo está a punto de ejecutarse o cuando las organizaciones logran visibilizar una situación de violencia.

La provincia cuenta desde 2011 con la Ley 7.054, que creó la Mesa de Diálogo por la Tierra y la Producción para abordar las disputas territoriales y las demandas de las organizaciones campesinas. Sin embargo, el reclamo por reactivar ese espacio muestra que su existencia formal no se tradujo en una solución duradera para numerosos conflictos.

De hecho, investigaciones académicas sobre esa política pública señalaron que sus resultados fueron limitados y que las disputas territoriales continuaron vigentes. La falta de diálogo efectivo y de respuestas coordinadas entre los organismos estatales deja a las familias expuestas a procesos judiciales prolongados, amenazas y posibles expulsiones.

El Gobierno de Santiago del Estero debe explicar qué intervención realizó para proteger a la familia Medina Belizán, qué seguimiento dio a las denuncias presentadas y por qué no existe una respuesta institucional capaz de evitar que el conflicto vuelva a terminar frente a una topadora. La cuestión no puede quedar reducida a un expediente entre particulares cuando están en juego una vivienda, una economía familiar y décadas de ocupación del territorio.

La disputa por la tierra también es una disputa por el modelo de campo

El Urunday forma parte de una problemática histórica de Santiago del Estero, donde la expansión de la frontera agropecuaria y la concentración de tierras conviven con situaciones de tenencia precaria y conflictos entre empresarios, familias campesinas y comunidades indígenas.

En muchos de esos territorios, las familias producen alimentos, crían animales y aprovechan los recursos del monte desde hace generaciones, pero no siempre cuentan con títulos de propiedad formalizados. Esa situación las coloca en una posición de vulnerabilidad frente a quienes adquieren derechos sobre grandes superficies y recurren a la Justicia para reclamar su restitución.

Un estudio sobre los conflictos territoriales en la provincia ya había advertido que la falta de límites definidos en numerosas explotaciones rurales constituye un factor de vulnerabilidad para el campesinado. La disputa de El Urunday muestra cómo esa desigualdad puede convertirse en una amenaza concreta: una familia que vive y trabaja en un lugar durante décadas puede terminar enfrentando un desalojo sin haber tenido una participación efectiva en el proceso judicial que lo ordena.

Por eso, el caso no se resuelve solamente con determinar quién reclama la titularidad de las hectáreas. También exige revisar cómo se tramitaron los expedientes, qué garantías tuvo la familia, qué responsabilidad corresponde a los funcionarios que intervinieron y qué medidas adoptará el Estado para evitar una nueva expulsión.

Los Medina Belizán siguen resistiendo en El Urunday, pero la amenaza de un nuevo desalojo continúa vigente. Después de 30 años de vida y trabajo en esas tierras, la familia todavía debe organizarse junto a vecinos y organizaciones campesinas para defender su vivienda y su producción.

La pregunta que queda para la Justicia y el Gobierno provincial es por qué una familia que lleva décadas habitando un territorio debe seguir enfrentando el riesgo de perderlo sin que se hayan esclarecido las denuncias sobre las irregularidades de los procedimientos anteriores. Mientras no haya una respuesta, el conflicto seguirá abierto y la posibilidad de que la topadora vuelva a presentarse continuará pesando sobre la vida de los Medina Belizán.

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