
Milei habilita a empresas extranjeras a competir como proveedoras locales de la minería por el RIGI y crece el malestar entre las empresas argentinas
La Política Ambiental
El Gobierno de Javier Milei habilitó a empresas controladas por capitales extranjeros a competir como proveedoras locales de los grandes proyectos mineros que ingresen al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1366/2026, publicado el lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial, y generó malestar entre los proveedores nacionales, que ahora deberán disputar contratos con filiales de multinacionales que cuentan con mayor respaldo financiero y capacidad para operar en distintos países.
La modificación eliminó una condición que hasta ahora limitaba el acceso de las sociedades controladas desde el exterior: la exigencia de que al menos el 51% del capital o de los votos estuviera en manos de titulares locales. Desde ahora, alcanza con que una empresa esté constituida y domiciliada en Argentina, sin importar quiénes sean sus accionistas ni quién controle su capital.
El cambio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ya había aparecido durante el tratamiento de la Ley Bases en 2024. En aquel momento, gobernadores de las principales provincias mineras presionaron para que se aprobara el RIGI, legisladores de distintos espacios políticos lo acompañaron y las cámaras empresarias del sector también respaldaron el régimen. Todo esto ocurrió mientras se advertía que sus beneficios podían dejar en desventaja a las pequeñas y medianas empresas argentinas.
Ahora, quienes defendieron el RIGI en nombre de las inversiones y el desarrollo minero deben enfrentar una de sus consecuencias: las empresas nacionales tendrán que competir por los contratos con compañías extranjeras que podrán presentarse bajo la misma categoría de proveedoras locales.
Qué cambió Milei y cómo podrán competir las empresas extranjeras
El Decreto 1366/2026 modificó el artículo 3 del Anexo I del Decreto 749/2024, que reglamenta el RIGI. La nueva definición establece que podrán ser consideradas proveedoras locales las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina que suministren bienes u obras a los proyectos adheridos al régimen.
La diferencia es que ya no importa si el capital pertenece a empresarios argentinos o a compañías extranjeras. Una multinacional podrá constituir una sociedad en el país y, si cumple con las condiciones previstas, competir como proveedora local de los grandes proyectos mineros.
La medida alcanza a una cadena de actividades que incluye ingeniería, construcción, mantenimiento, logística, tecnología y provisión de equipamiento. Son rubros que pueden concentrar contratos millonarios durante las etapas de construcción y operación de los emprendimientos.
El decreto mantiene los criterios de origen nacional establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur para los bienes. Por lo tanto, que una sociedad extranjera sea considerada proveedora local no significa que cualquier producto importado pase automáticamente a ser nacional. Sin embargo, el cambio permite que una empresa controlada desde el exterior pueda integrar la categoría de proveedores locales, especialmente en la prestación de servicios.
El Gobierno justificó la modificación con el argumento de que busca ampliar la cantidad de empresas radicadas en el país que puedan participar de las cadenas de suministro. Pero el criterio elegido deja de lado el origen del capital y, con ello, elimina una diferencia que protegía a las compañías argentinas frente a las filiales de grandes grupos internacionales.
El 20% de las compras locales también podrá quedar en manos de empresas extranjeras
Uno de los puntos centrales del RIGI es el compromiso de contratación de proveedores locales. Los proyectos deben destinar al menos el 20% del monto previsto para la contratación de bienes y obras a proveedores locales, siempre que exista oferta disponible y que los precios y la calidad estén en condiciones de mercado.
Ese porcentaje no fue modificado por el nuevo decreto. Lo que cambió es quiénes pueden ser considerados proveedores locales y, por lo tanto, competir por esos contratos.
Hasta ahora, la exigencia de mayoría de capital argentino funcionaba como una limitación para las sociedades controladas por compañías extranjeras. Con la nueva reglamentación, una filial de una multinacional constituida y domiciliada en el país podrá ser incluida dentro de ese porcentaje.
En la práctica, el cupo que se presentó como una herramienta para impulsar la participación de proveedores locales ya no garantiza que esos contratos queden en manos de empresas de capital argentino. Las pequeñas y medianas compañías nacionales deberán competir con firmas que pueden contar con mayor respaldo financiero, tecnología, escala de producción y experiencia internacional.
El Gobierno amplía así las posibilidades de participación de empresas radicadas en el país, pero no establece una reserva específica para las compañías nacionales ni garantiza que el crecimiento de la minería se traduzca en un fortalecimiento de la industria argentina.
Los gobernadores mineros impulsaron el RIGI y prometieron trabajo para los proveedores nacionales
La responsabilidad política por el escenario actual no comienza con el decreto de noviembre de 2026. Durante el debate de la Ley Bases, los gobernadores de las principales provincias mineras se organizaron para impulsar la aprobación del régimen y defendieron públicamente la llegada de grandes inversiones internacionales.
El 23 de mayo de 2024, los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; San Juan, Marcelo Orrego; Salta, Gustavo Sáenz; Jujuy, Carlos Sadir; y Mendoza, Alfredo Cornejo conformaron la Mesa Interprovincial del Cobre. La creación de ese espacio tuvo un objetivo político concreto: coordinar acciones para impulsar la actividad minera y reclamarle al Congreso que aprobara el RIGI.
En el documento que difundieron, los gobernadores hablaron de defender los recursos naturales de las provincias y generar empleo y desarrollo. Incluso mencionaron expresamente la necesidad de integrar a los proveedores nacionales y maximizar la creación de empleo local.
Sin embargo, el respaldo al régimen no estuvo acompañado por una exigencia equivalente para garantizar que las empresas argentinas tuvieran una participación protegida en los contratos. Los mandatarios reclamaron beneficios y condiciones para atraer inversiones, pero no consiguieron incorporar una reserva que impidiera que las filiales de multinacionales compitieran dentro del cupo de proveedores locales.
Raúl Jalil fue uno de los impulsores de esa posición. En mayo de 2024 defendió la necesidad de aprobar el RIGI para que avanzaran los proyectos mineros de Catamarca. Su postura contrastó con las advertencias que ya realizaba la entonces senadora nacional Lucía Corpacci, de su mismo espacio político, sobre las consecuencias que podía tener el régimen para las empresas y los trabajadores de la provincia.
Hoy, con el cambio reglamentario, los gobernadores que prometieron integrar a los proveedores nacionales deben explicar qué herramientas dejaron previstas para que las empresas de sus provincias no queden relegadas frente a las multinacionales.
Las advertencias estuvieron en el Congreso, pero el RIGI fue aprobado
El riesgo para las empresas nacionales no era desconocido cuando se debatió la Ley Bases. Durante las reuniones en comisión y las sesiones parlamentarias hubo legisladores que advirtieron sobre los beneficios que recibirían las grandes compañías, la falta de exigencias para desarrollar la industria local y las dificultades que tendrían las pymes para competir.

Una de las intervenciones más claras fue la de Lucía Corpacci durante el debate en el Senado, el 9 de mayo de 2024. La legisladora catamarqueña cuestionó que el RIGI pudiera afectar el trabajo que la provincia venía realizando para desarrollar sus propios proveedores y fortalecer la industria local.
«Hemos trabajado muchísimo para que el recurso humano tenga que ser nuestro, para el desarrollo de nuestra industria local, para el desarrollo de nuestros proveedores locales, y esta ley nos ata de manos y pie. Es imposible apoyarla así como está», sostuvo.
Corpacci también advirtió que el régimen otorgaba beneficios a las grandes empresas mientras las pymes locales seguían enfrentando dificultades, y cuestionó que las provincias perdieran herramientas para exigir que parte de la producción y del trabajo quedara en sus territorios.
La advertencia era clara: atraer inversiones no significaba necesariamente desarrollar empresas argentinas ni garantizar que las provincias productoras se quedaran con una parte importante de la actividad económica.
En el Senado también hubo cuestionamientos de Martín Lousteau, quien puso en duda la cantidad de beneficios que se otorgaban a las grandes inversiones y advirtió sobre la desventaja en la que podían quedar los proveedores nacionales frente a las importaciones. El legislador planteó que el régimen podía beneficiar a empresas que igualmente estaban dispuestas a invertir en el país.
Pese a esas advertencias, el RIGI terminó aprobado en el Senado el 12 de junio de 2024 por 38 votos afirmativos y 32 negativos. Entre quienes lo acompañaron estuvieron Guillermo Andrada, de Catamarca, y Carolina Moisés, de Jujuy, ambos integrantes de Unión por la Patria. Corpacci, en cambio, votó en contra.
En Diputados también hubo una situación particular en Catamarca: Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega votaron a favor del capítulo del RIGI, aunque habían rechazado la Ley Bases en general. La posición de los legisladores coincidió con el pedido que había realizado el gobernador Jalil para que se aprobara el régimen.
El Congreso incorporó modificaciones durante el tratamiento parlamentario, pero no estableció una protección que reservara el cupo de proveedores locales para empresas de capital argentino. Esa omisión es central para entender por qué la nueva reglamentación puede generar este conflicto.
Las cámaras mineras y los proveedores también respaldaron el régimen
La responsabilidad por el escenario actual tampoco se limita al Gobierno y a los gobernadores. Una parte importante del sector empresario minero y proveedor respaldó públicamente el RIGI cuando todavía se discutía en el Congreso.
El 14 de mayo de 2024, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) expresó su apoyo al régimen para la actividad minera. En un comunicado sostuvo que Argentina necesitaba un sistema de incentivos para que los proyectos existentes y nuevos pudieran desarrollarse.
La entidad afirmó que los proveedores mineros estaban presentes en todo el país y tenían capacidad para cumplir con los estándares de calidad que exigía la industria. También sostuvo: «Sin desarrollo minero no hay ningún encadenamiento industrial y de servicios posible. Es por esto que consideramos imprescindible la aprobación del RIGI».
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) también respaldó la iniciativa y sostuvo que los grandes proyectos podían impulsar el crecimiento económico y laboral, además de ampliar la cadena de valor de la actividad.
El argumento de las cámaras era que la llegada de nuevas inversiones permitiría ampliar el mercado para las empresas proveedoras argentinas. Pero el régimen no estableció una reserva de contratos para las compañías nacionales y ahora el Gobierno amplió todavía más el universo de empresas que pueden competir por esos negocios.
La contradicción es evidente: parte del sector empresario que defendió la aprobación del RIGI ahora enfrenta un escenario en el que las empresas argentinas deberán disputar contratos con filiales de multinacionales. Si consideraban indispensable proteger a los proveedores nacionales, tenían la posibilidad de exigir garantías más firmes durante el debate legislativo, antes de que el régimen fuera aprobado.
Milei puede perder aliados clave para eliminar las PASO por su decisión sobre los proveedores mineros
La decisión también puede abrir un conflicto político en un momento delicado para el Gobierno nacional. Javier Milei necesita el respaldo de los gobernadores de las provincias mineras y del norte para avanzar con la suspensión de las PASO de 2027, una iniciativa que todavía requiere acuerdos en el Senado. El encargado de reunir esos apoyos es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene negociaciones con los mandatarios y busca compromisos que permitan trasladar los acuerdos provinciales a los votos de sus legisladores.
Entre los gobernadores que pueden resultar determinantes están Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), además de Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy). Varios de ellos respaldaron el RIGI y ahora pueden quedar expuestos al malestar de las empresas de sus provincias, que ven cómo el Gobierno modifica las condiciones para competir por los contratos mineros. La tensión podría trasladarse a las negociaciones políticas que Santilli intenta cerrar: Milei necesita esos aliados para conseguir los votos que le faltan, pero su decisión sobre los proveedores puede debilitar los compromisos de desarrollo local que los gobernadores defendieron ante sus propias empresas.
El riesgo para la Casa Rosada es que una medida presentada como una apertura para atraer inversiones termine generando resistencia entre los mismos gobernadores que necesita para avanzar con su agenda legislativa. Si el reclamo de los proveedores mineros escala y se convierte en una disputa política entre las provincias y Nación, Santilli podría encontrar más dificultades para cerrar los acuerdos que Milei necesita para suspender las PASO.
Milei, los gobernadores y el sector minero: una responsabilidad que no pueden esquivar
La nueva reglamentación es una decisión del Gobierno de Milei, que eligió eliminar el requisito de mayoría de capital argentino para ampliar la categoría de proveedores locales. La responsabilidad directa por el decreto corresponde al Poder Ejecutivo nacional.
Pero el escenario también tiene responsables políticos y empresariales que contribuyeron a construirlo. Los gobernadores de las provincias mineras presionaron para que el RIGI fuera aprobado; legisladores de distintos espacios lo acompañaron; y las cámaras empresarias mineras y proveedoras defendieron su implementación.
No todos tuvieron la misma posición. Hubo legisladores que votaron en contra y advirtieron sobre los riesgos para las empresas nacionales, como Lucía Corpacci. También hubo cuestionamientos de otros representantes durante el debate. Por eso, no corresponde atribuir la misma responsabilidad a todo el arco político. Pero sí señalar a quienes impulsaron y respaldaron el régimen sin conseguir que se incorporaran garantías suficientes para proteger a los proveedores argentinos.
Los gobernadores que hoy reclaman desarrollo para sus provincias también deben responder por haber priorizado la aprobación del RIGI sin asegurar una participación efectiva de las empresas locales. Y las cámaras empresarias que ahora expresan preocupación deben explicar por qué respaldaron una norma que no reservó el cupo de contratación para las compañías de capital nacional.
La complicidad política de quienes impulsaron y aprobaron el régimen está en haber aceptado esas condiciones pese a las advertencias que se hicieron en el Congreso. No pueden presentarse ahora como sorprendidos por un escenario que tenía riesgos conocidos desde el comienzo.
El Gobierno ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios para atraer inversiones internacionales, pero no establece garantías equivalentes para que las empresas argentinas participen en igualdad de condiciones. La modificación vuelve a mostrar cuáles son las prioridades del modelo minero que impulsa Milei: facilitar la llegada de grandes capitales, incluso cuando eso significa ampliar la competencia para los proveedores nacionales.
La minería puede multiplicar las exportaciones y generar inversiones millonarias, pero eso no significa automáticamente que las provincias productoras desarrollen su industria, que sus empresas accedan a los contratos o que una parte importante del valor generado permanezca en el país.
Después de haber impulsado y respaldado el RIGI, Milei, los gobernadores y las cámaras empresarias no pueden limitarse a expresar preocupación. También deben hacerse cargo de las condiciones que aceptaron y de las consecuencias que hoy enfrentan los proveedores argentinos.


Buenos Aires: preocupación en Ingeniero Maschwitz por una planta de 44 contenedores con baterías de litio de Genneia

CABA: otra muerte por asbesto en el subte y un paro para reclamar prevención y medidas urgentes

Vaca Muerta solo derrama petróleo: pese a la producción récord, colapsan los hospitales y falta gas en las provincias

Catamarca: una mujer murió durante el temporal y la crecida de los ríos dejó aislada a una localidad

El Paraná avanza sobre el Litoral: hay más de 4.500 evacuados y varias localidades están en riesgo



